El nuevo curso político pone a prueba el manual de resistencia de Sánchez

Acostumbrado a caminar en el alambre, Pedro Sánchez inicia su séptimo curso político como presidente del Gobierno español haciendo equilibrismo en una situación aún más complicada que en años precedentes en los que parecía que lo tenía todo en su contra y, sin embargo, siempre ha logrado recomponerse y remontar el vuelo. El nuevo curso político en el Estado se presenta más endiablado que nunca, pero nadie se atreve a apostar que esta vez sí recibirá la puntilla. Tiene muchos frentes que superar -políticos, judiciales, económico presupuestarios-, y los enemigos le acechan desde todos los lados, incluidos en su propia casa socialista. Todos ellos van a poner a prueba su manual de resistencia hasta ahora imbatible.

Política migratoria

La inmigración es siempre un quebradero de cabeza para todos los gobiernos, pero en los últimos años los flujos migratorios, sobre todo, procedentes de África han repuntado y la cuestión pasa a ocupar uno de los problemas principales de la ciudadanía del Estado español y, en consecuencia, de los gobiernos y los partidos. La situación en los últimos meses se ha agravado de manera considerable y ha dado pie a escenas como la llegada masiva de migrantes a nado en los últimos días a Ceuta y Canarias. El Gobierno no cree que la llegada masiva de migrantes esté siendo fomentada desde Marruecos, como ocurrió hace dos años cuando se acusó a Rabat de alentar a miles de migrantes a cruzar la valla de Melilla que marca la frontera entre África y la Unión Europea. Tras aquel episodio, Sánchez firmó un protocolo de colaboración con Marruecos en materia de lucha contra la inmigración a cambio del apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara occidental, lo que supuso un giro histórico a la política exterior del Estado español entregando la excolonia española para convertirla en una región autónoma dentro de Marruecos.

Las entradas irregulares de inmigrantes al Estado han crecido un 66% en lo que va de año (31.155 personas hasta el 15 de agosto) y, aunque el ritmo se ha atenuado en las últimas semanas, la previsión es que repunten de nuevo con el buen tiempo. Las islas Canarias concentran las llegadas, más de 22.000, de las que unos 6.000 son menores. Las comunidades autónomas se hacen cargo de su tutela y el Gobierno de Sánchez quiere que el reparto de menores migrantes sea obligatorio y proporcional entre todas las autonomías. El PP se sigue negando a la reforma de la Ley de Extranjería, que decayó en julio con el voto en contra del PP, Vox y Junts. Estos partidos van a explotar al máximo esta cuestión para atacar a Sánchez en un contexto estatal y europeo de auge de la ultraderecha que hace de la xenofobia una de sus señas de identidad.

Concierto o financiación singular

Va a ser el ariete principal del PP para la confrontación con el Gobierno español. El presidente español aceptó cambiar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat por un sistema de financiación singular para Catalunya y destapó la caja de los truenos. Para ERC, que firmó el acuerdo con el PSC, se trataría de un Concierto Económico inspirado en el Concierto vasco y el Convenio navarro. Para el presidente español y su partido, se trata de un sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común que debería beber de la fuente del federalismo.

El acuerdo establece que sea la Agencia Tributaria de Catalunya la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos. La Generalitat deberá aportar al Estado el coste de los servicios que presta a Catalunya más una parte destinada a la solidaridad interterritorial.

Asimismo, el acuerdo recoge una aspiración que deberá presentarse al Gobierno del español, que ha manifestado su intención de materializarlo y reconoce explícitamente la infrafinanciación de Catalunya y el derecho a una gestión directa de sus impuestos y al que le reemplace en el futuro. En todo caso, el Congreso tendría que ratificarlo, por mayoría absoluta. Los dos partidos se han dado hasta mediados de 2025 para abordar la modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y cerrar la financiación de Catalunya. El camino está lleno de obstáculos: la mayoría de las comunidades autónomas están en manos del PP y están en contra, incluso algunas del PSOE son refractarias a una salida de Catalunya del régimen común. Pero la mayor dificultad está en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría de la investidura se ha fracturado en este caso, con el posible descuelgue de Junts y de Podemos, e incluso algunas voces de Sumar, renuentes a apoyar la iniciativa.

