El Parlamento de Navarra aplaza por tercera vez la mejora de la transparencia y el pacto contra el transfuguismo

El Parlamento de Navarra ha vuelto a aplazar la fecha para terminar la reforma de su reglamento, el código interno que rige el día a día de la Cámara foral.

La Mesa y Junta aborda hoy el escrito que solicita más tiempo para continuar con la reforma integral del texto, que busca actualizar desde los turnos de intervención hasta los derechos económicos y políticos de los grupos.

Se trata de la tercera prórroga desde marzo de 2021, cuando se retomaron los trabajos de una ponencia que por una cosa u otra no termina de coger velocidad. Teóricamente, ahora todo tiene que estar listo para el 31 de enero de 2023. Y si pasa como las anteriores veces y para entonces no están los cambios incorporados, la ponencia corre el riesgo de echar el cierre –con la disolución del Parlamento en los primeros días de abril– y perder lo ya avanzado. No sería la primera vez, como se explica un poco más arriba. La ponencia parece enquistada y hay varios motivos.

El primero es la falta de tiempo. La reforma del reglamento es importante, pero no tan urgente como muchos asuntos que, especialmente en la legislatura de la pandemia, han sido prioritarios.

El segundo es la magnitud de los trabajos. La reforma plantea modernizar el texto original e incorporar todas las obligaciones de transparencia y participación que se han desarrollado en los últimos años, pero también hacer cambios en materia de igualdad, lenguaje inclusivo o euskera. El reglamento es un texto con “vocación de permanencia” –como dicen los letrados– y prácticamente cada paso precisa de asistencia jurídica.

Y, en tercer lugar, están las discrepancias entre los grupos. Todos coinciden en que lo ideal sería que el reglamento naciera con el máximo consenso posible. Pero lo cierto es que ese consenso no existe. Al menos no en todos los temas. Los grupos han presentado propuestas de todo tipo y no todas han caído igual de bien.

Transparencia, transfuguismo...

Parece superado un debate que en su día generó reticencias y motivó retrasos: el de la publicación de las declaraciones de bienes de los parlamentarios. Siempre dicen que ellos ya están obligados a presentar cada año su declaración de bienes, pero ahora mismo esa declaración no se hace pública a diferencia de lo que sí ocurre en el Gobierno de Navarra u otros parlamentos autonómicos. Un informe jurídico de septiembre de 2021 señalaba la “conveniencia” de abundar en la transparencia de la institución.

Hay más dudas con otros temas, por ejemplo los pactos anti transfuguismo. En su día, y al calor de la crisis que vivió el grupo de Podemos, casi todos coincidieron en endurecer las condiciones de quienes abandonan su compromiso con el grupo por el que fueron elegidos. Pero no está siendo tan fácil traducir a un lenguaje jurídico ese refuerzo de las penalizaciones.

Hay otros asuntos en debate. Navarra Suma, por ejemplo, propone adaptar la participación y los turnos de intervención al tamaño de cada grupo, algo que no gustó a los más pequeños. Se ha hablado de la necesidad de la paridad de la Mesa, de la exigencia del dominio del euskera para el presidente del Parlamento o de los derechos de amparo, con posturas dispares. Y hay en marcha informes jurídicos sobre los límites de acción del reglamento. Mucho trabajo y poco tiempo para una ponencia que, si concluye sus trabajos, será ya en los últimos minutos de la legislatura.