Las pensiones, uno de los pilares del Estado del Bienestar, entran en el nuevo año con novedades que emanan de la reforma que entró en vigor en marzo del año pasado. Son modificaciones que se inscriben dentro de la necesidad de acompasar la reforma a una realidad sociolaboral cambiante cada año, y en el que las previsiones de ingresos y gastos precisan de una actualización constante. Las novedades tienen que ver con el incremento, al 0,8%, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -una cotización adicional destinada al Fondo de Reserva- y la aplicación, por vez primera, de la denominada ‘cuota de solidaridad’, un nuevo recargo extra para las cotizaciones procedente de la parte de los salarios que excedan del destope de las bases máximas.
Este último punto, de gran complejidad técnica, es una de las consecuencias del destope, un mecanismo por el que se estableció la senda de incremento de la base máxima de cotización. Actualmente, esta base ha estado situada en 4.720,5 euros mensuales, pero sube cada año 1,2 puntos adicionales a la inflación. Es decir, que al IPC que se ha tomado como referencia para revalorizar las pensiones del año que viene (2,8%) se le suma ese 1,2%, el resultado es un 4%, que es el porcentaje por el que se van a gravar, a partir del año que viene, los sueldos que estén en un tope de 4.909 euros; es decir, la base máxima actual más ese 4%. Estos cotizantes sí percibirán una pensión acorde a esa aportación, pero quienes lo hagan por encima de ese tope no. Y esto es así porque la subida de las bases máximas van a subir más que la pensión máxima, que el año que viene quedará situada en 3.267,5 euros mensuales. La razón es que, a la hora de percibir la pensión, el porcentaje que se va a aplicar es del mencionado 2,8% más un incremento adicional que será de 0,115 puntos a partir de 2025 y hasta 2050. Es decir, valores mucho más bajos que la proporción de las cotizaciones por encima de esa base máxima. Además, con ese destope, los sueldos por encima de esos 4.909 euros se van a encontrar con cotizaciones por encima de ese 4%, de manera que esos trabajadores apenas van a generar un derecho a una pensión más elevada, en términos proporcionales a su cotización, que el resto del colectivo laboral.
El Fondo de Reserva busca recuperar ingresos
Además de la ‘cuota de solidaridad’, el año que viene comienza a operar el nuevo porcentaje del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que va a pasar de forma progresiva del 0,6% con el que arrancó en 2023 a 1,2 puntos en 2029. Para el año 2025, será del 0,8%. “Se trata de unas aportaciones que van destinadas a producir más ingresos para el Fondo de Reserva”, explica Ainhoa Ugarte. Del 0,8% de cada nómina mensual que va a ir a parar a esa bolsa común, un 0,67% lo aporta la empresa y un 0,13% el trabajador. “Se trata del mismo diferencial que ya funciona en las cotizaciones del apartado de contingencias comunes”, explica la experta del Colegio Vasco de Economistas.
En cualquier caso, como subraya José Ramón Urrutia, los cálculos y estimaciones van a estar sometidos a permanentes actualizaciones debido a las fluctuaciones en aspectos como la esperanza de vida y el “peso específico de los jubilados en la sociedad, que es enorme”. “El objetivo del MEI es generar excedentes para el Fondo de Reserva de las pensiones, que quedó prácticamente agotado con la crisis de la pandemia”, indica Urrutia. Este Fondo, conocido como la ‘hucha de las pensiones’, cerrará 2024 con cerca de 9.300 millones, 300 millones más de lo previsto, “el nivel más alto desde diciembre de 2017” según el Gobierno, aunque la OCDE advierte de que este volumen es uno de los más reducidos de Europa. Desde el pasado mes de enero, el Fondo de Erserva ha ingresado 2.623 millones de euros gracias al MEI, que entró en vigor en 2023. El MEI es el mecanismo que sustituyó al llamado Factor de Sostenibilidad, que nunca llegó a aplicarse. – J. Garma
Independientemente de que quienes dispongan de estos salarios cuenten con una mayor capacidad de ahorro para enfocar su jubilación, para José Ramón Urrutia, exviceconsejero de Presupuestos del Gobierno vasco, además de economista y actuario, esta fórmula “no cumple la técnica de equidad distributiva” que ha constituido la base y el espíritu tradicional del sistema público de pensiones. “La reforma que introdujo José Luis Escrivá” -exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España- “no ha seguido la línea de lo que son los sistemas en la Unión Europea, y que marca que lo que se cotiza es lo que se percibe”, dice. Esta medida se inscribe dentro de un contexto en el que, apunta Urrutia, “en los próximos años vamos a asistir a la jubilación de muchos de los trabajadores nacidos en la generación del ‘baby boom’, la de los primeros años de la década de los 60”. Trabajadores que, en muchos casos, percibirán pensiones altas por haber contado con cotizaciones altas.
“Tenemos un mercado laboral con mucha gente trabajando, pero donde los jóvenes cuentan con salarios más bajos que antes y, por lo tanto, lo que ellos cotizan al sistema difícilmente puede cubrir lo que van cobrar los nuevos pensionistas”, añade Urrutia. De ahí surge el escenario que justifica la nueva norma: que los sueldos más altos que hay ahora aporten los recursos para las nuevas pensiones. Ainhoa Ugarte, coordinadora de la Comunidad de Ámbito Laboral del Colegio Vasco de Economistas, entiende que las cotizaciones extra de los salarios más altos “van a contribuir a nutrir los recursos disponibles, pero a esos trabajadores apenas les va a servir. Lo que se busca es que todo lo que sobrepase la base máxima genere ingresos para el futuro”.