El Parlamento Vasco rechazó ayer jueves la petición de EH Bildu de que se modifique la convocatoria de ayudas a víctimas de la violencia machista para que no sea necesaria una denuncia previa para optar a ella, al contar con los votos en contra de PNV y PSE, que tuvieron que salir a recordar que esta regulación es competencia estatal, por lo que es imposible que desde la CAV se realice la modificación que la coalición abertzale pretendía.
La moción defendida por EH Bildu, rechazada también por PP+C’s y por Vox, hacía referencia a la ayuda de pago único que nació del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que oscila entre los 2.880 y 11.520 euros anuales con el objeto de facilitar la independencia e inclusión social de estas mujeres.
Aunque se abonan desde el Gobierno vasco, su regulación compete al Estado español, que a través de normativa propia establece que para acceder a estas subvenciones se exige como requisito, entre otras cuestiones, que se acredite su condición de víctima de violencia de género a través de una orden de protección, de una sentencia condenatoria o excepcionalmente de un informe del Ministerio Fiscal; además de la exigencia de estar desempleada la persona que reclama la prestación.
Solo votaron a favor de la moción los proponentes y Elkarrekin Podemos-IU, por lo que la iniciativa no prosperó. Sí lo hizo la enmienda de PNV y PSE, apoyada también por PP+C’s, a través de la que se considera necesario que todas las instituciones sigan trabajando para que se agilicen todos los tramites administrativos para proteger y atender a las victimas.
La parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta defendió su iniciativa para que se tenga en cuenta lo establecido en la Ley vasca de Igualdad y las mujeres no tengan que hacer una denuncia previa para poder recibir estas ayudas, que la coalición quiere que se extiendan a todas las víctimas de este tipo de violencia, no solo a las que sean parejas o exparejas del agresor.
Lamentó Etxebarrieta que no haya habido acuerdo para encontrar “alguna vía” desde Euskadi. “Aunque sea un parche, hacer lo que otros no hacen, pero no lo hemos conseguido y las ayudas siguen sin respetar las bases de nuestra ley”, expresó tras recordar que, según los datos del Gobierno vasco, en 2022 se beneficiaron de ellas 255 mujeres residentes en la CAV.
Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) consideró por su parte que existen criterios jurídicos para resolver “en favor de la ley vasca” el “conflicto normativo” que ha reconocido que existe en torno a esta cuestión. “Tenemos suficiente soberanía para aprobar ayudas conforme a nuestra ley”, defendió.
Recursos propios en la CAV
Desde el PNV, Leixuri Arrizabalaga insistió en que estas ayudas están reguladas por normativa estatal y por ello, para acceder a ellas, “sigue siendo necesario una normativa previa”. No obstante, dejó claro que fuera de este marco el País Vasco “cuenta con numerosos recursos sin necesidad de denuncia previa”, entre los que citó los alojamientos de base y la atención psicológica.
Por su parte, la socialista Gloria Sánchez reiteró que se trata de un asunto de regulación estatal y aseguró que se están dando pasos y que el Gobierno español está trabajando en la modificación de esta normativa en el sentido de lo requerido por la coalición abertzale.
Por último, Laura Garrido (PP+C’s) incidió en la misma idea: “Se debe ser respetuoso con la normativa vigente y con las competencias de cada institución”.