"“El modelo penitenciario vasco es para todos los delitos, no solo para los de ETA”"

¿Cómo se deben abordar las cuestiones judiciales pendientes tras el fin de ETA? Hay quien plantea que hay que hacer tabla rasa y dejar de investigar o incluso no juzgar los asuntos pendientes…

Respecto a procedimientos judiciales por hechos que se produjeron, me parece que forman parte de la justicia victimal, que no puede estructurarse respecto al olvido sino al reconocimiento de lo que ocurrió y de quién fue el causante de lo que ocurrió. Es decir, seguir investigando respecto a procesos no proscritos forma parte de la justicia victimal y tienen que seguir adelante.

¿Ha cambiado algo para bien o para mal que la CAV asumiera la gestión de las prisiones?

El modelo penitenciario vasco es para todos los delitos, no solo para los de ETA. Apuesta por un fin constitucional, que es la reinserción y la reincorporación comunitaria sin riesgo de reincidencia. Ahí tiene todo el sentido que se establezcan políticas públicas en el ámbito penitenciario que tratan de facilitar el tercer grado o la libertad condicional. Evidentemente, cumpliendo siempre los requisitos.

Ese es el principio básico, pero la realidad nos muestra que estas decisiones se llevan a los tribunales y volvemos a ver, de nuevo, que en función de quién decida se determina una cosa u otra.

Que hay decisiones que se han llevado a los tribunales está ahí. Que algunas han convalidado las resoluciones de la administración penitenciaria y otras no, también. Eso forma parte de la lógica de funcionamiento. O sea, que se trata de valoración de los casos concretos. Hay casos en que la persona había llevado a cabo una conducta de responsabilización e incluso de restauración en lo posible del daño causado y hay otros casos en que no es así. La diferencia no está en el marco legal.

Sin embargo, se reclama que todos los casos sean tratados del mismo modo, es decir, que no haya excepcionalidad.

Yo lo que sé es que existe una legislación penitenciaria. La persona que dice que hay que tratar todos los casos igual parte de la premisa de que todos los casos son iguales. Y es que quizá no todos los casos son iguales.

Ya, pero volvemos a lo que hemos comentado varias veces en la entrevista: quien determina eso al final es una persona que tiene una ideología.

La mejor forma de neutralizar la sensación que puede tener alguien de que la ideología influye es analizar las razones que justifican cada decisión. La motivación es la clave de todo. Vamos a analizar las razones. No vamos a hablar en general.

¿Comprende la polémica por la ley sobre antecedentes penales que acortará las penas a más de 50 presos de ETA?

Diferenciaría dos cuestiones. Una, el procedimiento en la toma de decisiones. Hay que respetar el espacio de las víctimas en el procedimiento de la toma de decisiones incluso legislativas, y ahí la transparencia es importante porque se puede generar un daño innecesario. Ahora bien, sobre el fondo, estamos ante una decisión que se fundamenta en nuestra pertenencia a la Unión Europea. Por tanto, en el reconocimiento de que nuestras decisiones valen los mismo que las de un tribunal alemán, italiano, francés… o de otro estado de la UE. Habrá que determinar si se cumplen los requisitos que justifican la acumulación. ¿Todas las sentencias dictadas, por ejemplo, en Francia podían haber sido dictadas en España con el mismo criterio? Si la respuesta es sí, hay que hacerlo. Si la respuesta es no, pues no.

Eso, entonces, habrá que dirimirlo caso a caso. Es decir, que los números de beneficiados que hemos visto en los titulares son matizables.

Quien ha puesto esas cifras tendrá que responder. Ahora llega el momento de ver si las penas son acumulables o no. Por poner un ejemplo, si el hecho ocurrido en Francia fue posterior a una sentencia dictada en España, no es acumulable. Hay que verlo. Yo no hecho un análisis de esos caso para saber si todos cumplen los requisitos para la reducción de penas.

¿Le preocupa el descrédito de la justicia, ya no en el ámbito político sino en la calle?

Me ocupa. Y me ocupa mucho porque nuestra legitimación de ejercicio viene dada por la confianza de los ciudadanos. La desconfianza va minando nuestra legitimidad de ejercicio. Eso no es bueno ni para el sistema de justicia ni para el sistema democrático.

¿Hay forma de frenarlo o darle la vuelta?

Tenemos que separar lo partidista de los institucional. Dejemos a las instituciones al margen del discurso partidista. Garanticemos el máximo nivel de institucionalización y de transparencia en la política de nombramientos. Si la imagen es de partidismo, de presencia de los partidos en los nombramientos, a pesar de que eso no influya en el día a día, la imagen global resulta dañada.

Lo del partidismo es tan inevitable como que vemos cómo jueces que han estado en gobiernos o en política vuelven a los tribunales y se ocupan de casos sensible con cariz político.

Por eso ha cambiado la ley. La última ley ha cambiado en ese punto para quien ejerza la actividad política no vuelva directamente a la jurisdicción, precisamente para evitar las puertas giratorias y para no dañar la imagen de la justicia. Porque, al final, es la apariencia de imparcialidad. La confianza se basa en la apariencia.