El Parlamento Vasco aprueba la reforma de la Ley de Cooperativas

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la reforma de la Ley de Cooperativas que responde a las demandas de mejora que el sector ha detectado durante los meses de pandemia.

La proposición de ley elaborada por PNV, PSE-EE y PP+Cs ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo EH Bildu, que se ha abstenido para mostrar su disconformidad con que la iniciativa haya tenido que contar con un acuerdo previo entre los gobiernos español y vasco para evitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por discrepancias en algunos de sus términos.

La reforma legal responde a las peticiones planteadas por el sector durante la pandemia e incluye mejoras en el funcionamiento de estas empresas.

Así, incorpora la posibilidad de que los órganos colegiados de las cooperativas puedan reunirse a través de medios telemáticos y de que los socios puedan debatir y emitir su voto a distancia, pero garantiza también el derecho de quienes lo deseen a asistir presencialmente a las reuniones.

También amplía el plazo para que estas empresas adapten sus estatutos a la ley de 2019, proceso que se ha visto entorpecido por la pandemia, y que se alargará hasta diciembre de 2023.

Desde los grupos proponentes, Jon Aiartza (PNV) ha defendido que "a necesidades urgentes, respuestas rápidas" y ha alabado la rapidez de los grupos para detectar las carencias de la norma en vigor de cara a actualizarlas de manera ágil.

En la misma línea, el socialista Ekain Rico ha planteado que lo aprobado este jueves es un "ejemplo de utilidad" a la ciudadanía vasca porque los partidos se han unido para hacer frente a las peticiones de un sector que ha calificado de "estratégico".

El representante de PP+Cs, Carmelo Barrio ha defendido que con esta adaptación normativa se refuerza el cooperativismo vasco y se impulsa su crecimiento y la aparición de nuevas fórmulas que generen más empleo y más riqueza.

La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo ha considerado necesaria esta reforma, pero ha argumentado que la abstención es un voto crítico con la "tutela del Estado a la actividad del Parlamento", en referencia al acuerdo entre los dos ejecutivos que evitó un recurso ante el Tribunal Constitucional.