Euskadi no es la única comunidad autónoma en la que despierta recelos la Ley estatal de Vivienda aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el pasado curso parlamentario, y que la CAV interpreta como una erosión competencial. Ahora, Catalunya se suma a dicha interpretación y estudia ya si recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC).
Así, el Parlament ha convocado un pleno el próximo 1 de septiembre para votar si interpone ante el Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, según informó la Cámara catalana en un comunicado.
El pleno decidirá si recurre la nueva ley al TC después de que Junts solicitara un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) porque considera que se produce una “vulneración del ámbito competencial de la Generalitat y del principio de seguridad jurídica”. Es una lectura similar a la que hacen en la CAV tanto el Gobierno vasco como el PNV, que tratan de evitar que se soslayen herramientas autonómicas con esta nueva norma.
Respecto a Catalunya, el CGE envió el pasado viernes al Parlament el dictamen preceptivo solicitado por Junts en julio, que determina que diversos artículos y disposiciones de la ley vulneran “la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda que fija el Estatut de Autonomía de Catalunya”.
La institución jurídico-consultiva de la Generalitat también ha constatado que la norma vulnera “el principio de autonomía financiera y la autonomía de gasto” de la Generalitat.
“El texto estatutario establece que corresponde a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias exclusivas y de manera íntegra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, y que es solo a la Generalitat a quien corresponde el ejercicio de estas facultades y funciones, mediante las cuales puede establecer políticas propias”, sostiene el CGE en el dictamen.
Solicitud de Junts
Por su parte, Junts reclama que el Parlament interponga un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 15, 16, 17, 18, 27, 28, y 29, las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final séptima de la Ley por el derecho a la vivienda.
Hasta tres días antes de comenzar el pleno, tres grupos parlamentarios o una quinta parte de diputados (un mínimo de 27) pueden presentar propuestas alternativas a la propuesta de interposición del recurso, explican desde la Cámara catalana.
Durante el pleno, todos los grupos parlamentarios dispondrán de 15 minutos para manifestar su posición antes de proceder a la votación.