El Parlamento Vasco ha dado luz verde a una reivindicación histórica de la escuela concertada, la equiparación salarial de sus docentes con los de sus colegas de la red pública. Se da así un paso en firme hacia la gratuidad de la enseñanza que consagra la Ley Vasca de Educación. La equiparación de los sueldos se hará de forma progresiva hasta 2027. A cambio, los colegios concertados deberán cumplir una serie de requisitos encaminados a garantizar la equidad en el acceso y evitar la segregación del alumnado vulnerable.
La inyección de 67 millones de euros –a razón de 50,1 millones para Kristau Eskola y 16,8 millones de euros para Ikastolen Elkartea– ha sido respaldada por una amplia mayoría de los grupos de la Cámara Vasca, a excepción de Sumar. PNV, PSE, PP y VOX han votado a favor de la modificación del artículo de la ley de presupuestos de este año que permite habilitar esta partida extraordinaria. EH Bildu se ha abstenido porque aunque le parece en general una buena medida, a su entender, todos los centros concertados no son iguales, ni tienen el mismo compromiso con la euskaldunización, la transparencia, la laicidad o la inclusión.
De cualquier manera, el Parlamento ha abierto la senda hacia un horizonte en el que todos los centros que forman parte del Sistema Público Vasco de Educación –independientemente de su titularidad– vayan caminando hacia la enseñanza gratuita. Con ello, se pondría fin a las cuotas alegales que la concertada cobra a las familias, según argumentan, porque la financiación pública actual no alcanza para hacer viable su actividad. Se trata, además, de la primera ley que aprueba el Gobierno de Imanol Pradales. Ahora, será el Departamento de Hacienda el que habilitará los fondos para afrontar estos pagos, con cargo a los remanentes de Tesorería y los centros deberán trasladar esa subida salarial al profesorado.
CUMPLIR LA LEY
Esta iniciativa responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación de 2006 y de la Ley vasca de Educación de 2023 y cuenta con el consenso de representantes de los centros escolares concertados de Euskadi, de los de Iniciativa Social y de las ikastolas, así como de los sindicatos mayoritarios, según la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. La consejera, que no intervino en el pleno para explicar el contenido de esta modificación legislativa, aclaró hace unos días en la Comisión de Educación en la que compareció a petición propia, que con esta equiparación salarial los docentes de la concertada no podrán tener retribuciones superiores a los que trabajen en la pública “en sus mismas circunstancias”. La equiparación supone también la asunción de una serie de compromisos y obligaciones por parte de los centros privados concertados, que se establecerán en normativas que Educación está ultimando.
Según trasladó Pedrosa en la citada comisión, la nueva normativa aludirá a criterios de transparencia en el acceso a los puestos de trabajo, de manera que respondan a principios de igualdad, mérito y capacidad, y que se garantice la publicidad de las ofertas. Además, estos colegios tendrán que elaborar una relación de puestos de trabajo que incluya a todo el personal docente y no docente.
POSICIONES DE LOS GRUPOS
En el turno a favor de la ley, la parlamentaria del PNV Alaitz Zabala aseguró que gracias a esta modificación del presupuesto del 2024, “la financiación llegará a los centros concertados” y aseguró que van a estar “vigilantes” para “exigir al Gobierno que haga un control exhaustivo para que esa financiación cumpla con su objetivo”. “Estamos convencidas de que esta medida es un paso más hacia la gratuidad total de la educación vasca”, añadió.
La parlamentaria del PSE Susana Corcuera destacó este proyecto de ley “permite realizar una aportación económica a la equiparación retributiva personal de ambas redes educativas y con los acuerdos conseguidos establecen importantes obligaciones para los centros concertados”. “Nosotros sí creemos que va a haber controles para esos compromisos y esas obligaciones que se han dado en esos acuerdos entre la patronal y los sindicatos; y hay un consenso político mayoritario y un consenso social mayoritario para llevar adelante estos acuerdos”, resaltó.
EH Bildu no participó en el debate pero usó su turno de palabra para informar de que su abstención está motivada en que la coalición abertzale está de acuerdo con la medida, pero cree que “no se sabe cómo se va a desarrollar”. El parlamentario Ikoitz Arrese criticó la Ley de Educación “no regula adecuadamente las condiciones y requisitos que tienen que cumplir los centros educativos”. VOX criticó las formas pero no el fondo de la ley. Mientras, el PP –que votó a favor–criticó que el Gobierno vasco “llega tarde” y que “ha forzado la máquina al máximo para probar algo que había prometido.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, rechazó la medida porque “va a suponer una nueva inyección millonaria para la educación privada-concertada” y criticó que “no hay controles y no hay transparencia para esta ley”. “Esta modificación –dijo– va a permitir que existan sueldos en la concertada que estén por encima de los sueldos en la educación pública”.
LAS DIFERENCIAS DE SUELDOS ENTRE LA RED PÚBLICA Y LA CONCERTADA RONDAN LOS 4.500 EUROS
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha explicado recientemente en el Parlamento Vasco que según sus cálculos, existen 4.043,10 euros de diferencia entre los salarios que percibe el profesor de Infantil y Primaria de la red pública y concertada, y de 4.449,42 euros de diferencia entre los salarios que percibe el profesor de Secundaria. Según Pedrosa, la equiparación salarial “permite seguir dando pasos hacia la gratuidad de la enseñanza en los centros que prestan el servicio público vasco de educación, a fin de evitar que los centros concertados tengan que reflejar también las consecuencias de incrementos salariales superiores a la concertación en las cuotas que tendrían que asumir las familias de no ser así”.