La estrategia del PP de llevar a los ayuntamientos y parlamentos regionales la posible amnistía a los encausados por el procés para que se pronuncien en contra de la misma ha pinchado en hueso esta tarde en el Parlamento Vasco. Solo la única parlamentaria de Vox ha respaldado la proposición no de ley de los populares, que pedía que la Cámara vasca rechazara “cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito”.
El representante de Ciudadanos se ha abstenido y el PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han votado en contra, lo que suma 66 votos frente a solo 6 a favor. El debate se ha dividido entre el rechazo de los partidos de la derecha a esta medida porque supondría, según su parecer, incurrir en una desigualdad entre ciudadanos; y la condena del resto de formaciones a la gestión que el PP hizo en su día del conflicto catalán y su llamamiento a resolverlo a través del diálogo. El PSE ha advertido: “La amnistía aún no ha sucedido”.
Precio político
El encargado de defender esta iniciativa ha sido el parlamentario popular, antes líder de C’s en Euskadi, Luis Gordillo, que ha definido la amnistía como “el precio político para el mantenimiento de Sánchez en la Presidencia”. La misma supondrá “no solo exculpar centenares de delitos, sino deslegitimar al Estado de Derecho y blanquear y considerar legítima la sedición que se llevó a cabo”. Ha añadido que “para que pudiese haber una amnistía, la Constitución la tendría que recoger expresamente, cosa que no ha hecho”.
La estrategia del PP contra el Gobierno español en funciones incluye la sesión monográfica celebrada hoy mismo en el Senado contra la amnistía, las protestas en la calle que se reproducirán en los próximos días en diversas ciudades españolas y la visita que cursará el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, la semana que viene a Euskadi y Catalunya para promover su propuesta de “autonomismo amable”.
Contador a cero
Tiene complicado, no obstante, que su rechazo a la amnistía llegue a buen puerto en aquellas instituciones en las que no gobierna. Es el caso de Euskadi, donde, en el turno de intervenciones en el Parlamento Vasco, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha defendido que la amnistía supone “poner el contador a cero”. Ha agregado que “al pueblo catalán se le debe una explicación y también a la ciudadanía que ha sido perjudicada”. A su juicio, “el Estado debe asumir su responsabilidad y dejar decidir su futuro a los catalanes”, así como propiciar “una reparación y una petición de perdón”.
El parlamentario del PSE Txarli Prieto ha recordado en primer lugar al PP que la amnistía aún no ha sucedido, no se sabe si se aprobará y de fructificar se desconoce su alance. Ha culpado además a los populares de crear “división y confrontación” entre la ciudadanía, las instituciones y los poderes del Estado, y de “mentir” y “especular” para desviar su alianza con la extrema derecha. Frente a ello, aboga por hacer política orientada a mejorar la convivencia.
Medida útil
El representante de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha defendido que la Ley de Amnistía “es un intento de encauzar política y jurídicamente algo que nunca debió ocurrir” porque “el Estado nunca debió criminalizar, ni perseguir policial, judicial o penalmente reivindicaciones y actuaciones absolutamente legítimas y pacíficas”. Se trata por ello de una medida “útil porque permite abrir paso a una solución política, pacífica y democrática”. David Soto (Elkarrekin Podemos-IU) ha calificado al partido proponente de “hipócrita” porque “desde el año 96 han tenido lugar en este país cuatro amnistías fiscales promovidas por el PP”.
La portavoz de Vox, Amaia Martínez, ha tachado a Pedro Sánchez de “hombre con una ambición sin límites, dispuesto a vender a su país para seguir disfrutando de los privilegios de un presidente”. Desde C’s, José Manuel Gil ha achacado por último la amnistía a “razones utilitaristas, a la necesidad de los votos de un fugado de la Justicia para lograr la Presidencia”.