El Parlamento de Navarra reforzará sus herramientas de control al Gobierno en su nuevo reglamento interno. La comisión encargada de actualizar el estatuto de funcionamiento de la Cámara dio luz verde al nuevo texto, que ahora debe tramitarse como ley ordinaria.
La nueva redacción cuenta con el apoyo del PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, así como la abstención de Navarra Suma, que reclama mayores pasos en lo que se refiere al control político del Ejecutivo. Solo se ha posicionado en contra Izquierda-Ezkerra, que critica los límites que se fijan al funcionamiento del grupo mixto, que ya no se podrá dividir por partidos políticos.
El documento podría sufrir algunas modificaciones durante el trámite parlamentario previo a su aprobación definitiva, aunque no se prevén correcciones relevantes. El nuevo reglamento es el resultado de más de dos años de debate entre los partidos con representación en la Cámara y será suficiente una mayoría absoluta para que salga adelante. Entrará en vigor ya la próxima legislatura.
Entre las novedades, el estatuto interno renueva algunos aspectos relacionados con la participación ciudadana, la transparencia, el transfuguismo o el lenguaje inclusivo. En lo que se refiere al control del Gobierno, el nuevo régimen interno, con rango de ley, reduce a la mitad el tiempo para responder a las peticiones de información de los grupos parlamentarios.
De esta forma, el plazo para entregar la información solicitada será de 10 días (ahora son 20), prorrogables un máximo de otros cinco. Esa documentación será además accesible para el resto de parlamentarios a los 30 días naturales desde la entrega.
Igualmente, los grupos parlamentarios podrán presentar una pregunta oral extraordinaria al Gobierno y, en función de la respuesta, podrán presentar una moción a modo de denuncia ante la falta de respuesta. En caso de que la falta de información sea responsabilidad de un organismo público dotado por ley foral de independencia funcional o autonomía especial, podrá requerirse la comparecencia de su responsable en la comisión que corresponda.
Por otro lado, el Parlamento se dota de un protocolo de seguimiento de las mociones aprobadas en el Legislativo. Se trata de posiciones políticas que en ocasiones incluyen un mandato al Gobierno sobre una causa concreta, pero que no son vinculantes al no tener rango de ley. Desde un punto de vista jurídico seguirá siendo así, pero a partir de la próxima legislatura el Ejecutivo deberá justificar su cumplimiento. De esta forma, a los 15 días del plazo fijado por la moción deberá rendir cuentas. Si no hay plazo concreto, el Gobierno deberá justificar el cumplimiento a los cuatro meses.
Participación ciudadana
El Parlamento también habilita un nuevo cauce para que la ciudadanía pueda participar en los plenos de control al Gobierno, aunque de manera indirecta. A partir de ahora cualquier persona podrá plantear un pregunta a los miembros del Ejecutivo o una moción sobre algún tema concreto. Será necesario no obstante que algún parlamentario asuma como propia la iniciativa y la defienda en pleno, eso sí, en los términos literales en los que se haya planteado. También se podrán plantear declaraciones institucionales. La iniciativa legislativa popular continúa vigente en los mismos términos.
En cuanto a la transparencia, el acceso a la información por parte de la ciudadanía relativa a la organización, funcionamiento, actividades y régimen económico del Parlamento se llevará a cabo a través del Portal de Transparencia que, “dotado de un buscador sencillo y ágil”, se habilitará en la página web. También se implanta la composición paritaria de la Mesa (de facto ya lo es) y se limita a tres parlamentarios el mínimo para formar grupo propio. Los partidos que no lleguen a esa cifra deberán convivir en el grupo mixto y compartir los recursos. l
lll En manos de la Mesa. El nuevo reglamento solventa también el carácter público del registro de intereses, que según la Ley de Transparencia debe ser accesible. El Parlamento habilita ahora la publicación de los bienes económicos, pero deja la fórmula final en manos de la Mesa del Parlamento. Transcurridos dos años desde la pérdida de la condición de representante público, las declaraciones deberán ser destruidas. También se elabora un código de conducta para regular, entre otros, las obligaciones asociadas a las situaciones de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes.