El presidente español, Pedro Sánchez, asumió un compromiso por escrito en su pacto de investidura con el PNV que suponía "mantener una comunicación fluida con el Gobierno vasco en aras de evitar la judicialización de las discrepancias, que debe ser sustituida por el acuerdo político". La forma de gestionar la pandemia del coronavirus en las últimas semanas entra en contradicción con ese punto, el segundo de un total de doce. Sánchez únicamente ofrece al lehendakari el recurso al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo para tratar de recuperar medidas como el toque de queda nocturno, y no contempla activar una solución política, una reforma legislativa o un marco de seguridad que permita a ciencia cierta a las comunidades autónomas activar medidas para frenar la ola joven del coronavirus.
La diputada jeltzale Josune Gorospe ha leído este viernes textualmente ese punto del acuerdo, y también el que obliga al presidente a dar a conocer al PNV con antelación las iniciativas que vaya a llevar al Congreso de los Diputados, y alcanzar un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia. "Eso no ha pasado con el decreto de la mascarilla ni con otros", lamentó, sin entrar a calificar este hecho como un incumplimiento o hacer sangre con él, pero sí dejando constancia de que esto se debe reconducir.
Estos dos puntos son precisamente los que encabezan el pacto firmado el 30 de diciembre de 2019 por Sánchez y Andoni Ortuzar. Fueron detallados por Gorospe en Onda Vasca y explican el resultado de la votación del miércoles. El PNV se abstuvo en los decretos que relajan el uso de la mascarilla al aire libre y que tratan de reducir el número de interinos, dos asuntos donde solo hubo una negociación en el último momento y, además, se vuelve a recurrir a la figura del decreto que limita las opciones de influir e impide presentar enmiendas. Solo se pueden reconducir a posteriori, durante la tramitación como proyecto de ley.
RECONDUCIR EN SEPTIEMBRE
De ahí la delicada situación a la que ha llevado Sánchez su relación con los jeltzales en puertas de negociar los Presupuestos para 2022. Y llueve sobre mojado, porque el partido de Andoni Ortuzar ya arrastraba su malestar por el bloqueo en el traspaso íntegro del Ingreso Mínimo Vital, la licitación de las obras para el soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada en Bilbao y Gasteiz, el reparto de los fondos europeos o la tardanza en convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico. El portavoz Aitor Esteban ya trasladó en persona al ministro Bolaños en su conversación telefónica del jueves que debe producirse un cambio de actitud y el Gobierno español tiene que dejar de comportarse como si tuviera mayoría absoluta. Espera que la reunión en septiembre sirva como punto de inflexión para reconducir esta actitud.
Gorospe abundó en que "la judicialización de la política, en todos los órdenes, es mala; y en la estrategia de respuesta a una emergencia sanitaria, más aún". "Es lamentable que no exista una respuesta política para que en ese ámbito se pueda dar un paraguas de seguridad jurídica para las comunidades autónomas, para que no estén al albur de las decisiones de los tribunales", zanjó. Sánchez dejó caer el estado de alarma el 9 de mayo sin activar un paraguas alternativo que permitiese a las comunidades autónomas mantener las restricciones. Ofreció como única vía el recurso a los jueces, que han emitido decisiones contradictorias y han sido especialmente poco receptivos en Euskadi. Esta situación ha dejado al lehendakari con un margen de maniobra escaso. Ha adelantado el cierre de la hostelería a la 1.00 de la madrugada y ha reducido aforos, pero ha tenido que apelar a la voluntad de cada uno al proponer que no haya movilidad entre la 1.00 y las 6.00 horas.
Urkullu también ha rechazado acudir a la vía judicial para un asunto que cree cuestión de voluntad política y sentido común, y en la situación actual no es previsible que cambie de idea, aunque no puede poner la mano en el fuego por si la situación se tornara dramática a nivel sanitario. Dice que ha sondeado a comunidades como Cantabria, Aragón, Castilla y León y Nafarroa sobre las decisiones judiciales contradictorias. Por otro lado, el Supremo ha avalado el confinamiento de un pueblo andaluz y está por ver si es extrapolable a otros casos.
EL ACUERDO
Gorospe recordó que el primer punto del acuerdo compromete al Gobierno PSOE-Unidas Podemos a "mantener una comunicación fluida y constante con el PNV dando a conocer con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar, comprometiéndose además a llegar a un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia". Añadió el segundo punto, el ya mencionado sobre la judicialización.
Pero hay más, y Gorospe se refirió también a las transferencias, que aparecen en el tercer punto del acuerdo. El pacto asegura que en 2020 se debía proceder a la negociación y traspaso de las competencias pendientes, aunque la pandemia del coronavirus ha contribuido a retrasar unas conversaciones ya de por sí complicadas. Gorospe pidió a la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que "se ponga las pilas". "Tiene que dar respuesta y prioridad a este tema", alentó.