Las medidas contra el aborto impulsadas por el Gobierno de Castilla y León no son exclusivas del Estado. Y es que la propuesta de momento fantasma anunciada por el burgalés Juan García-Gallardo, sigue el modelo puesto en marcha por la derecha internacional, con su ejemplo más tangible en Hungría, donde gobierna el partido ultraderechista de Viktor Orbán.
Una formación que hizo obligatorio desde mediados de septiembre que las mujeres escuchen el latido del corazón del feto antes de abortar.
Según el decreto, la mujer debe certificar, mediante un documento, que su médico le proporcionó “la indicación de los signos vitales del feto de una forma claramente identificable”.
En Hungría la ley del aborto vigente desde 1992 determina que se puede optar por el aborto hasta la semana 12 de la gestación, prolongando en casos extraordinarios hasta la semana 24, y en caso de una patología en el feto incompatible con la vida, o si peligra la vida de la madre, el aborto es asimismo posible en un momento más tardío del embarazo.
Pero las medidas antiaborto mencionadas no son los únicos casos alrededor del mundo. Y es que los partidos ultraconservadores tratan de dar pasos atrás entorno a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel internacional.
Es el caso, por ejemplo, de Polonia, que eliminó en 2020 la opción que antes existía de abortar en caso de malformación fetal, eliminando casi completamente la posibilidad de interrumpir el embarazo.
Otro de los casos más sonados, y que ha provocada una gran oleada de protestas en el país ha sido Estados Unidos, el aborto ha dejado de estar protegido a nivel federal y hay muchos estados como Texas y Misuri donde ya es ilegal interrumpir el embarazo bajo cualquier supuesto.
Sin embargo, en países como Brasil, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva revocó la normativa del ultraderechista Jair Bolsonaro que obligaba a los médicos y hospitales a notificar a la Policía los abortos por violación.