El nuevo plan vasco de Justicia busca "más cercanía" con el ciudadano

El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 de Euskadi persigue que al final de ese período la Justicia esté "más cercana" a las personas, con una actuación judicial más rápida y comprensible para el ciudadano, que sea de calidad y fácil acceso, especialmente para los colectivos más vulnerables.

Los objetivos citados forman parte de las líneas estratégicas del nuevo plan, presentadas este miércoles en Bilbao ante diferentes profesionales del ámbito judicial por la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, y la fiscal jefe del País Vasco, Carmen Adán.

El plan, que contará con una inversión superior a 1.500 millones de euros y afectará a más de 3.000 profesionales con el objetivo de transformar y mejorar la gestión y la prestación de este servicio público en Euskadi, ha sido elaborado con la colaboración de personas de la Judicatura y Fiscalía.

Establece la "hoja de ruta" para los próximos años del Gobierno vasco respecto a los retos y actuaciones en este ámbito y da respuesta al compromiso del programa de gobierno de esta legislatura de aprobar un plan que permita construir "una Justicia más ágil, eficaz y digitalizada, centrada en las personas", ha indicado la consejera.

Nueva sede judicial

Entre las líneas de trabajo que contempla, se encuentran actuaciones en sedes judiciales. En este capítulo, el Gobierno vasco ha adquirido recientemente por 41 millones de euros del conocido Edificio Mapfre, en la céntrica calle Ibáñez de Bilbao, con el objetivo de convertirlo en el cuarto palacio de justicia de la capital vizcaina. ras adjudicar recientemente la redacción del proyecto de obras, el Ejecutivo prevé comenzar las obras en el edificio en 2023 para que esté operativo en 2025.

Expediente judicial electrónico

La consejera también se ha referido al reto digital en la Administración de Justicia y se ha congratulado de que el expediente judicial electrónico ya está implantado en toda la jurisdicción Contencioso-Administrativa y a partir del próximo viernes lo estará en la jurisdicción social.

La implantación total del expediente judicial electrónico está prevista para marzo de 2023. En el proceso, puede haber "incidencias", por lo que la consejera ha pedido "comprensión" y un "esfuerzo" a los agentes implicados.

Artolazabal ha explicado que la nueva estrategia también apuesta por la "Justicia innovadora" y plantea la necesidad de proyectos que "ayuden a adelantarnos e imaginar cómo será la sociedad vasca" en el futuro para "tratar de adaptarnos" a ella.

Asimismo, ha defendido un modelo de oficinas de justicia en los municipios, adaptadas a sus necesidades, que sustituyan a los actuales juzgados de paz.

Justicia comprensible, rápida y predecible

Por su parte, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, ha destacado del plan estratégico la línea de trabajo que persigue "una Justicia comprensible, rápida y predecible", con actuaciones y resoluciones que sean "entendibles y comprensibles" para el ciudadano, lo cual, ha puntualizado, no significa que deban ser "compartidas" por él.

En caso contrario, la Justicia se coloca "a espaldas" de los ciudadanos, ha advertido Subijana, quien también ha abogado por que sea "rápida", desde la consideración de que "una Justicia tardía no es justicia", y "predecible" con respuestas "homogéneas" ante determinados casos para dar "confianza" y "seguridad jurídica".

El presidente del TSJPV ha valorado, asimismo, que se apueste por la Justicia restaurativa, lo cual, según ha indicado, exige "un cambio cultural y formativo". Según ha dicho, "hay que crear una cultura de que se pueden resolver determinados conflictos de distinta manera".

Subijana ha animado a los profesionales de la Judicatura a trabajar para que al final del plan estratégico la Justicia "esté más cercana a las personas".

La fiscal jefe del País Vasco, Carmen Adán, ha considerado que una de las líneas destacables del plan presentado es la que aboga por facilitar el apoyo y el acceso a la Justicia a las personas, especialmente a las más vulnerables, y ha defendido la transparencia y la coordinación en la prestación de este servicio público.