"Es una mala y pésima noticia desde nuestro punto de vista y lo acogemos con disgusto". Así de clara ha sido la diputada del PNV en el Congreso Josune Gorospe tras la sentencia emitida ayer por el TSJPV. "Es un desafortunado dictamen y nos sorprende que sea el TSJPV quien diga cómo debe calificarse el terreno", critica. Lamenta además la pérdida que supone para los y las donostiarras. "Desde luego quien más va a perder es cada una de las personas que vive en Donostia porque el planteamiento buscaba mejorar la calidad de vida", aclara.
El PNV lleva mucho tiempo negociando con el Ministerio de Defensa la venta de los terrenos pero el acuerdo no terminaba de cerrarse. "Desde luego fíjese que oportunidad de desarrollo se pierde la ciudad", insiste Gosope. "Es una pena y una desgracia si esto no puede cambiarse"
Todo apunta a que el Ayuntamiento de Donostia presentará recurso ante esta decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha sorprendido sobremanera al Consistorio.
El TSJPV estima el recurso de Vox e impide una demolición
El tribunal vasco ha estimado parcialmente un recurso de Vox y ha ordenado la inclusión de los cuarteles de Loiola como edificios protegidos en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (PEPPUC), lo que impediría su demolición.
Esta resolución acaba con los planes del Ayuntamiento que después de años de negociaciones estaba a punto de cerrar la adquisición de las 20 hectáreas en las que se asienta el cuartel militar, donde proyectaba un desarrollo urbano de entre 1.600 y 2.000 viviendas.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal vasco ha estimado parcialmente un recurso de Vox contra el acuerdo municipal del 25 de marzo de 2021, en el que se aprobó definitivamente la revisión del PEPPUC, en el que no se incluyeron los cuarteles.
Vox consideró en su recurso que el conjunto arquitectónico del acuartelamiento reúne los requisitos establecidos por el propio PEPPUC para ser protegidos y aportó dos informes de profesionales de la arquitectura para demostrarlo.
Tras estudiar estos informes y las alegaciones del Ayuntamiento, el tribunal sostiene que los cuarteles "cumplen los criterios sentados en el PEPPUC para ser protegidos, si bien no en la forma reclamada en el escrito rector de demanda", que pedía el máximo grado de protección.
En los últimos meses, el Gobierno español se había abierto a negociar la venta de esta parcela de unas 20 hectáreas, hasta el punto de que el alcalde actual, Eneko Goia (PNV), habló el pasado mes de que faltaban "varios detalles", de carácter económico, tributario y jurídico, entre otros, para cerrar el acuerdo.
La sentencia puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo contencioso administrativo el Tribunal Supremo y ante la propia sala del TSJPV.
