¿Qué ocurre si a un ciudadano le ocupan la casa y en el momento que la policía acude, no queda demostrado que es su morada? En estas situaciones, el proceso se judicializa, pasa a vía civil, y se inicia un proceso judicial. "En muchas ocasiones, cuando la policía llega, los okupas dicen que son inquilinos y que viven en la vivienda por contrato de alquiler realizado de manera verbal", explica Igor Salazar, desde el bufete de Salazar Abogados.
Demostrar si una ocupación ilegal corresponde a usurpación o allanamiento de morada, no siempre es fácil. Cumple un factor esencial la actuación y protocolo que cumple la policía en estos casos ya que, en la mayoría de las ocasiones, y según la opinión de este abogado, los okupas se lo ponen difícil: "Casi siempre, lo más común es que para que la policía no les pueda echar digan que están en un contrato de alquiler que se ha realizado de manera oral", explica. Y como es un contrato falso, la siguiente mentira es decir que son morosos por imposibilidad de pagos, ya que no podrán demostrar tampoco trasferencias realizadas al propietario del inmueble. En estos casos, si la policía no logra demostrar que el denunciante es el morador, el caso pasa a vía civil lo que provoca una dilatación en el tiempo hasta que la vivienda vuelva a manos de su inquilino: "En estos casos, es muy importante que los vecinos colaboren y que cuando la policía llegue y les pregunte quién vive ahí actúen", dice. Es decir, lo común será que los ertzainas o la policía local llamé entonces a los vecinos y pregunte si efectivamente hay nuevos inquilinos o no en la comunidad. En caso de que, finalmente, quede demostrado que el morador de la vivienda en el denunciante, los ertzainas no judicializan el caso y tienen protestad para entrar a la fuerza y echar a los okupas.
CASO REAL
"Recuerdo un caso que trabaje aquí en Gasteiz. A mi clienta le ocuparon la casa y en menos de 24 horas logré que se la devolvieran porque a las doce de la noche subimos al camarote a buscar la copia de las escrituras. ¡Menuda noche más tensa!", recuerda. "Fue un caso exitoso porque en muy pocas horas le logré que le devolvieran su piso", dice. No obstante, asegura que "afortunadamente" en Gasteiz "no es común que ocurran estas cosas". De hecho, según los datos de la Ertzaintza, en los últimos tres años en Euskadi se han contabilizado un total de 604 casos de usurpación y allanamiento de morada, de los cuales solo el 11% corresponden a Araba (65 casos). El 66% de esos datos corresponde a Bizkaia y el 23% restantes al territorio guipuzcoano. "En Araba no es común ni habitual que pasen estas cosas. Es más, yo creo que es más habitual que pase en lugares donde hay segundas viviendas, casas de verano. Aquí en Euskadi los servicios sociales suelen ayudar a quién necesita ayuda, y eso hace que este tipo de delitos sea menos común", asevera. Esta es una opinión similar a la de Carmelo Martínez Sarobe, intendente jefe territorial de la Ertzaintza de Álava quien asegura que en ocasiones detrás de la ocupación ilegal se encuentran personas que no habían pedido ayuda a los servicios sociales.