El Parlamento Vasco ha dado luz verde a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. La norma ha recabado el 90% de los apoyos de la Cámara al contar con el voto a favor de os parlamentarios de PNV, PSE-EE, EH Bildu y EP-IU.
PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que suman 68 de los 75 parlamentarios, han dado un sí a la ley después de aceptarse varias enmiendas de estos dos últimos grupos al proyecto original.
Por otro lado, tal y como estaba previsto, el PP, con 5 representantes, y Cs y Vox, con uno cada uno, se han opuesto alegando que el texto normativo no incluye a las víctimas del bando republicano durante la Guerra Civil ni tampoco a las registradas por ETA entre 1968 y 1978, años comprendidos en esta normativa.
Consenso
Durante su aprobación, por amplia mayoría en la Cámara Vasca, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha subrayado que la ley es reflejo de consenso que concita en la sociedad vasca la memoria histórica sustentada en el principio "de la verdad" y ha defendido la necesidad y el compromiso de "seguir investigando y facilitar el acceso a los fondos documentales".
Para ello, ha sostenido, es necesario la modificación en el Estado de la Ley de Secretos Oficiales.También, ha añadido, es necesario hacer pedagogía de la memoria, muy especialmente entre los jóvenes, y ha incidido en que reconocer a las víctimas y restituir su dignidad nunca debería ser instrumento de división y confrontación.
El debate ha sido seguido en el Parlamento por representantes de varias asociaciones que trabajan a favor de la memoria de las víctimas del franquismo, que han aplaudido al terminar la votación.
Compromiso aún mayor
La ley reforzará las políticas y acciones dirigidas a reparar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. El trabajo conjunto realizado en los últimos años por Gobierno vasco y Aranzadi, así como la sensibilidad de la sociedad vasca para con la memoria histórica, ha llevado a que Euskadi sea un referente en esta materia.
Sin embargo, gracias a la aprobación de esta ley se espera poder aportar mayor claridad e impulsar más actuaciones.
Según se desprende del texto, con su aprobación, el Ejecutivo refuerza su compromiso de promover "la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas, o de creencia religiosa".
Como consecuencia se ampliará el número de acciones y actuaciones en esta materia y se subrayará el papel de Gogora. El Instituto Vasco de la Memoria adquirirá un papel fundamental, reforzando su trabajo de informes de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936-1978. También trabajará en la elaboración de un censo de víctimas mortales y en la localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil.
Banco de exhumaciones
Otra de las novedades que supone la aprobación de la Ley de Memoria vasca es la creación de un Banco de ADN de exhumaciones de Euskadi. También está previsto que se ponga en funcionamiento un Centro Documental y se dé forma a un Catálogo de Lugares, Itinerarios y Espacios vinculados con la memoria histórica.
En el apartado de sanciones, el documento recoge multas en caso de que se destruyan fosas de víctimas de la Guerra Civil. Por otro lado, también multará la destrucción y ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad, ambas infracciones consideradas muy graves.
La ley fija, aún sin fecha, un día anual de homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la dictadura.
Dignidad y reparación
En lo que respecta al derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, el proyecto prevé estudiar la pertinencia y viabilidad de "indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado" por el Ejecutivo vasco.
Por otro lado, desde las instituciones públicas vascas se prestará asesoramiento y apoyo a todas las personas que deseen interponer una querella como consecuencia de la desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo. El derecho a la justicia abarca la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Gogora ofrecerá a las víctimas de esas vulneraciones los recursos y la asistencia jurídica necesaria para que puedan tramitar las querellas correspondientes ante los tribunales a fin de obtener la justicia que merecen.
De cara a cumplir con los principios de la norma, también se pondrá en conocimiento de la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales la existencia de "indicios delictivos" que pudieran encontrarse "como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones realizadas".
Víctimas
Se considera víctimas, entre otras, las personas fallecidas en bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, en prisión, aquellas víctimas de desapariciones forzosas, quienes sufrieron torturas, deportaciones, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración o exterminio.
También a quienes sufrieron represión por su orientación afectivo-sexual, sus características sexuales, su identidad o expresión sexual o por razón de su pertenencia a una minoría étnica.
Asimismo incluye un reconocimiento expreso de la violencia "específica, generalizada y sistemática" sufrida por las mujeres.
Simbología
La Ley de Memoria vasca también prohíbe la exhibición pública de elementos o las menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista.
En este sentido, la norma hace referencia expresamente a elementos como placas, escudos, insignias, inscripciones y toda construcción erigida para rendir honores u homenajear la sublevación militar, la victoria del llamado 'bando nacional', la dictadura franquista, a sus dirigentes o a sus instigadores y ejecutores.
Se sancionarán aquellas denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos vinculados al golpe de estado o al régimen franquista.
Gogora establecerá un plan para la eliminación de símbolos contrarios a la memoria histórica y las administraciones públicas procederán a su retirada.
Establece una serie de infracciones, las muy graves sancionadas con hasta 150.000 euros y por ejemplo, en las graves, con multas de hasta 10.000 euros, figuran la difusión de expresiones ofensivas o vejatorias "contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares", así como "cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo".