La Unión Europea activó un paquete de ayudas millonarias para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus, los fondos Next Generation, que en la práctica han dejado una sensación agridulce y de oportunidad perdida en el PNV, porque el Estado español ha centralizado su aplicación y no ha permitido una gestión directa por parte de Euskadi. Ha tenido como resultado una cascada de críticas contra su excesiva burocracia y un planteamiento muy engorroso para las empresas (de los fondos que ha recibido el Estado, solo ha llegado al sector empresarial el 26%). El chorro de la manguera era muy potente, pero muchas veces ha regado fuera del tiesto, inyectando dinero en proyectos que no eran estratégicos y sin aprovechar el conocimiento que tienen las instituciones más cercanas sobre las necesidades de sus territorios. Ese modelo de gestión, sin embargo, podría extenderse ahora a todos los fondos europeos, también a los estructurales, porque la propia Unión Europea ha cambiado su criterio tradicional y quiere simplificar los 530 programas existentes a solo 27, uno por cada Estado.
Es un plan que deja muy comprometida la capacidad de influencia de los territorios, es decir, la participación directa de las entidades subestatales en el reparto del dinero. Además, pretende condicionar la entrega de los fondos a que los estados cumplan una agenda legislativa de reformas, como en los fondos Next. Por ahora, es solo una idea de la presidenta Ursula von der Leyen, pero el PNV ha alzado la voz para exigir al presidente español, Pedro Sánchez, que ponga pie en pared y lo rechace en sus conversaciones con las autoridades europeas. Estas intenciones han puesto en guardia también al Comité de las Regiones europeas, y al PP, aunque paradójicamente pertenezca a la misma familia política que Von der Leyen.
La presidenta de la Comisión dejó caer sus intenciones en una intervención en el Parlamento Europeo en julio. En paralelo, se han producido filtraciones a Financial Times, y la agencia Efe terminó publicando un extracto de ese nuevo plan para los fondos. Al parecer, la intención es simplificar los Presupuestos. Y, en concreto, se quiere promover esta reflexión en el contexto del Marco Financiero Plurianual para 2028-2034, que ya está siendo debatido. La presidenta de la Comisión quiere convertir los 530 programas que abordan las estrategias de las regiones o las distintas políticas sectoriales en un solo bloque monolítico por cada Estado. Es decir, solo habría 27 planes en toda la Unión Europea, uno por cada Estado. Dentro de ese gran plan por cada Estado, habría capítulos específicos dedicados a la energía, la agricultura o las inversiones territoriales. Y, además, se quiere condicionar la recepción del dinero al cumplimiento de una serie de reformas.
Volantazo en Bruselas
Este es un cambio total de paradigma. Basta con recordar que, hasta la fecha, cuando el PNV exigía la gestión directa de los fondos Next, ponía como ejemplo la experiencia de los fondos Feder, donde el Estado decide el destino del 65% del dinero, y el otro 35% lo canaliza Euskadi con su propio plan operativo. Pero, con el cambio de tercio de Von der Leyen, esta capacidad de influencia queda totalmente en el aire o reducida a la mínima expresión. La nueva propuesta entra en contradicción con los propios principios de la Unión Europea, como el criterio de la subsidiariedad para implicar a los gobiernos subestatales como entidades más cercanas a la ciudadanía, o su idea de que las regiones y territorios fueran “convenientemente consultados e implicados” en la gestión de los fondos Next Generation.
El Gobierno español había encontrado incluso la forma de sortear esas exigencias con los fondos Next, ya que convocaba conferencias sectoriales para escenificar que implicaba a los territorios, aunque la capacidad efectiva de decisión por parte de las comunidades autónomas no ha sido tal. Si en el futuro ni siquiera va a existir una recomendación europea a la que aferrarse, el reparto se va a poner muy difícil para los territorios.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Los avisos en contra
Si la reforma prospera, el nuevo criterio se impondrá en fondos tan estratégicos como la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común, con la relevancia que tiene este asunto para los siete herrialdes. El marco presupuestario europeo para los próximos años va a mover más de un billón de euros. Este modelo de gestión se tiene que negociar entre los estados y en el Parlamento, lo que supone que no es una idea definitiva ni está grabada en piedra. De ahí que el PNV haya lanzado el primer aviso a Sánchez para que, en sus conversaciones con las autoridades comunitarias, defienda desde el primer momento una posición contraria a la reforma.
“Ni se le ocurra respaldar esta idea”, avisaba el jeltzale Aitor Esteban a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Esteban reclamó al socialista que se oponga a este planteamiento, porque al PNV le preocupa que se quiera borrar de un plumazo el papel de las comunidades autónomas. Los jeltzales se temen ya un control absoluto de los fondos, porque habrá un solo plan y, para más señas, se va a condicionar al cumplimiento de un plan legislativo.
En algunos ámbitos ven venir que el Estado se reservaría todo el poder de decisión sobre el reparto porque, ya que tendrá que cumplir unas reformas, por lo menos querrá que le merezca la pena y que el dinero vaya allí donde le interesa. En otros ámbitos del Estado, por el contrario, se le quita hierro, al menos a corto plazo, porque todavía se están aplicando reformas exigidas por los fondos Next y piensan que la situación no cambiaría demasiado.
El presidente del Comité de las Regiones, Vasco Alves Cordeiro, también quiso hacer constar hace unos días su “rechazo inequívoco y sin paliativos” a este plan porque “suprimiría la participación de las regiones y ciudades”. El PP, por su parte, pedía esta semana que se arroje algo de luz sobre las intenciones reales de la Comisión Europea.
Por razones adicionales, el PP lleva meses convirtiendo la gestión de los fondos en un ariete para desgastar a Sánchez, porque el reparto centralizado deja además a sus presidentes autonómicos sin la opción de convertirse en un contrapoder a su gestión. “Reducir el Presupuesto o romper con el principio de asociación y gobernanza multinivel perjudicaría la cohesión en Europa”, denunciaron desde el PP, para añadir que “no sería aceptable que las autoridades centrales gestionaran directamente los fondos regionales, especialmente a la luz del fracaso del Gobierno de Sánchez en la ejecución de los fondos Next Generation, caracterizada por su baja ejecución y la falta de consideración hacia los gobiernos autonómicos”.