El informe pericial elaborado tras analizar las imágenes de la bajada al pecio del 'Villa de Pitanxo' desmontarían la versión del capitán del barco, Juan Padín, apuntando hacia un "error humano" del marinero como "causa más probable" del hundimiento del buque.
Las conclusiones de este documento, a las que ha tenido acceso Europa Press, señalan que, de acuerdo a "datos objetivos" y a las circunstancias analizadas, "se concluye que la causa más probable del hundimiento del buque fue un error humano del capitán, por la falta de percepción cabal del riesgo de hundimiento que suponía la maniobra que realizó para librar el embarre del aparejo del fondo marino".
Según este informe elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), Padín puso en "grave riesgo la seguridad del buque y sus tripulantes" al realizar esa maniobra, "con la mar y el viento de popa y la tolva de descarga de desperdicios abierta".
En segundo lugar, los peritos consideran un factor contribuyente del accidente la demora con la que el capitán dio la orden de abandono del buque a la tripulación, "lo que condicionó que pudieran realizar el abandono de forma ordenada y con alguna probabilidad de éxito".
El texto explica que otro factor clave habría sido la "falta de familiarización de los tripulantes con sus obligaciones y funciones atribuidas en el cuadro orgánico para situaciones de emergencia", además de con el uso de dispositivos de salvamento.
Esto, a juicio de los expertos, "pone de manifiesto la falta de formación a bordo y la falta de realización de ejercicios periódicos de abandono de buque".
La ausencia de una escalera en estribor, desde la cubierta superior a la cubierta de oficiales, también sería otro factor contribuyente a la tragedia, ya que hubiese sido un "medio rápido de evacuación desde la cubierta expuesta a la intemperie y a la mar hacia las balsas salvavidas".
"En quinto lugar, se considera factor contribuyente del accidente las adversas condiciones marítimas y meteorológicas que había en el lugar que, si bien no eran de una extrema dureza como para aconsejar haberse puesto a la capa en espera de una mejoría, sin duda dificultaron la maniobra para librar el embarre", añaden las conclusiones.
"NOS DA LA RAZÓN"
Las familias de las 21 víctimas mortales han celebrado este informe, apuntando que "les da la razón", agradeciendo a los medios de comunicación su apoyo ya que, según han dicho, sin la prensa no se hubiese conseguido que finalmente se bajase al barco el pasado mes de mayo.
"Ha valido la pena bajar al barco. Nos da la razón a lo que siempre dijimos", ha dicho la portavoz de los familiares, María José de Pazo.
"Teníamos razón las familias, mereció la pena toda la lucha. Era necesario bajar al barco para tener pruebas y mostrar el camino de la verdad de lo ocurrido en el naufragio", ha añadido. Según ella, el informe dice que la versión del superviviente Samuel Kwesi es la "verosimil".
Cabe recordar que la investigación judicial se inició después de que la declaración de Kwesi contradijese la expuesta por Padín y su sobrino, Eduardo Rial, únicos supervivientes a la tragedia. El ghanés apuntaría hacia posibles negligencias por parte del capitán que habrían desencadenado el hundimiento, asegurando que el motor del barco no se paró de forma repentina, sino que el buque se embarró (se engancharon las redes al fondo marino) y el capitán trató de desembarrarlo, provocando lo ocurrido. Sin embargo, Padín siempre insistió en que el barco se quedó sin motor a la deriva.
En la misma línea ha hablado el abogado de las familias, Manuel Lampón, quien ha defendido que el informe recoge que el motor no se habría parado de forma repentina, sino que estuvo activo prácticamente hasta el hundimiento del barco.
En declaraciones a los medios de comunicación, Lampón ha dicho que la valoración del documento es "muy positiva", porque apunta hacia la "clara responsabilidad" de Padín y de la armadora, Grupo Nores. "El informe corrobora que la versión de Samuel es la correcta y que fue todo responsabilidad de Padín", ha reivindicado, explicando que se acredita que el motor no se paró, como defendió siempre Padín.
"Confirma la responsabilidad del capitán clarísimamente. Corrobora todo lo que hemos defendido en la instrucción", ha añadido, destacando como "fundamental" y "determinante" la bajada al barco para tener estas conclusiones.
"El informe va en la línea de darle credibilidad a la versión de Samuel y lo que dijo es que el capitán no dio la orden como la hay que dar, no llevó a cabo las labores que como capitán le son exigibles", ha insistido. "Se corrobora que la versión de Samuel es la correcta y ahora no solo por las manifestaciones de Samuel, sino que se soporta en un informe de peritos judiciales, soportado a su vez por las imágenes de la bajada al barco y otros elementos probatorios que han ido obtenido en a lo largo de todos estos meses", ha sentenciado.
SUCESO
El pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' naufragó a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo. A partir de ahí, las familias de los fallecidos han iniciado una serie de acciones para tratar de esclarecer los hechos, por lo que siempre han pedido que se bajase al pecio para encontrar pruebas de lo que pudo haber ocurrido.
Durante la instrucción, el juez ha tomado declaración al patrón del pesquero, Juan Padín --en calidad de imputado--, a su sobrino Eduardo Rial y al marinero Samuel Kwesi, como testigos, al ser los únicos supervivientes del naufragio. También han acudido ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga lo ocurrido, directivos de la armadora Grupo Nores, así como antiguos marineros del barco, entre otros.
La investigación judicial se debe a que Samuel Kwesi ofreció una versión que contradice la expuesta por Padín y Rial, y que apuntaría a posibles negligencias por parte de éstos que habrían desencadenado en la tragedia.
Tras tomarles declaración, el magistrado prohibió salir de España al patrón del pesquero, le retiró el pasaporte y le impuso la medida cautelar de comparecer cada quince días en sede judicial y permanecer localizado.