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Política

El PNV enmienda a la totalidad la Ley de Vivienda de Sánchez

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban

No es oro todo lo que reluce estos días en la relación entre el Gobierno español y el PNV. A pesar de que el acuerdo entre los ejecutivos vasco y español cierra la disputa sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, los jeltzales ya habían avisado de que, por mucho que el contador vuelva a situarse a cero, iban a tener problemas con las leyes recentralizadoras del gabinete de Pedro Sánchez. La semana pasada, el PNV retiraba la enmienda a la totalidad contra la Ley Audiovisual tras detectar voluntad de acuerdo en Madrid, pero no es la misma senda que se está recorriendo con la Ley de Vivienda. El grupo del PNV en el Congreso de los Diputados ha anunciado este lunes la presentación de una enmienda a la totalidad contra esta ley para marcar como posición política que el Estado no puede legislar en una materia que es competencia autonómica.

Ve "excesos" y cree que el Estado pretende "sustituir" la normativa de las comunidades. A diferencia de lo que sucedía con la Ley Audiovisual, donde se presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en esta ocasión es una enmienda de devolución sin matices. A día de hoy, Sánchez tiene más votos en contra que favorables. La ley está en el alambre. Además del PNV, confirmaron su enmienda a la totalidad por invasión competencial PDeCAT y Junts. PP y C's también, por considerar que se interviene el mercado del alquiler. ERC confirmó a este periódico su enmienda a la totalidad con texto alternativo para eliminar cualquier regulación de urbanismo por razones competenciales, reclama una legislación más ambiciosa en el campo fiscal y procesal y que, en definitiva, se regulen los precios del alquiler como Catalunya respetando el autogobierno.

Esta patata caliente la tiene ahora sobre la mesa el ministerio de Transportes y Agenda Urbana de la socialista Raquel Sánchez, aunque esta ley ha sido largamente demandada por Unidas Podemos y ha provocado fricciones en el Gobierno español de coalición a cuenta de la exigencia de los morados de limitar los precios del alquiler. Lo que el PNV defiende en su enmienda es que la vivienda es una materia de titularidad autonómica en virtud del artículo 148.1. 3º de la Constitución española, y que el Estatuto de Gernika la recoge en el artículo 10.31.

LOS ARGUMENTOS DEL PNV

el Tribunal Constitucional ha dejado claro que las políticas de vivienda se integran en la competencia autonómicaregulaciones la garantía a los ciudadanos del disfrute de una vivienda digna

El PNV cuestiona, por otro lado, la eficacia de las medidas planteadas en un mercado inmobiliario donde "es la pequeña propiedad quien sostiene el grueso del mercado de arrendamientos privados". Los jeltzales se hacen eco del informe del Consejo General del Poder Judicial, y recuerdan que el TC dice que la habilitación al Estado "no le permite ordenar por completo esa materia, ni duplicar o vaciar de contenido las atribuciones autonómicas".

El PNV zanja: "Y menos aún sustituirlas. La garantía de igualdad no autoriza al Estado a la superposición de su iniciativa legislativa sobre la preexistente o posible de la legislación autonómica, a la que en gran medida viene a pretender sustituir de forma innecesaria". En otra de las leyes problemáticas para los jeltzales, la de Deportes, el grupo vasco decidió finalmente no presentar un veto, pero no descarta sumarse a los que sí se han registrado.

EH BILDU NO ENMIENDA A LA TOTALIDAD

No hubo enmienda a la totalidad en EH Bildu. Fuentes de la coalición abertzale consultadas por este periódico aseguran que llevan semanas negociando parciales"incluir medidas más ambiciosas que pongan coto a los precios abusivos de los alquileres".

La Ley de Vivienda incluye medidas para limitar el alquiler a las empresas con más de diez viviendas, mientras que en el caso de los particulares, de los caseros, se opta por una bonificación fiscal de hasta el 90% si rebajan el alquiler y lo congelan tres años. Pero depende de la declaración de zonas tensionadas que decidirán las comunidades.

2022-03-01T18:45:02+01:00
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