El pleno del Parlamento de Navarra ha mostrado este jueves con la única excepción de Navarra Suma su apoyo a la política del Gobierno foral en materia de vivienda para garantizar que la misma cumple un papel social.
Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz de Navarra Suma, ha señalado que el balance en vivienda con más medios y un 70% más de personal en Nasuvinsa es "desastroso", "han llevado al colapso las viviendas protegidas" con más de 15.000 personas esperando una, "más gente que nunca", 11.000 paralizadas por "sectarismo" y anuncios de promociones que años después ha denunciado que siguen paradas en diferentes localidades como Pamplona, Barañáin o Lodosa.
Tras recordar las viviendas calificadas como protegidas antes de 2015 y después, "la mitad", ha indicado que "antes se construía vivienda protegida y ahora no se construye", ha defendido que se pongan las condiciones para disponer de vivienda asequible donde se concentra la demanda y sostenido que después de 30 años se debe posibilitar que una familia le saque rentabilidad a su vivienda.
"La cuestión es que su modelo y el nuestro es completamente distinto", ha replicado el consejo Jose Mari Aierdi, quien ha indicado que UPN "apuesta por el mercado" y el actual Gobierno quiere que la vivienda tenga "un papel social" y para eso se han establecido "política estructurales".
Ha aludido así al mantenimiento de la calificación protegida para evitar la venta de vivienda construida con dinero público y la promoción en este momento de 520 viviendas a pesar del retraso de algunos ayuntamiento en facilitar las promociones, entre los que ha citado Pamplona, y subrayado que en lo que va de año se han calificado 2.000 viviendas.
Ha destacado también la existencia de 900 viviendas en la bolsa de alquiler publico, los más de 5.000 jóvenes y 1.300 familias vulnerables con ayudas al arrendamiento, los convenios ya firmados con distintos ayuntamientos que "han tenido interés" en "responder a la demanda" ciudadana, como Sangüesa, Alsasua o Cárcar, mientras que ha sido "una gran decepción no poder alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona, donde se concentra la demanda".
"Y efectivamente el censo de demandantes ha crecido" después de decrecer de 2010 a 2015 "porque hicieron cero cerismo y como vieron que el instrumento no servía, dejaron de apuntarse", pero 2015 ha crecido y "queremos que haya más porque es el instrumento para hacer viviendas de calidad" en un modelo de "ciudad consolidada".
Por el PSN, Arantza Biurrun ha apostado por fortalecer el parque público de vivienda, de "una vivienda digna y adecuada", un reto que supone un pilar para el estado del bienestar y que se está viendo afectado por la covid y por el incremento de precios por la guerra en Ucrania, que frena la iniciativa de construcción protegida aunque se han adoptado medidas para favorecerla, igual que otras "complementarias entre sí" para favorecer ese parque contando con la colaboración privada y la de las entidades locales.
Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha defendido "el acceso a la vivienda como un derecho de la ciudadanía al que hay que dar respuesta desde lo público", a diferencia de la política de UPN y la burbuja inmobiliaria a la que "ayudó", y criticado que más de 18.000 viviendas protegidas hayan dejado de estarlo, algo que se ha evitado en esta legislatura, en la que también se ha buscado "el equilibrio territorial", ya que antes el 70% del esfuerzo se centraba en Pamplona.
Para EH Bildu, ha indicado Maiorga Ramírez, "todos los recursos deben encauzarse a satisfacer el derecho a una vivienda digna que corresponde a la ciudadanía para satisfacer sus proyectos vitales", y garantizar ese derecho debe ser el objetivo de las políticas públicas con la vista puesta además en la sostenibilidad y las necesidades de una población envejecida, mientras que en su opinión "la derecha solo plantea construcción y construcción".
Mikel Buil, de Podemos, ha indicado que UPN entendió la política de vivienda como construcción y ha defendido otras "más valientes", como por ejemplo intervenir los precios, al tiempo que ha valorado las medidas tomadas para favorecer el derecho a la vivienda, incluida la rehabilitación.
Marisa de Simón, de I-E, ha recordado que el derecho a la vivienda está regulado por ley y criticado que se haya permitido descalificar 18.400 viviendas protegidas porque así no se favorece ese "derecho a techo", para cuya garantía ha abogado por la rehabilitación y por ampliar el parque público de alquiler, frenando el "abuso de PSIS".