El muro de la Ley de Amnistía, infranqueable para la Ley de Memoria

La querella por la muerte bajo torturas del militante del PNV y gudari Txomin Letamendi no es la primera que se admite a trámite en el Estado español, aunque sí lo es en Euskadi. Anteriormente, una denuncia por un delito similar contra el activista Julio Pacheco pasó el primer filtro judicial y permitió abrigar cierta esperanza de que este tipo de delitos de lesa humanidad por parte del régimen franquista podrían llevarse a cabo y terminar con una sentencia.

Sin embargo, en septiembre del año pasado toda esperanza de justicia quedó desvanecida ya que el juzgado nº50 de Madrid decidió archivar la causa por un delito de torturas durante la dictadura franquista al considerar que había prescrito.

Julio Pacheco, militante del Partido Comunista que fue detenido por la policía franquista en 1975, había señalado a cuatro policías de la Brigada Político Social -la feroz guardia pretoriana del franquismo- como responsables y autores de las torturas que le dejaron en un lamentable estado de salud, entre ellos el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, conocido en los últimos años por sus oscuros y turbios tejemanejes de espionaje político y judicial de España.

Oídos sordos

La magistrada que llevó el caso decidió archivar la causa alegando que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, no es posible investigar este tipo de hechos que tuvieron lugar en el franquismo. Una vez más, la justicia hacía oídos sordos ante un delito de lesa humanidad, imprescriptibles e in-amnistiables según la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. También en este caso se topó con la Ley de Amnistía que impide la reparación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo.

En Euskadi, la querella criminal presentada ante el juzgado de Donostia contra dos policías franquistas que infringieron torturas a Txomin Letamendi en 1950 por un delito de lesa humanidad se añade a la que anteriormente presentó Giza Eskubideen Behatokia también por torturas a Josu Mujika Aiestaran contra Mikel Lejarza, 'El Lobo', agente de los servicios sectetos infiltrado en ETA, y contra mandos policiales por la muerte a manos de la Policía franquista en 1975.