El plan de regeneración del Gobierno español incluye la reforma de la ley de Secretos Oficiales y de la ley Mordaza

El Consejo de ministros ha dado luz verde este martes al largamente esperado Plan de Regeneración Democrática anunciado por Pedro Sánchez tras su periodo de reflexión al que le llevó la imputación de su esposa Begoña Gómez.

Ley de Secretos Oficiales

El llamado Plan de Acción por la Democracia incluye reformas largamente reivindicadas por los grupos parlamentarios, entre ellas, la remodelación de la ley de Secretos Oficiales que ha venido reclamando el PNV desde hace años. Sin embargo, el texto aprobado no profundiza en los cambios que se afrontarán, sino que se limita a aconsejar reformar la ley para adaptarla a los estándares democráticos actuales dado que la legislación actual fue data de 1968 y fue aprobada en plena dictadura franquista.

Ley Mordaza

Lo mismo sucede con la ley Mordaza. El Plan de Regeneración incide en la necesidad de reformar la actual legislación, aunque sin incluir muchos más detalles, más allá de que se modificará su artículo 36 que permite sanciones contra los periodistas por su labor al cubrir ciertas actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Delito de injurias

El Plan de Regeneración Democrática llega tras un acuerdo entre PSOE y Sumar y el diálogo con los distintos grupos parlamentarios y las formaciones que forman el Gobierno de coalición español han querido dar una imagen de unidad presentando sus propuestas de forma conjunta. Así junto al ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido el responsable de la cartera de Cultura, Ernest Urtasun, quien se ha mostrado especialmente complacido con la reforma del Código Penal en el capítulo que atañe al delito de injurias a las instituciones del Estado, incluida la Corona, o a los sentimientos religiosos o el escarnio público, una de las principales demandas de Sumar .

Reformar el reglamento de las Cortes

Para reforzar la transparencia del sistema legislativo y electoral, el plan propone cambiar el reglamento de las Cortes para que sea obligatorio que el Debate sobre el Estado de la Nación se celebre cada año; o cambiar la ley Electoral para que los candidatos tengan que acudir de forma obligatoria a los debates electorales. Con el mismo objetivo de aportar transparencia, el plan prevé hacer obligatorio que las encuestas publicadas en periodo electoral tengan que hacer público los microdatos del sondeo. Además, la propuesta propondrá sanciones para las formaciones políticas que no hagan públicas sus cuentas o para los diputados o senadores que no aporten su declaración de bienes.

Medidas para la prensa

El segundo eje del plan se centra en lograr mayor transparencia n el área de los medios de comunicación, por lo que entre las medidas a aprobar se contempla que el Gobierno tenga publicar anualmente la inversión publicitaria de las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación", garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios que realicen su actividad íntegramente en lenguas cooficiales.

El acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar apuesta por limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, "para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas", y revisará además el marco regulatorio para "garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación".

Los medios de comunicación deberán informar puntualmente de la identidad de sus propietarios así como la procedencia de la publicidad que reciban. La CNMV supervisará el cumplimiento de esta premisa.

Abiertos a la negociación

Todas estas medidas deberán ser ratificadas en las Cortes por lo que tanto la parte socialista del Gobierno español como la de Sumar se han mostrado dispuestos a negociar y a incluir en el Plan de Regeneración la aportación de restos de grupos. El ejecutivo espera que todas las medidas estén en marcha antes de que termine la legislatura.