El PNV defenderá este jueves la legalidad de la normativa local sobre el euskera

El PNV defenderá este jueves en el Parlamento vasco "la legalidad" de la normativa que regula el tratamiento del euskera en los ayuntamientos de Euskadi, tras las últimas sentencias de los tribunales en su contra, mientras que el PSE-EE apelará al "absoluto respeto al poder judicial" y abogará a seguir garantizando el derecho a "un trabajo decente, estable y seguro".

Jeltzales y socialistas, socios en el Gobierno Vasco, han presentado por separado sendas enmiendas a la totalidad a la moción de EH Bildu en la que denuncia "la ofensiva contra el euskera" de los tribunales, a dos días de la manifestación convocada por Kontseilua en Bilbao, a la que la formación soberanista llama a sumarse.

El PNV, en su enmienda a la totalidad, manifiesta su "firme defensa", tanto de la Ley de Instituciones Locales, aprobada en 2016 "con un amplio consenso político, como de la competencia y capacidad de las instituciones para ordenar su actividad".

En su texto emplaza al Gobierno Vasco a defender el Decreto de normalización del uso de las lenguas oficiales en las instituciones locales, incluidos los artículos sobre el euskera anulados, "utilizando para ello todos los medios jurídicos de que dispone y todas las posibilidades que ofrece el ámbito de la Justicia".

También insta a "profundizar en el apoyo necesario" a las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma "para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, para que el euskera sea progresivamente lengua de trabajo", así como a aumentar "el desarrollo de políticas lingüísticas adecuadas para seguir dando pasos en la normalización y revitalización del euskera", con el objetivo de lograr "un bilingüismo equilibrado".

Tras animar a "seguir alimentando la adhesión y el amplio consenso social con el euskera", pide a todas las instituciones públicas que profundicen en "garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía".

También hace un llamamiento expreso a los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, "a mantener su trabajo y compromiso de los últimos 40 años en la normalización del uso del euskera y, en particular, en el ámbito de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, sin el cual sería imposible estar en la situación lingüística en la que nos encontramos".

Por último, los jeltzales solicitan al personal público que mantenga "el esfuerzo que realiza, tanto a través del aprendizaje del euskera como del refuerzo de su uso, con la misma responsabilidad y compromiso con la promoción" del uso de esta lengua que ha tenido hasta ahora, "respetando los derechos lingüísticos de la ciudadanía y cumpliendo el mandato de la sociedad".

RESPETO AL PODER JUDICIAL

Por su parte, en su enmienda, el PSE-EE expresa su "absoluto respeto al poder judicial, como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho". Además, insta al Gobierno Vasco a "seguir reforzando el derecho que tiene toda la población trabajadora a un trabajo decente, estable y seguro, como pilar fundamental para el desarrollo de una vida digna".

En tercer lugar, emplaza al Gobierno Vasco a desarrollar e impulsar "las políticas necesarias para prestigiar el euskera, como paso fundamental para el incremento de su uso por parte de la ciudadanía".

"VULNERACIÓN" DE LA LEY MUNICIPAL

La moción de EH Bildu, que devuelve al Parlamento el debate sobre el euskera, recuerda "las numerosas sentencias" dictadas últimamente que "vulneran la Ley Municipal aprobada por la mayoría absoluta de este Parlamento, revocando medidas de normalización del euskera y de normalización de la vida de los vascoparlantes".

Tras reprochar que la política lingüística "está siendo judicializada por el impulso de fuerzas regresivas de la extrema derecha", censura esta "ofensiva" contra esta lengua, que también supone "un ataque a la facultad de decisión del Parlamento y deja en evidencia la fragilidad del autogobierno".

Por ello, llama a sumarse a la declaración del 10 de mayo de Kontseilua y otros agentes, que denuncia "la ofensiva reaccionaria contra el euskera", y a participar en la manifestación organizada para el sábado en Bilbao.

También pretende que se insta al Gobierno Vasco "a poner en el centro el tema del euskera y a poner todos los medios a su alcance para hacer frente a los ataques que se produzcan contra el euskera y, así, seguir desarrollando políticas de normalización y revitalización" de la lengua vasca.

LEY DE EDUCACIÓN

Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU, que insta a renovar el decreto que regula el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de Euskadi para "evitar la judicialización derivada de la consolidación de empleos públicos", aprovecha la ocasión para instar al PNV y al PSE-EE que retiren su enmienda número 5 al Proyecto de ley de Educación, "por ir contra del acuerdo de bases para la transformación de la educación vasca y perjudicar el efectivo conocimiento del euskera del alumnado".

Asimismo, pide que sea gratuito el aprendizaje del euskera hasta el nivel C1, "para que toda ciudadana y ciudadano tenga derecho a dominar el euskera", y exige poner en marcha una campaña de sensibilización sobre la importancia de esta lengua, "su especial protección y alejarlo de espacios de confrontación social".

"CONVIVENCIA" DEL EUSKERA Y EL CASTELLANO

El PP, en su texto, plantea que el Parlamento declare que, en el fomento y dinamización del euskera, se debe proceder "de modo que se permita la combinación y convivencia" con el castellano, evitando las actuaciones o regulaciones normativas de las administraciones que excluyan a quienes conocen solo la lengua castellana.

Los populares destacan que el conocimiento del euskera "constituye un derecho de los ciudadanos y una obligación para la administración, de forma que no teniendo ningún ciudadano el deber jurídico de conocer el euskera, las administraciones no puedan excluir en sus relaciones con los ciudadanos la utilización" de ninguna de las dos lenguas oficiales, y que estos puedan "elegir expresamente" el idioma para relacionarse con las instituciones.

Su enmienda insta al Gobierno Vasco a desarrollar políticas que garanticen el uso del castellano y el euskera para impulsar su conocimiento, sin que "en ningún caso discriminen a los ciudadanos por razón de la lengua". En un cuarto punto, el PP llama a "respetar y dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales", sin perjuicio de poder recurrirlas.

Por último, Ciudadanos también defiende "la independencia del poder judicial" y manifiesta su "máximo respeto hacia su labor". Tras reafirmar que el euskera y el castellano son lenguas oficiales, insta al Ejecutivo autonómico a "revertir las políticas de imposición del euskera".

Precisamente, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, durante el pleno de control celebrado el pasado 20 de octubre en el Parlamento vasco, denunció la "falta de sensibilidad" existente en el ámbito judicial respecto a las políticas de promoción del uso del euskera, y anunció que el Gobierno Vasco recurrirá ante el Tribunal Supremo las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la normativa que regula el tratamiento de esta lengua en los ayuntamientos de Euskadi.