A Pedro Sánchez no le va a ser suficiente con alentar el dique de contención a la ultraderecha para ganarse el favor de sus tradicionales socios y de aquellos otros, “que se alejaron o que están en las antípodas”, a los que también quiere seducir. El precio de la investidura se ha encarecido y le obligará a pisar el acelerador en asuntos que su partido, sin rehuir del todo, ha preferido siempre dejar aparcados. Principalmente, la reforma del modelo territorial, alentada de nuevo desde Euskadi y Catalunya como forma de ensamblar un apoyo que garantice continuidad y estabilidad en un próximo Ejecutivo al bloque de progreso. “El reconocimiento de la realidad nacional vasca y de la catalana constituye la base para abordar el debate sobre el modelo de Estado”, ha puesto sobre la mesa el PNV como reflexión, lo que ha obligado a Moncloa a moverse, al menos dialécticamente, y mostrar su disposición a “explorar vías constitucionales” en este proceso pero sin que de momento se avisten cuáles. El emplazamiento nacionalista va más allá del tono enfático y empuja a la otra parte a entrar de lleno sin remisión.
“El PNV aspira a un modelo territorial distinto al que tiene España. Pero creo que en el margen constitucional que tenemos hay muchos elementos que podemos seguir explorando y sobre todo reforzando la coordinación de políticas para que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan derecho a recibir servicios de calidad”, se limitó a puntualizar la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero, que ayer martes prefirió centrar el debate en meter el bisturí en el sistema de financiación autonómica, encontrando de inmediato la réplica del president Pere Aragonès, que se negó a entrar al trapo si esa estrategia iba a consistir en una negociación multilateral entre todas las comunidades. Como punto de partida para empezar a conversar, el republicano le echó el alto: no bastará si se sigue negando el derecho a decidir a la ciudadanía catalana.
Las precisiones sobre la contraoferta se conocerán a partir de los contactos que Sánchez y su equipo, con Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y Montero a la cabeza, retomarán a partir del día 17, una vez se constituya la mesa del Congreso. Pero como reseñó el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, en una entrevista a El País, “Pedro Sánchez necesita a los catalanes y a los vascos. Eso exige un acuerdo sobre el modelo territorial. No digo que acepte el 100% de nuestras peticiones, pero tiene que abrir ese melón”. De paso, le recordó al socialista: “Fuimos el primer partido que le apoyó hace cuatro años, con un acuerdo bien armado y con más sombras que luces en su cumplimiento. Que nos diga qué quiere hacer. Que hable claro”. Más aún cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido epistolarmente a Sánchez para tratar de orillar expresamente a los grupos nacionalistas y soberanistas, a los que no considera partidos “de Estado”, en aras de configurar un gobierno “estable”.
Los socios del bloque de investidura tienen claro esta vez que la mayoría parlamentaria que anhela el líder del PSOE, a partir de esa mayoría social gestada en las urnas y de la que saca pecho, pasa por un pacto territorial, un nuevo modelo de Estado para una o dos décadas. Y quizás ahí Sánchez esté diseñando ya su propio plan. Y es que esa necesidad de avanzar en reformas territoriales parece situar al expresident de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, como pieza de futuro en el tablero y eleva sus opciones de ser ministro. Él mismo reconoce que las elecciones del 23-J han abierto “una oportunidad política de sincerarse con la realidad española”. La llamada “España plural” fue, además, uno de los ejes teóricos del Gobierno del Botànic, con un diseño de país menos radial que abría la opción a un derecho civil diferenciado. De los barones socialistas es probablemente el único que se ha comprometido con esta reforma. Su Consell llegó a aprobar una propuesta de cambios constitucionales en la línea que ahora se vislumbra. Cuenta a su vez con comunicación fluida con el jefe de filas de los socialistas catalanes, Salvador Illa, con representantes de Esquerra, veteranos del nacionalismo catalán y vasco, e incluso antes del procés trató a Carles Puigdemont con buena sintonía. El líder del PSPV rechazó esta hipótesis de ministrable siempre que se le planteó cuando aún ocupaba el Palau, pero en su entorno hoy no descartan esta vía que podría llevarle a sentarse en un ministerio como Política Territorial o Industria. Por no hablar de la deuda moral de Sánchez con los dirigentes autonómicos de su partido que cayeron en desgracia el 28-M y que afearon a Ferraz haberse implicado poco.
También el secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha recogido el guante de la demanda territorial apostando por reformar la Carta Magna e ir hacia “un modelo federal que se ajuste más a la situación territorial que se vive” en el Estado. “Todos debemos ser conscientes de que tenemos una Constitución que no va a permitir hacer nada de lo que van a exigir alguno de los partidos nacionalistas. Es mucho mejor vivir juntos, con un modelo territorial que permita vivir en concordia”, argumentó recientemente en Onda Vasca, aunque reprochaba a las fuerzas nacionalistas “haber cerrado la puerta” cuando, a su parecer, ha existido la oportunidad. Habrá que estar pendientes también del poder que tenga Sumar para remar en esta dirección. Ya a finales de 2021, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, trabajó de la mano de los comunes en una propuesta propia para llevar a las primeras reuniones de la mesa de diálogo una oferta que abordaba también el modelo territorial y que le fue trasladada a Sánchez.