El pleno del Parlamento Europeo ha avalado este jueves mantener un año más el uso del Certificado Covid UE como instrumento para garantizar los viajes sin restricciones de los europeos dentro del espacio comunitario, hasta junio del próximo año, aunque condicionado a una revisión a medio plazo para valorar si la situación pandémica exige mantenerlo en vigor.
La Comisión Europea propuso esta prórroga para evitar que la validez del documento caducara este mes junio, a las puertas del periodo vacacional, tras constatar que la presencia del coronavirus en los países de la UE es alta.
El certificado permite a su titular demostrar que cuenta con la pauta completa de vacunación necesaria para viajar sin restricciones, que ha superado la enfermedad recientemente y tiene anticuerpos o que cuenta con una prueba diagnóstica que certifica que en el momento del viaje no plantea un riesgo.
Los Estados miembro aceptan este certificado para facilitar los viajes dentro de la Unión Europea dado que no se exige a sus titulares ninguna medida más que el certificado en vigor para entrar en el país, por ejemplo un nuevo test a su llegada o el respeto de una cuarentena.
Con la posición de los eurodiputados fijada, la Eurocámara podrá ahora iniciar las negociaciones con los Veintisiete para acordar las condiciones de la prórroga, aunque se espera un acuerdo rápido porque no es un expediente problemático.
Además de extender la validez del mecanismo hasta el 30 de junio de 2023, los cambios también permiten a los Estados miembros emitir certificados basados en nuevos tipos de test de antígenos.
Los eurodiputados enmendaron la propuesta de la Comisión para dejar claro que los Estados miembros deberán evitar restricciones adicionales a la libertad de movimiento de los titulares de un Certificado COVID de la UE, a no ser que sean absolutamente necesarias.
De serlo, deberán ser limitadas y proporcionales, basadas en el análisis científico del Centro europeo para el control y la prevención de enfermedades y la Comisión de seguridad sanitaria.
También piden que Bruselas evalúe si el sistema es necesario y proporcionado seis meses después de su prórroga, de modo que pueda quedar eliminado en caso de que la situación epidemiológica lo permita.