El PNV denuncia el control del Estado en la Ley de Cooperación

Es habitual que, cada vez que se aprueba un proyecto de ley estatal, el PNV alce la voz para denunciar una invasión en las competencias vascas o un control excesivo del Estado si lo detecta. Pero quizás no esperaba que este problema se convirtiera en una constante con un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, un Ejecutivo al que se le presupone una mayor sensibilidad con el Estado plurinacional. La lista de frentes abiertos crece, y los jeltzales denunciarán el próximo martes en el Senado el "giro hacia la recentralización y el intervencionismo" por parte del Gobierno español en el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que fue aprobado en enero por el Consejo de Ministros.

Imanol Landa preguntará al ministro de Asuntos Exteriores con qué voluntad afronta la tramitación de una ley que preocupa al PNV, porque subordina la política de cooperación de las comunidades y los ayuntamientos a la acción exterior del Estado. Se plantea la unidad de acción. El PNV constata un giro, en concreto, a través de un control del Estado que no existía en la ley ahora vigente, que se remonta a 1998 y que daba una mayor libertad.

Se plantea una subordinación a las directrices estatales. Esta ley se convierte así en otro frente abierto con el Gobierno de Sánchez. El PNV tiene un pacto de investidura con el Ejecutivo español, pero ve cómo los planes legislativos de Pedro Sánchez chirrían con el autogobierno vasco, o bien pretenden establecer una especie de tutela o control sobre la labor de las autonomías.

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Esas dos leyes tienen la vocación de uniformizar una cartera mínima de servicios comunes en todo el Estado, cuando la competencia está transferida.

El PNV lleva días alertando sobre los problemas que otea en el horizonte con el calendario legislativo y de iniciativas de Sánchez, que recoge más de 300 propuestas para un solo año sin haber sondeado previamente a los socios. La Ley de Cooperación ya generó algunos titulares en la prensa por la creación de una agencia estatal de supervisión, o la fijación de un 0,7% a nivel estatal que deberá destinarse a los fines del desarrollo sostenible.

Se ha convertido en un conflicto recurrente en esta legislatura que, con el propósito de fortalecer los servicios sociales o implantar medidas en las que el PNV reconoce buenas intenciones, se acaba ignorando que el Estado no es el competentepara ponerlas en marcha.

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