El Partido Popular pone en duda la imparcialidad del Tribunal Constitucional

Sin tapujos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestiona la neutralidad del Tribunal Constitucional español. “En mi partido tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional, no se lo oculto”, confesó ayer Feijóo en una entrevista radiofónica.

Según afirmó, los motivos de su desconfianza radican en la ideología de varios de sus miembros, en especial, de los que tienen un pasado político. En opinión del presidente del PP, es “absolutamente inmoral” que el tribunal de garantías “esté trufado de dos cargos del gobierno”.

El líder de los populares se refiere específicamente a los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díaz. Como se recordará, el primero fue ministro de Justicia del Ejecutivo de Pedro Sánchez entre enero de 2020 y julio de 2021. La segunda fue asesora del gabinete entre 2020 y 2022.

Subiendo el diapasón, Feijóo llegó a exigir la dimisión de ambos como único modo de restablecer la confianza de su formación en el Constitucional.

Y ni eso sería suficiente para el presidente del PP, que también expresó sus escrúpulos respecto a la máxima autoridad de la institución. “Los antecedentes del presidente del Tribunal Constitucional no me tranquilizan”, remató, en alusión a Cándido Conde-Pumpido, quien fue Fiscal general del Estado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

También Almeida

Casi como si se tratara de una consigna de argumentario, el alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, sembró dudas sobre la neutralidad del TC.

“Es difícil creer en el Tribunal Constitucional en estos momentos, es muy difícil. Ahí hay un variable 7-4, pase lo que pase, sea el asunto que sea, suceda lo que suceda y se tenga que abordar como lo que se tenga que abordar. Y eso yo creo que a los ciudadanos les hace muy difícil, sinceramente, creer en el TC”, aseguro el regidor madrileño unas horas después de que el presidente de su partido hubiera hecho las polémicas declaraciones.

A mayor abundamiento, Martínez-Almeida señaló al presidente del Gobierno español como responsable de la situación que denuncia.

“Yo creo que Pedro Sánchez no eligió a los magistrados del Tribunal Constitucional tanto en orden a sus méritos profesionales como en la capacidad que pueda tener de darle la razón”, conjeturó.

Llama la atención que estas manifestaciones sobre las inclinaciones políticas de los integrantes del Constitucional lleguen una semana después de que, en una de las contrapartidas del pacto para el desbloqueo del CGPJ, el PP eligiera como nuevo magistrado a José María Macías, un jurista de gran perfil ideológico que se ha significado por sus duras críticas al gobierno de coalición de izquierdas.

Hay precedentes

Aunque las declaraciones de ayer martes fueran sincronizadas, no es la primera vez que desde la formación con sede en Génova se haya atacado la objetividad del TC.

En varias ocasiones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han dado a entender que las diferentes resoluciones para varios implicados en los ERE de Andalucía obedecían al sesgo partidista del tribunal.

Aun así, ninguno de los dirigentes llegó tan lejos como el vicesecretario institucional del partido, Esteban González Pons, llegó a calificar al tribunal de garantías como “cáncer del Estado de derecho”, si bien, después retiró el exabrupto.

Las palabras incendiarias de Alberto Núñez Feijóo y de José Luis Martínez Almeida tenían también la finalidad de proporcionar una pista de aterrizaje para la decisión de Génova de no presentar, por el momento, su propio recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.

Según terminó revelando Feijóo, la intención de su partido es impugnar la norma, pero antes quiere dejar “que se desarrollen los acontecimientos”, por lo que agotarán los plazos previstos para registrar el recurso.

Moncloa y Ferraz responden

Ni el Gobierno español ni el PSOE perdieron la oportunidad de afear las palabras del líder de la oposición.

Desde el Ejecutivo, su portavoz, Pilar Alegría, las calificó como “de extraordinaria gravedad y muy preocupantes”. Añadió que no son una novedad porque “ha puesto en cuestión instituciones como la Fiscalía, el Congreso o la Agencia Tributaria”.

Fuentes de Ferraz añadieron que las aseveraciones de Feijóo son “impropias de un jefe de la oposición de un país de la Unión Europea”.