Se esperaba tensión en la junta de accionistas del Montepío del Igualatorio de ayer, pero las previsiones se vieron desbordadas. La votación, en la que solo participó finalmente el sector afín a la dirección actual de la EPSV por las acusaciones de pucherazo de la corriente que impulsa la entrada en el accionariado de Adeslas, supuso un portazo al acceso de la presidenta de IMQ, Beatriz Astigarraga, a la junta de gobierno también para asumir su presidencia. El equipo de Astigarraga anunció que impugnará los acuerdos de la junta y se reserva la posibilidad de pedir responsabilidades legales a la dirección del fondo de pensiones.
Antes del inicio de la asamblea ya se vivieron los primeros roces –por no utilizar términos más gruesos– tras la decisión del consejo de no admitir delegaciones de última hora –el plazo concluía el viernes a las 16.00 horas tras una ampliación de cinco horas– y sobre todo por la anulación de 39 cesiones de voto que no correspondían la firma con el asociado.
El presidente del consejo, José María Castaños, aseguró que esa circunstancia afectó también a votos que él mismo había presentado, pero no se hizo público un listado antes de las votaciones y el sector de Astigarraga pidió que no se votara hasta conocer qué accionistas se quedaban fuera. El presidente decidió seguir con la junta. Fuentes del Montepío trasladaron a este diario que de esas 39 delegaciones anuladas, 22 habían sido presentadas por el equipo de Astigarraga y 17 estaban en la órbita de Castaños. El tijeretazo afectó por tanto a las dos partes.
Tras airadas protestas y acusaciones de "irregularidades" y "manipulación" –un accionista llegó arrojar el mando de votación al suelo a un metro escaso de Castaños– se procedió a las votaciones en las que solo participaron en torno a 300 de los 575 asociados presentes o en delegación. El punto más esperado era el cuarto, en el que se planteaba a petición del Igualatorio la ratificación de Astigarraga como presidenta. La propuesta fue rechazada por 295 accionistas, apoyada por dos y contó con dos abstenciones. Su círculo no votó.
asamblea partida en dos
Según el reparto de las delegaciones anuladas que explicó el Montepío, el resultado de haberse admitido esas cesiones no habría variado en exceso: en el mejor de los casos 312 en contra de Beatriz Astigarraga por 301 a favor. Un resultado que pone en evidencia que la asamblea de la EPSV está partida en dos y que será muy difícil suturar la herida.
Se frena así de momento la vía rápida para facilitar la venta de acciones a Adeslas, tomar el control del Montepío y levantar el escudo que limita la operación con la aseguradora. Más allá de la impugnación de los acuerdos adoptados ayer por la junta –un recurso judicial y la reclamación de responsabilidades daría pie a un proceso que podría alargarse más de un año, más allá de los tiempos que se manejan para la venta a Adeslas–, todo apunta a que la dirección del Igualatorio volverá a pedir la intervención de su EPSV al Gobierno vasco, que ya lo ha rechazado y pide a ambas partes que negocien un acuerdo.
Continúa de este modo activo el blindaje que impide la venta de acciones de la Sociedad de Médicos a la aseguradora de Caixabank y Mutua Madrileña mientras no haya un acuerdo que garantice las aportaciones de IMQ Seguros al fondo de pensiones de forma indefinida y la compra de participaciones sin limites a todos los accionistas interesados en hacer líquida su inversión.
El choque en la asamblea fue frontal. Se produjo en todos los puntos del día e incluso en las cuestiones que el consejo del Montepío consideraba que había que votar, como la gestión social de la dirección, que no figuraba en el orden de la junta publicado en boletín, pero sí en la pauta en la que se anunciaba cada votación. Esa batalla calle por calle dejó un intenso olor a tierra quemada que reduce a mínimos el margen para el acuerdo.
El fondo de pensiones insistió ayer en que las diferencias no son tan grandes y que es posible alcanzar "una entente". Su presidente en funciones, que continuará en el cargo tras el bloqueo a la entrada de Astigarraga, volvió a remarcar que el Montepío no se opone a la venta a SegurCaixa Adeslas, pero que solo levantará el escudo si se alcanza un acuerdo. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Lo cierto es que las prisas son propiedad exclusiva de la dirección del Igualatorio, que salió reforzada de la última junta de la sociedad, pero se ha topado con un hueso duro de roer en el Montepío. Su intención es iniciar la venta de acciones a Adeslas este mismo año. Un recurso judicial, que puede alargarse cerca de doce meses, no da respuesta a su hoja de ruta.
Volver a llamar a la puerta del Gobierno vasco para que intervenga la EPSV es una opción más directa, aunque es un camino explorado y fracasado. El callejón sin salida tiene una vía de escape, negociar y alcanzar un acuerdo entre el Montepío y el Igualatorio. Una auténtica prueba de fuego a tenor de lo que se vivió ayer en la asamblea.
VOTOS ANULADOS
39
Un total de 39 delegaciones de voto fueron anuladas en la asamblea del Montepío porque la firma no correspondía con la del asociado. De ellas, 22 eran cesiones del sector del Igualatorio y 17 del Montepío.
Bloqueo de Astigarraga. La junta del Montepío defendió ayer su rechazo al acceso de Beatriz Astigarraga a la presidencia. Por una parte, censuró la "beligerancia" de la presidenta del IMQ con el fondo de pensiones. Por otro, afirmó que "no tiene sentido" que Astigarraga sea presidenta del Igualatorio y del fondo de pensiones cuando ambas entidades tienen que negociar un acuerdo de aportaciones.
Impugnación. La dirección de IMQ anunció ayer la presentación de un recurso de impugnación de todos los acuerdos de la asamblea y exigirá responsabilidades judiciales a la junta del fondo de pensiones.