El Parlamento Vasco reclama las políticas pasivas de empleo y deja solos al PP y Vox

Los gobiernos vasco y español siguen trabajando con el objetivo de cumplir letra por letra el Estatuto de Gernika este mismo año, para que las instituciones autonómicas amplíen su autogobierno con la gestión de las 25 competencias pendientes de transferir. Entre ellas, destacan por su complejidad las materias relacionadas con la Seguridad Social y el ámbito laboral, que se enfrentan a los prejuicios políticos alimentados durante décadas desde Madrid y a las resistencias de algunos altos funcionarios y ámbitos sindicales. Pero el Parlamento Vasco, como ya sucedió en 2017, ha dado este jueves un importante espaldarazo a la negociación de una de esas materias, las políticas pasivas de empleo, cuya transferencia ha obtenido un voto a favor transversal y casi unánime de los partidos abertzales y no abertzales, de 67 de los 75 escaños de la Cámara. PNV, PSE, EH Bildu y Sumar cerraron filas en torno a un traspaso que solo rechazaron PP y Vox.

El lehendakari Pradales lleva meses defendiendo que esta transferencia haría posible la puesta en marcha de un sistema integral de empleo. La comunidad autónoma vasca gestiona las políticas activas desde el año 2011, que son las políticas que sirven para incentivar el empleo, es decir, para dar orientación y formación a las personas en paro con el objetivo de que encuentren un puesto de trabajo. Se fomenta su contratación en las oficinas de intermediación laboral (Lanbide). A la comunidad autónoma vasca le falta asumir la otra cara de la moneda, las políticas pasivas, que son las prestaciones y subsidios que cobran las personas mientras están en paro. Según la letra del Estatuto, la comunidad autónoma asumiría la gestión de esas políticas, pero seguiría en manos del Estado la competencia para fijar los requisitos y la cuantía de las ayudas.

El debate en el Parlamento lo impulsó EH Bildu y, de hecho, Sumar registró una enmienda que parecía remitir a esa competencia reguladora estatal para garantizar la igualdad, porque apostaba por mantener el principio de “solidaridad interterritorial” y el “carácter unitario del sistema”. Este es un discurso muy presente en los sindicatos estatales. En cualquier caso, Sumar apoyó la enmienda de PNV y PSE, al igual que EH Bildu, y defendió que hay que cumplir el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika para impulsar un sistema descentralizado. El parlamentario de Sumar es Jon Hernández, del PCE de Euskadi.

Las razones políticas y no jurídicas del PP

Pero el PP votó en contra de este acuerdo, y lo llamativo fue que no empleó razones jurídicas, sino políticas. Es decir, no cuestionó que a la comunidad autónoma le corresponda por ley esa transferencia, sino que la rechazó porque, a su juicio, desde las instituciones vascas se va a gestionar mal porque Lanbide “es un desastre”. De esta forma, su posicionamiento quedó reducido a una defensa del centralismo por principios. E incurrió en una contradicción, ya que defendió que la gestión en manos vascas conllevaría una mayor “burocracia”, pero eso es precisamente lo que se quiere reducir porque, ahora, cualquier persona que quiera encontrar empleo y esté cobrando el paro, se expone a un peregrinaje entre la ventanilla vasca y la ventanilla estatal para hacer trámites y aclararse con quién gestiona cada materia.

Este desmarque choca con el mensaje político que transmite el PP todos los años en octubre cuando celebra el aniversario del Estatuto de Gernika, y se contradice con la defensa de la foralidad. De un tiempo a esta parte, con el objetivo de competir electoralmente con el PNV, el PP está sosteniendo que no sabe gestionar y ese mensaje lo lleva a cuestionar que se asuman competencias. El Gobierno español, en cualquier caso, ahora es socialista, la bestia negra del PP. El resto de grupos no vieron más que una demostración de su dependencia de la ultraderecha de Vox, que por boca de Amaia Martínez despachó el debate con un “ante el vicio de pedir, la virtud de no dar”. El parlamentario del PP que tomó la palabra, por su parte, fue Álvaro Gotxi, exmiembro de Ciudadanos, un dato que quiso poner en evidencia el PNV.

Gotxi aseguró que Lanbide es “un desastre” y que, si cualquier persona en Euskadi necesita empleo, “el último lugar al que acude es Lanbide”. “Lanbide no funciona”, zanjó, para añadir que, en vez de traer iniciativas para “mejorar lo que tenemos”, los grupos traen iniciativas para dar más competencias a quien, a su juicio, no las sabe gestionar. Admitió que el Estatuto contempla que Euskadi puede gestionar “determinados aspectos” de la Seguridad Social, pero no regular cuantías ni legislar, de tal forma que, en su opinión, al resto de partidos les importa “quién gestiona, no cómo”. Auguró “una duplicidad pagada con dinero de los vascos”, y acusó a los partidos de someter a debate una iniciativa que “no es útil para la ciudadanía, sino solo para los políticos”.

La iniciativa aprobada

La iniciativa que aprobó el Parlamento fue la enmienda a la totalidad presentada por PNV y PSE a la proposición no de ley de EH Bildu: “El Parlamento Vasco se ratifica en el acuerdo adoptado el 26 de octubre de 2017, en relación con la transferencia de las políticas pasivas de empleo, y reitera la necesidad de proceder al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, negociando y efectuando también los correspondientes traspasos de las materias contempladas en el Estatuto en materia de políticas pasivas de empleo pendientes de transferencia”. EH Bildu había pedido que el Gobierno vasco enviara en tres meses al Parlamento toda la información disponible y había añadido otras reivindicaciones sobre el marco de relaciones laborales.

Desde el PNV, Markel Aranburu celebró que EH Bildu presente iniciativas para cumplir el Estatuto (en una alusión implícita a las décadas en las cuales la izquierda abertzale minusvaloró este marco de autogobierno), y constató la lejanía con el PP. A Sumar le dijo que primero habrá que acordar la transferencia, y después habrá ocasión de “ver qué políticas acordamos entre todos”.

Desde el PSE, Ekain Rico sorprendió al soltar en la Cámara al PP que “lo que más les jode” es que se caiga el mito de la buena gestión de la derecha, añadió que los socialistas están creando empleo y que “todo el castillo de naipes” del PP se está cayendo. Esta competencia la gestionaría el vicelehendakari segundo, el socialista Mikel Torres. A Pazis García, de EH Bildu, le pareció que lo aprobado se queda corto.