Un tenso compás de espera se ha adueñado de las vidas de decenas de vecinos del barrio donostiarra de Gros. Como si de una guerra psicológica se tratara, van recibiendo notificaciones a cuentagotas del fondo buitre Azora en las que se les informa de la finalización de sus contratos de arrendamiento, con la obligación de abandonar sus viviendas. No hay posibilidad de renovación.
Por el momento son ya nueve los inquilinos que han recibido burofaxes para dejar su piso entre el miércoles que viene y el 31 de diciembre. “No sé cuándo recibiremos la carta. En marzo termina nuestro contrato de alquiler. Utilizan los plazos a su criterio”, denuncia Lola Roncal, una de las treinta familias que pueden verse afectadas en los próximos meses.
Se trata de vecinos y vecinas con fuerte arraigo en el barrio. Muchas de ellas llevan residiendo desde hace dos décadas en Gros, donde la irrupción de estos fondos de inversión en Donostia amenaza con cambiar paulatinamente el paisanaje de la ciudad, con el latente problema de emergencia habitacional que tiene.
Se da la circunstancia de que no son precisamente bajos los alquileres que están abonando. Los inquilinos de las fincas del número 2 de Segundo Izpizua, Berminghan 1 y Zabaleta 55 pagan rentas de entre 1.400 y 1.800 euros. “Azora tiene beneficios, pero quiere más”, denuncian los vecinos, que se preguntan hacia qué modelo de ciudad avanza Donostia “si no tiene en cuenta a sus habitantes”.
Inquilinas de renta antigua
La madre de Jagoba es una de las catorce inquilinas de renta antigua en estos edificios que, por ley, no puede ser expulsada. Pese a ello, vienen recibiendo presiones para que abandonen los inmuebles. “¿Cómo es posible que un fondo buitre tenga las manos libres para echar a la calle a personas mayores? El Ayuntamiento tenía que haber intervenido antes para evitar que esta banda de piratas entre en la ciudad sin ningún permiso”, señala el hijo de esta vecina.
Todos, por uno u otro motivo, se encuentran viviendo una situación de incertidumbre, agravada por la falta de un adecuado mantenimiento de los inmuebles. Roncal, que llegó al piso hace 25 años con sus tres hijos pequeños de la mano, se encuentra en lo que desde el punto de vista contractual se llama “tácita reconducción”. Una vez finalizado el contrato inicial, su relación de arrendamiento es una especie de prórroga, a expensas del incierto desenlace a manos del fondo buitre.
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“Todos los contratos se iban actualizando sin problemas. Nos decían que invirtiéramos en la vivienda, que íbamos a poder quedarnos toda la vida; hasta que entró Azora hace dos años”, cuenta. Encontró por aquel entonces un piso “en el que no había ni calefacción” y se ha dejado una importante suma de dinero en su remodelación.
En enero de 2020, el Fondo de Inversión Azora compró todos los inmuebles de Inmobiliaria Vascongada en Donostia. Los tres máximos accionistas, con el 97,64% del capital, son empresas radicadas fiscalmente en los País Bajos. “Este fondo, ni genera empleo en nuestra ciudad ni paga impuestos por las potenciales plusvalías obtenidas en la venta de sus inmuebles en el País Vasco”, denuncia Rosa García, portavoz de Stop Desahucios en Gipuzkoa. Expone como ejemplo la venta del edificio de Igentea 2 “para promociones en Sevilla y Madrid”.
Las VPO de Benta Berri desprotegidas en 2028
La situación de estos inquilinos de Gros dirige la mirada a fondos buitres que están poniendo contra las cuerdas a un número creciente de vecinos de Gipuzkoa. El máximo exponente es el parque de 540 viviendas protegidas en Benta Berri, en manos de Blackstone, cuyas prácticas ha llegado a condenar la ONU, debido a unos incrementos de rentas inasumibles.
Las de Benta Berri son viviendas de protección hasta 2028. Conforme se acerca la fecha acordada, crece el interrogante sobre el desenlace para sus moradores. Se trata de tres bloques de alquiler. Una promoción especial y singular a todas luces. Se levanta en suelo público pero se concertó con dos empresas privadas. Por sus características, no guarda relación con el resto del parque inmobiliario vasco. Los inquilinos pagan los alquileres más elevados del Estado, teniendo en cuenta que se trata de VPO. Una media de 800 euros.
Quedar en manos de fondos buitre es algo que también salpica a titulares de préstamos hipotecarios. Stop Desahucios de Euskadi compareció el 15 de noviembre en el Parlamento Vasco para explicar las "graves consecuencias" de la venta por Kutxabank de las hipotecas morosas judicializadas de familias vascas en situación precaria al fondo Zima-Finanes, con sede en Dublín.
Casos como el de Sandra, una donostiarra con dos hijos menores cuyos aitas avalaron con su vivienda pagada el préstamo para la compra de un local, son ejemplo de la alarma social que ha suscitado esta nueva situación entre las familias que no han podido pagar las cuotas.
Situaciones que, como dice García, supone entregarse a inversores internacionales que nada tienen que ver con Gipuzkoa. En el caso de Azora, el fondo buitre tiene en la actualidad 23 viviendas vacías, una cifra que aumenta sigilosamente desde que el fondo irrumpió en Donostia con la compra de Inmobiliaria Vascongada, propietaria de 321 viviendas en régimen de alquiler en los barrios de Gros y Amara.
Juego "especulativo"
No se ha firmado ningún contrato nuevo desde febrero de 2020. “Yo cuando entré en 2018 lo hice bajo el régimen de piso compartido. Ahora vivo con mi pareja. En enero vamos a tener familia y el contrato de alquiler finaliza en febrero. No sabemos lo que sucederá”, cuenta Ester, otra inquilina de Gros que pide que “Donostia no caiga en el juego especulativo que han caído otras ciudades del Estado”.
Solo una de cada seis personas que busca emanciparse gana lo suficiente para hacerlo en Gipuzkoa. Desde la crisis económica de 2008, las prioridades de la ciudadanía se han modificado y la opción del alquiler se ha multiplicado por seis en la última década.
Actualmente, 115.000 familias vascas viven en régimen de alquiler, y sigue siendo precisamente Donostia la ciudad con los precios más elevados. “Tal y como está el mercado inmobiliario, al menos necesitamos una prórroga para buscar una vivienda digna”, indica Mikel Etxagibel, otro de los vecinos afectados del barrio de Gros, que durante esta semana ha solicitado al Ayuntamiento de Donostia que intermedie para que Azora renueve por siete años los contratos que van expirando, “cumpliendo así la promesa que hizo el fondo al alcalde Eneko Goia”.
¿Qué valor aporta a Euskadi, a Donostia, expulsar a los vecinos de sus inmuebles de Gros?, se pregunta Stop Desahucios. “Esta actuación ni genera empleo, ni paga impuestos y el único impacto es seguir hinchando la burbuja inmobiliaria de la ciudad”, denuncia la plataforma. A ojos de esta organización, no es más que un modo de incrementar los “ya excesivos precios del alquiler con la construcción de viviendas de lujo en las tres fincas que se pueden vender al mejor postor”.