El Parlamento Vasco ha aceptado tramitar una proposición de ley de EH Bildu dirigida a penalizar la deslocalización de empresas de Euskadi con la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas, medida que no comparten grupos como PP+Cs y Vox y que ha sido acogida con matices por PNV y PSE-EE.
La propuesta legal de la coalición abertzale inicia ahora su trámite en la Cámara, tras su toma en consideración, con el apoyo de todos los grupos salvo PP+Cs y Vox.
En concreto, contempla que la marcha de una empresa de Euskadi cuando se considere una deslocalización supondrá "la obligación" de reintegrar las cuantías de las subvenciones percibidas en los diez años anteriores junto con el interés de demora devengado desde el momento de la recepción de cada cantidad.
Además, supondrá la imposibilidad para la firma afectada y para sus socios de obtener ayudas del sector público vasco durante un período de diez años a partir de la fecha de la declaración.
PNV y PSE-EE han aceptado la toma en consideración tras el criterio favorable del Gobierno vasco que, no obstante, ha pedido que el trabajo parlamentario de esta iniciativa se haga a la vez que el del Proyecto de Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones aprobado este martes por el Ejecutivo.
El representante de EH Bildu Iker Casanova ha recordado que las Juntas Generales de Bizkaia sacaron adelante en 2007 una norma similar y ha pedido que, "con independencia de las mejoras" que se introduzcan durante el periodo de enmiendas, "no se altere su núcleo".
"Esta propuesta es una defensa mínima para hacer frente a las deslocalizaciones de manera más fuerte", ha defendido Casanova, quien ha advertido de que "hay deslocalizaciones muy escandalosas y otras más silenciosas, pero todas deterioran el tejido industrial".
"No ahuyentar las inversiones"
Desde los partidos que integran el Gobierno vasco, Mikel Arruabarrena (PNV) ha explicado que su voto es favorable para "lanzar un mensaje a la ciudadanía", aunque ya ha deslizado que durante el debate "ya se verá que forma se le da" a la ley, al advertir de que las "medidas desincentivadoras" para evitar la marcha de empresas deben hacerse "en su justa medida" para que no ahuyenten las inversiones". "Tenemos que ser muy cuidadosos", ha insistido.
La socialista Sonia Pérez ha defendido también que el asunto no debe abordarse con "intención puramente sancionadora", sino que requiere de una apuesta por un entorno "regulatorio atractivo" para las empresas. Ha asegurado que su grupo comparte la preocupación de la que parte la iniciativa y que respalda que se pueda "condicionar la recepción de apoyo público" para que no haya deslocalización, siempre dentro de la normativa europea.
David Soto (Elkarrekin Podemos-IU) ha considerado que la ley es "muy necesaria" y ha reconocido que el debate que se abre "es muy interesante" para evitar lo que ha denominado como "un cáncer en el tejido productivo".
José Manuel Gil (PP+Cs) ha rechazado de plano la propuesta al opinar que parte de un enfoque de "agresión y desconfianza" hacia las empresas, cuando lo que se debe hacer es "una Euskadi más atractiva" para invertir. "No hay que poner murallas sino abrir puertas", ha insistido.
Por último, Amaia Martínez (Vox) ha reprochado a EH Bildu que ahora se preocupe por la economía cuando "ETA fue la que provocó el mayor éxodo empresarial con atentados, secuestros y extorsiones".