El PNV enmienda la Ley de Familias por choque competencial

La Ley de Familias estatal, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, apunta a otra probable invasión competencial para las comunidades autónomas, en la línea de lo que puede ocurrir también con la norma de Vivienda que previsiblemente se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados.

En esa línea, el PNV fue el primero de los grupos parlamentarios en presentar ayer lunes en la Cámara Baja su enmienda a la totalidad a esta norma aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de marzo.

PP y Vox deslizan que harán lo mismo próximamente, mientras que ERC amagó durante todo el día de ayer lunes con presentar también la suya debido al riesgo de choque competencial, pero se desdijo después debido a un compromiso por parte de Moncloa de “blindar las políticas hechas en Catalunya”.

El plazo para la presentación de vetos culminaba ayer por la tarde, pero fue ampliado in extremis tras acordarlo así socialistas y populares.

En una nota de prensa, el Grupo Vasco en el Congreso critica que, de aprobarse la norma tal y como está redactada ahora, las comunidades autónomas se convierten en “meras ejecutoras” de las políticas dictadas por el Estado español.

Por ello, los jeltzales enmiendan la norma a la totalidad para que el proyecto sea devuelto al Gobierno español, asegurando que la propuesta legislativa de la ministra Belarra supone “una suerte de desmantelamiento del orden de reparto de competencias previsto en la Constitución y en los estatutos de autonomía”.

Creen en el PNV que la “obvia finalidad” de la Ley de Familias es “condicionar, dirigir y controlar las funciones legislativas y, fundamentalmente, las ejecutivas sobre las que el Estado no tiene competencia”. Es decir, un nuevo riesgo de invasión competencial en la CAV y Nafarroa.

“El proyecto de ley dispara los títulos competenciales de los que el Estado ha hecho uso para su dictado”, añaden los jeltzales, que recuerdan que los únicos preceptos de “indubitada” competencia estatal son los relativos a la regulación laboral.

Más a fondo, el proyecto de ley da “una serie de instrucciones” y ordena a las autonomías la forma en la que tienen que actuar en esta materia, lo que supone una “transformación de sus competencias exclusivas en simples competencias de ejecución o complementarias, impidiéndoles el ejercicio de su autonomía política, tal y como se contempla en el bloque de constitucionalidad”.

Esa una postura similar se movían en Esquerra, cuya secretaria general adjunta, Marta Vilalta, aseguraba ayer lunes por la mañana que es una ley que “invade” competencias de la Generalitat; para luego cambiar de postura y renunciar al veto a la totalidad tras fiarse de un compromiso arrancado al Gobierno español que habla de “blindar” las competencias catalanas.

Tramitación de urgencia

El Gobierno aprobó el pasado 28 de marzo el proyecto de ley con la intención de que pueda entrar en vigor esta legislatura y la remitió al Congreso, que acordó tramitarla por procedimiento de urgencia.

La nueva ley, que incorpora la directiva europea de conciliación de 2019 que el Estado español está obligada a trasponer, incluye, entre otras cosas, tres nuevos permisos para el cuidado de familiares o convivientes, asimila las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas y reconoce los diferentes tipos de familias; como adoptivas, reconstituidas, LGTBI, con algún miembro con discapacidad, múltiples o acogedoras.

El proyecto fue remitido finalmente al Congreso sin la prohibición del pin parental después de que el departamento de Ione Belarra retirara esta medida por recomendación del Consejo de Estado.