Presupuestos, en el aire

Va a ser otra de las serpientes de invierno. Esta semana el Gobierno español ha anunciado que va a presentar a los grupos parlamentarios sus Presupuestos Generales del Estado para 2025, incluso si no tiene garantizados los apoyos necesarios. Actualmente, no parece tenerlos porque Junts per Catalunya, uno de los cuatro socios de investidura, tumbó en julio la senda de déficit y deuda pública, imprescindible para presentar los Presupuestos.

No obstante, el Gobierno va a intentarlo y para ello presiona a sus socios parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos sin descartar una prórroga. Si se diera el caso, sería el segundo año consecutivo que Sánchez prorroga las cuentas, lo cual no parece inquietar demasiado al presidente español y tampoco supondría un adelanto electoral.

El borrador de las Cuentas será presentado en las próximas semanas, previamente deberá aprobar en el parlamento español la senda de estabilidad y déficit para el periodo 2025-2027. Por el momento, el Gobierno español no ha avanzado cuándo llevará la nueva senda al Consejo de Ministros, lo que unido a la búsqueda de apoyos políticos, sobre todo el de Junts, y los plazos parlamentarios, podría alargar este proceso varias semanas. Una vez aprobada la senda, estará en condiciones de presentar el proyecto presupuestario, algo que debería ocurrir antes de final de septiembre, pero que el Ejecutivo español ha planteado en alguna ocasión que pudiera ser a primeros de octubre.

A partir de ahí, se abrirá un largo proceso de tramitación parlamentaria que suele extenderse unos tres meses para recabar los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación definitiva. El Gobierno pretende superar la tramitación antes de final de año para que las Cuentas estén en vigor el 1 de enero. De no ser así, sería necesario volver a prorrogar los Presupuestos.

¿Adelanto electoral?

La sombra de un adelanto electoral va unida siempre a la carrera de Pedro Sánchez al frente del Gobierno español durante siete años consecutivos de mandato. Ahora, más que nunca, está asomado al precipicio debido, sobre todo, a la fragilidad de sus apoyos parlamentarios. Necesita en todos los momentos el apoyo de todos sus socios (ERC, PNV, EH Bildu y Junts, además de Podemos), pero en los últimos meses el partido liderado por Carles Puigdemont se ha descolgado y ha votado en contra de algunas iniciativas promovidas por el Gobierno español.

Sánchez lo fía todo a que ninguno de sus socios le dejará caer en aquellas medidas clave para la gobernabilidad. Les coloca ante la tesitura de apoyarle con la nariz tapada o dejar vía libre a un gobierno del PP con Vox. No obstante, la debilidad aritmética y las posibles deserciones de sus socios amenazan la gobernabilidad, especialmente en los casos que afecten a las competencias territoriales y a la financiación y la fiscalidad.

El presidente español intentará mantener el eje izquierda-derecha como foco principal del debate público, evitando otro tipo de cuestiones. El Concierto catalán y el sistema de financiación, así como otras cuestiones nacionales vinculadas a Euskadi y al marco identitario recogidas en el acuerdo de investidura PSOE-PNV se lo pondrán difícil.

Doble frente judicial

Sánchez también tiene abiertos algunos frentes judiciales que podrían salpicarle. Por un lado, el caso Koldo, una trama que afecta directamente al PSOE y por la que se investiga el cobro de presuntas comisiones ilegales, relacionadas con contratos millonarios para la compra de mascarillas en el peor momento de la pandemia, desde -al menos- el 4 de noviembre de 2023. En concreto, se estudia si hubo mordidas en las adjudicaciones de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes de los ministerios de Fomento e Interior, así como a los servicios de salud de los gobiernos de Baleares y Canarias. El juez Ismael Serrano sospecha que pueda haber delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El otro frente judicial es aún más sensible porque, al margen de si tiene consecuencias penales para él, está involucrada su esposa Begoña Gómez. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha tomado las riendas de la investigación en la causa contra Gómez por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. El magistrado ha llegado incluso a tomar declaración al presidente español en una visita insólita a Moncloa para interrogarle en su casa. El pulso entre Sánchez y el juez Peinado, apoyado en una parte de la judicatura y del PP, podría suponer una nueva prueba de fuego para medir la resistencia de Sánchez.