El PNV avisa a Sánchez de que los decretos ómnibus complican el visto bueno de sus socios

Las primeras medidas que está poniendo sobre la mesa Pedro Sánchez en su nueva legislatura vuelven a tomar la forma de los macrodecretos o decretos ómnibus, es decir, incluyen en un mismo paquete iniciativas de la más diversa naturaleza en un documento de cientos de páginas que, sin embargo, se tiene que aprobar o tumbar al cabo de un mes en el Congreso de los Diputados como un todo, en bloque en una sola votación, una aspiración que no tiene en cuenta que sus socios no comparten algunos de sus puntos. Esta práctica ya fue habitual en la pasada legislatura estatal, pero ahora, en una etapa donde el Gobierno español sí necesita los votos de todos sus aliados en todas las votaciones, comienzan a surgir tensiones de alcance para la estabilidad del mandato del socialista. El burukide del área institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha avisado este martes de que el Ejecutivo debería “no intentar llevar al Congreso medidas ómnibus con muchas decisiones en un solo proyecto a ratificar, porque eso complica absolutamente los votos y las posibilidades de que las medidas salgan adelante”. En la entrevista concedida a Onda Vasca, aludió de manera lacónica a “algún problema” con Junts y con el propio Podemos, de tal manera que no se sabe si terminarán ratificando las medidas en el Congreso. Recomienda un ejercicio de negociación y simplificación de decretos.

¿A qué se refería Mediavilla? El jeltzale hace esta reflexión tras la advertencia que ha lanzado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, sobre el decreto 6/2023. Es un decreto que incluye medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo pero que, en un movimiento poco transparente que a Junts le parece un ejercicio de picaresca, recoge un apartado sobre las cuestiones prejudiciales europeas. Ese apartado se interpreta en el soberanismo catalán como una percha para que el Tribunal Supremo paralice la aplicación de la Ley de Amnistía del procés. En concreto, se modificaría la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, cuando un tribunal “estima que para poder emitir su fallo” resulta “necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión”, pueda plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y supondrá la “suspensión de las actuaciones” mientras tanto. Esta suspensión afectaría a todos los procedimientos que se incoaran sobre la misma temática. Este punto no cita la amnistía y no es fácil de detectar a simple vista en un documento de 170 páginas.

Este decreto se publicó el 20 de diciembre en el BOE y debe ratificarse en un mes. La solución para evitar la caída del decreto podría consistir en tramitarlo como proyecto de ley para que Junts pudiera enmendar esos puntos. Este decreto es el que dio la percha para la desanexión de Usansolo, porque recoge también entre sus páginas la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que rebaja a 4.000 habitantes el nivel de población exigida para constituirse en municipio, frente a los 5.000 que se requerían hasta la fecha. Si el decreto cayera, ¿se tumbaría la desanexión de Usansolo? No parece que vaya a tener consecuencias en este caso y se descarta que esté en riesgo. Ese punto del decreto entró en vigor de inmediato y es el que ha permitido ya la inscripción de Usansolo en el Registro de Entidades Locales y convertirse en el municipio 113 de Bizkaia. Desde la Diputación de Bizkaia se considera que esta inscripción es “definitiva”, y lo único que se dirime en estos momentos es la distribución de bienes, deudas o prestación de servicios en una comisión arbitral entre los ayuntamientos de Usansolo y Galdakao.

Junts ha avisado a Sánchez de que puede perder sus siete votos en lo que queda de legislatura si no corrige lo referido a las cuestiones prejudiciales, pero en el caso concreto de Usansolo no parece que la polémica vaya a tener efectos prácticos. Sí lo puede tener en otros puntos y, de todos modos, el PNV lanza una reflexión para evitar este tensionamiento innecesario, donde el resultado sí podría ser más dramático con otros socios o incluso en el futuro para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Desde el Gobierno español esperan que sea una tormenta en un vaso de agua y reducen lo sucedido a una transposición de la legislación europea, una especie de armonización que no anularía lo dispuesto en la Ley de Amnistía que se está tramitando y que da carácter preferente a resolver esos casos sin posibilidad de suspenderlos con recursos. Desde algunos ámbitos se ha señalado que las dudas van más allá y que hay otros puntos en los decretos que afectan a los sistemas digitales de las comunidades autónomas. Junts, por lo pronto, votará en contra de este y otros decretos. Por ahora, están sobre la mesa este, el que incluye la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, y el de medidas anticrisis.

"Agudizar la negociación"

En este contexto tan agitado, Mediavilla constató en una reflexión general, sin citar este caso en concreto, que el Gobierno español necesita el apoyo no solo del PNV, sino del resto de socios, algo “complicadísimo” que va a ser la “cuadratura del círculo” y exige responsabilidad y moderación a todas las partes. “Una medida puede gustar a una formación, y a otra no. Hay que andar con pies de plomo y ser realista con los planteamientos”, dijo, en alusión al propio PNV, que va a defender los intereses de Euskadi para que se cumplan los compromisos firmados pero “sin maximalismos”. También le puso deberes a Moncloa, y ahí es donde entró su reflexión crítica con los decretos ómnibus.

“Lo que sí vemos es que debería hacerse un ejercicio por parte del Gobierno español de no intentar llevar al Congreso medidas ómnibus con muchas decisiones en un solo proyecto a ratificar, porque eso complica absolutamente los votos y las posibilidades de que las medidas salgan adelante. Ya hay algún problema suscitado con Junts”, dijo, para añadir también a Podemos, a quien “algunas medidas no le gustan y no sabemos si terminarán ratificándolas en el Congreso”.

“Hay que agudizar la capacidad de negociación, de diálogo e intentar simplificar los procedimientos y las medidas que se presentan”, concluyó. Por ahora, el PNV ha dado señales de estar satisfecho con el ritmo de cumplimiento de los acuerdos por parte de Sánchez, más diligente que en la anterior legislatura por pura necesidad. Sin embargo, estos deslices en cuestiones de forma y con los macrodecretos han provocado un repunte del descontento entre otros socios, igualmente necesarios para la estabilidad de su mandato.