El 'caso Gaztelueta' "no fue juzgado bien por la Iglesia". Así lo cree el Papa Francisco y así lo manifestó durante un reciente vuelo papal, en el que hizo referencia a dos casos de abusos que en su opinión no fueron juzgados de forma pertinente y que por este motivo ha ordenado volver a reabrir. Uno de ellos, el 'caso Gaztelueta', en el que el profesor de este colegio del Opus Dei en Leioa José María Martínez Sanz fue condenado a dos años de cárcel por abusar de un alumno entre los años 2008 y 2010.
A principios de este año, el caso quedó cerrado por la vía penal, al rechazar el Tribunal Constitucional el recurso presentado contra la sentencia por parte del docente condenado. No obstante, el caso sigue abierto dentro de la Iglesia, después de que el Papa ordenara el pasado verano reabrir la investigación religiosa, en una decisión que comunicó a través de una carta escrita de su puño y letra a la familia del menor víctima de los abusos del profesor. En este sentido, el Pontífice comunicó la apertura de un proceso canónico para, como no se ha cansado de pedir la familia de la víctima, "reponer el buen nombre de Juan", el menor del que abusó el profesor.
"No todo el mundo tiene valor, a veces está la tentación de transigir, y también todos somos esclavos de nuestros pecados, pero la voluntad de la Iglesia es aclararlo todo. Por ejemplo, he recibido dos quejas en los últimos meses sobre casos de abusos que habían sido encubiertos y no juzgados bien por la Iglesia: inmediatamente pedí un nuevo estudio y ahora se está haciendo un nuevo juicio", manifestó Francisco en un reciente vuelo papal, según informa el portal web Religión Digital, que apunta que uno de los casos a los que hace referencia el Pontífice es el 'caso Gaztelueta'.
El Papa, después de estudiar todo el material que había en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, decidió que el responsable del tribunal encargado de juzgar la actuación del Opus Dei y del colegio en el 'caso Gaztelueta' fuese el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué -a quien apoya una comisión formada por otros tres especialistas en derecho canónico-, que desde hace semanas está trabajando, como confirmó la Iglesia, para "depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas", señaló el obispo de Bilbao, Joseba Segura, en septiembre pasado.
Según ha informado a EFE este martes el padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, el obispo Satué ya ha iniciado la investigación para determinar lo ocurrido desde el punto de vista de la Iglesia, ya que el caso está juzgado y sentenciado por los tribunales ordinarios, y espera que su resolución "no se demore mucho porque ya hay una condena en firme de la Justicia ordinaria".
El profesor José María Martínez Sanz fue condenado inicialmente en 2017 por la Audiencia de Bizkaia a once años de prisión por abusos sexuales continuados a uno de sus alumnos, aunque el Tribunal Supremo rebajó la pena a dos años y no entró en la cárcel.
Por su parte, el Vaticano, en concreto el cardenal jesuita Luis Francisco Ladaria, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dictaminó en una primera investigación realizada en 2015, a instancias también del Papa Francisco, que los abusos denunciados no estaban probados, por lo que archivó la investigación y solicitó que se repusiese el "buen nombre" del profesor.
Ahora, nuevamente a instancias de la familia de la víctima de los abusos sexuales, el Papa ha instado la reapertura de la investigación. Juan Cuatrecasas espera que, en esta ocasión, el profesor reciba una condena de la Iglesia igual que la ha recibido de los tribunales civiles, que se restaure el "buen nombre de la víctima y no el del verdugo" y que también se "reprenda la actitud del Opus Dei, que sigue faltando al respeto e incitando al odio hacia una víctima de pederastia".
"Ahora, el Vaticano tendrá la oportunidad de depurar responsabilidades y valorar si en la primera investigación se actuó conforme a derecho o si se actuó de una forma totalmente tramposa, que es mi opinión", ha aventurado.
Cuatrecasas ha expresado su esperanza de que se le notifique oficialmente la decisión que adopte el obispo de Teruel y Albarracín, ya que en la anterior ocasión se les comunicó que el caso había sido archivado por vía oral, a través del vicario de la diócesis de Bilbao, "pero sin ningún tipo de documento oficial".