La Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de Pegasus y otros software espía ha señalado este martes "lagunas" en el marco legal del Estado español para autorizar el seguimiento de personas, señalando que la protección legal es "obsoleta", al tiempo que ha apuntado que la Inteligencia española trabaja con poca transparencia.
Así lo ha señalado el borrador del informe de la comisión de investigación elaborado por la liberal neerlandesa Sophie in't Veld, centrado en el uso de Pegasus en el Estado español, Polonia, Hungría, Grecia y Chipre, entre otros Estados miembros. El texto será objeto de enmiendas antes de que su versión final en marzo sea votada en la propia comisión y el Pleno de la Eurocámara.
El informe preliminar da por confirmado el espionaje a 65 independentistas catalanes que destapó el centro 'Citizen Lab' en un informe en abril, de los cuales la mayoría 63 fueron infectados con Pegasus y establece que en el caso español existen lagunas en el ordenamiento jurídico en lo relativo a la protección legal para realizar estas actividades.
De esta forma, señala que pese a que el marco legal español parece dar una "consideración significativa" al permiso judicial para iniciar las labores de seguimiento de una persona, "en todo caso parece que hay una gran laguna relativa a la naturaleza retroactiva del ciberespionaje".
"Incluso con el requisito legal de que la duración de la vigilancia se estipule específicamente antes de la autorización, no se contempla que una vez que un dispositivo está infectado con un software, es posible revisar retroactivamente las comunicaciones y los datos anteriores de una manera que no era posible con medidas tradicionales de vigilancia", recoge el informe.
Las disposiciones legales para realizar tareas de seguimiento en España corresponden a un momento en el que la tecnología de vigilancia era menos avanzada y no existían programas como Pegasus, señala el informe de In't Veld, que concluye que "las garantías legales corren el riesgo de quedar obsoletas y no brindar a los ciudadanos una protección suficiente".
EL CNI ACTÚA CON POCA TRANSPARENCIA
Pese a que el informe no señala la autoría del espionaje en el caso de los dirigentes catalanes, centra gran parte de sus conclusiones en el papel del CNI, al que acusa de "haber estado envuelto en varios escándalos relacionados con la vigilancia" y de actuar con opacidad.
En este sentido, recalca que la Constitución española no permite el acceso a documentos o información relativa a los servicios de Inteligencia y el servicio de espionaje está ausente en el marco de la ley de transparencia. "Gran parte del trabajo del CNI se mantiene en secreto y carece de transparencia", apunta el informe.
También pone el foco sobre la ley de Secretos Oficiales de 1968, lamentando que se originó durante "la era franquista" y "su reforma ha sido objeto de debate desde hace tiempo en España". "El mayor problema con esta legislación en gran medida anticuada es que no describe un período de tiempo más allá del cual expirará el secreto impuesto", sostiene el informe preliminar.