El Parlamento Vasco se ha opuesto a que el Departamento de Salud elabore un plan para que las interrupciones voluntarias de embarazo se realicen en el sistema sanitario público en lugar de en centros privados concertados, donde actualmente se practican el 95 % de los abortos.
EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han llevado este debate al pleno del Parlamento Vasco de este jueves a través de sendas iniciativas y ambos grupos han consensuado una enmienda en la que pedían la puesta en marcha de dicho plan, en un plazo de 6 meses, para el ejercicio del derecho al aborto "en las estructuras del sistema sanitario público vasco".
También reclamaban la creación de un registro de objetores de conciencia en Osakidetza para garantizar el derecho al aborto en el sistema público mediante la reorganización de las estructuras de los facultativos para que en los centros haya el personal adecuado para estas intervenciones.
Su propuesta no ha suscitado el apoyo de ningún otro grupo.
PNV y PSE-EE, con mayoría en la Cámara, han presentado una enmienda a la totalidad que es la que ha salido adelante con sus únicos votos.
Así, la Cámara ha instado al Gobierno vasco a que continúe garantizando el derecho al ejercicio del aborto "en las instituciones y organismos dependientes del Gobierno vasco o con su financiación", es decir, como ocurre ahora con los conciertos con clínicas privadas, donde estas derivaciones son abonadas por Osakidetza.
Tanto María Garde (EH Bildu) como Isabel González (Elkarrekin Podemos-IU) han pedido que se cumpla la reciente reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se aprobó en febrero en el Congreso y que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado, que menciona a los hospitales públicos como centros de referencia para los abortos.
María Garde ha constatado que ahora la norma general es la derivación de estas mujeres a centros concertados en lugar de la excepción y ha puesto en cuestión este afán "privatizador" de los servicios públicos.
Evitar el "acoso" en las clínicas privadas
Isabel González también ha denunciado la privatización de estos servicios y ha considerado necesario realizar la mayor parte de los abortos en Osakidetza, por ejemplo para que las mujeres que van a abortar no tengan que someterse al "acoso" que sufren cuando acuden a las clínicas privadas por parte de grupos contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde los grupos que apoyan al Gobierno vasco, la parlamentaria Maitane Ipiñazar ha dejado claro que en Euskadi está garantizado el derecho al aborto para todas las mujeres y ha defendido que se puedan hacer estas intervenciones en un centro privado. "Eso no es privatizar porque el servicio sigue siendo público", ha subrayado.
Gloria Sánchez (PSE-EE) ha dicho que en la nueva ley se señala que los abortos pueden llevarse a cabo tanto en el sistema público como en el privado acreditado y ha insistido en que el coste y las garantías en estos últimos es asumido por Osakidetza.
Por su parte, Laura Garrido (PP+Cs) ha opinado que a la mujer "lo que menos le preocupa" en esa situación es si el aborto se realiza en un centro público o privado ya que lo importante es que se realice de manera segura e informada, mientras que la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha intervenido en su turno para expresar su opinión.