El Gobierno español mantiene el suspense y no aclara si va a prorrogar el año que viene la aportación del 30% en el descuento del transporte público autonómico, una medida que puso en marcha de manera unilateral emplazando también a las comunidades autónomas a que aportaran un 20%. No obstante, comienza a ceder ante la presión del PNV. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha confirmado este miércoles en el pleno del Congreso si habrá prórroga y, aunque la medida decae el día 31 de este mes, todavía no tiene una decisión tomada al respecto. Sin embargo, la ministra parece abrirse poco a poco a negociar y dialogar sobre este punto en el decreto que se presentará a finales de este mes y que contendrá las medidas anticrisis que el Gobierno español ha decidido mantener durante 2023, las cuales no se conocen aún en su integridad ni en su literalidad. La jeltzale Idoia Sagastizabal ha elevado la presión y ha avisado ya de que, si no se prorroga esta ayuda, "difícilmente" el PNV podrá apoyar el decreto cuando llegue al Congreso para su convalidación. La ministra ha ofrecido negociar, lo que parece abrir un resquicio tras semanas de presión por parte del PNV, una presión liderada en solitario por los jeltzales mientras PSE, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu han preferido poner toda la carga en el Gobierno vasco.
Tanto el PSE como el delegado del Gobierno español en suelo vasco, Denis Itxaso, han pedido al PNV que utilice el autogobierno, y han querido que Euskadi garantice las ayudas cuanto antes sin apretar siquiera al Estado para que mantenga su parte. Itxaso renunció claramente a la participación estatal al asegurar que esta “ronda” no la tenía que pagar Pedro Sánchez. Ahora que se ve luz al final del túnel, el PSE matiza y dice que está en conversaciones con el Estado.
El PNV ya se comprometió hace unas semanas a mantener su parte, el 20%, e incluso se mostró dispuesto a asumir el coste que queda hasta el 50% si el Estado renuncia a mantener su compromiso. Los jeltzales están dispuestos a cargar con todo el peso de la ayuda, pero creen que el Ejecutivo español debería mantener su parte porque fue quien echó a rodar el balón activando de manera unilateral este descuento tras el estallido de la guerra en Ucrania sin contar con las comunidades autónomas ni interesarse por su capacidad financiera para llevar a cabo este esfuerzo.
Lo único que ha hecho el Gobierno español por ahora es confirmar que prorrogará las del transporte estatal, como Renfe, pero no termina de comprometerse con el autonómico, aunque se ha conocido que tendrá una bolsa de 32.000 millones de recaudación extraordinaria por la inflación al cierre de 2022. El PNV ha defendido en solitario que el Estado ponga el 30% de su bolsillo, mientras el PSE y Podemos han evitado presionar al Gobierno español, e incluso EH Bildu ha evitado sumar con los jeltzales. En realidad, no se trata de un asunto de solvencia financiera en el caso vasco, porque la medida ascendería a unos 72 millones, pero se trata de que ese dinero corra a cargo de los Presupuestos del Estado y no de los vascos, que podrían liberar ese dinero para otros asuntos.
Montero: "retomaremos ese diálogo"
En respuesta a la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal, quien ha preguntado a Montero por qué no aceptó la enmienda del PNV a los Presupuestos en este sentido, la ministra ha reconocido la bondad de la medida porque permite que los ciudadanos abandonen el uso del coche particular, lo que a su vez supone un ahorro para las familias y beneficia al medio ambiente. "Con el decreto que vamos a traer en unos días, tendríamos ocasión de debatir con su grupo, retomaremos ese diálogo", se ha limitado a decir.
Sagastizabal no ha ocultado su decepción: "Esperaba una respuesta afirmativa en este sentido por algunas declaraciones de otras ministras". "Tienen 17 días para poder hacerlo. La reducción en el transporte se planteó de manera unilateral arrastrando a las comunidades. Entendemos necesaria su prórroga, no se puede hacer caer la responsabilidad en las comunidades y que asuman la totalidad del coste sin tener en cuenta su situación financiera. La decisión del PNV es que las comunidades prorroguen el descuento pero, si ustedes no acceden, difícilmente podemos mantenerlo en el tiempo y otras comunidades no podrán hacerlo, porque sus cuentas no lo permiten", ha dicho, para avisar al Gobierno español de que va a convertirlo en una "ayuda parcial" y van a provocar que se asuma un "déficit extra". "Velaremos por esta ayuda. Si la ayuda no aparece en el decreto, difícilmente podremos apoyarlo", ha zanjado. En este momento existe también otro debate relacionado con la posibilidad de que la medida sea progresiva y beneficie a las rentas bajas y medias.
Montero ha dado la réplica insistiendo en la "bondad" de las medidas y ha repetido que "todas las administraciones" tienen que contribuir. "Hacemos un llamamiento a las comunidades para que en su parte complementen siempre las medidas que pone en marcha el Gobierno de España. Tomamos nota y tendremos ocasión de discutir en los próximos días", ha concluido.