El Gobierno español puso en marcha el año pasado una reforma de la Constitución española totalmente controlada y limitada a un solo debate, para modificar el artículo 49 y sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Tanto el PSOE como el PP han puesto puertas al campo para que no desemboque en reivindicaciones relacionadas con el modelo de Estado, y tienen mayoría para vetar un cambio de esas características. Pero este miércoles, cuando ha terminado el plazo para registrar enmiendas a la citada reforma, el PNV ha vuelto a poner sobre la mesa reivindicaciones a las que no renuncia y que tocan el derecho a decidir, eliminan las amenazas que se ciernen sobre el autogobierno como una espada de Damocles como el artículo 155, o la potestad del Gobierno español de lograr la suspensión de una ley autonómica nada más recurrirla en el Tribunal Constitucional.
El grupo de Aitor Esteban ha registrado 11 enmiendas que no tienen visos de prosperar por la falta de voluntad de los partidos mayoritarios, pero que obligarán también a posicionarse al PSOE en un momento en que predica que el problema catalán es político, y también sobre cuestiones de regeneración democrática como la limitación de la inviolabilidad del rey. Los jeltzales han planteado el debate territorial porque forma parte de su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez. Tampoco es algo que pueda sorprender en exceso, porque el PNV ya introdujo enmiendas sobre el derecho a decidir con ocasión de la reforma exprés de la Constitución de 2011 para controlar el déficit económico.
Derecho a decidir
En concreto, el PNV pide incluir el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco, de manera pactada y anclado en los derechos históricos. Lo hace en términos de convivencia y no ruptura. Plantea hacerlo a través de una nueva disposición adicional que establezca que “la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado”. Se plantea un ejercicio pactado con el Estado y legal, porque apela a los derechos históricos reconocidos en la propia Constitución y que permiten actualizar el autogobierno.
De hecho, esta fórmula se plantea como forma de “articulación amable y duradera de la realidad vasca en el conjunto del Estado”. También plantea modificar el artículo 2 para “reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que integran el Estado y la solidaridad entre todas ellas”. Su argumento radica en que el marco constitucional no puede ni debe ser concebido como un cerco que limite la expresión democrática “y anule la voluntad libremente expresada por la ciudadanía vasca”.
El artículo 155 y el Ejército
El PNV propone desactivar algunas amenazas que se ciernen sobre las comunidades autónomas y permiten fulminar su autogobierno. Pide eliminar el artículo 155 que permite suspender el autogobierno y que fue aplicado en Catalunya tras el referéndum de independencia, porque la Constitución ya contempla mecanismos ordinarios de respuesta. Aspira a modificar el artículo 8 que atribuye a las fuerzas armadas la defensa de la integridad territorial, un artículo que algunos sectores espolearon durante la crisis catalana con el deseo de que el Ejército tomara las riendas de una crisis política. El PNV pide eliminar esas atribuciones, y asegura que la tutela del orden constitucional o la integridad territorial corresponde a los tribunales en una democracia.
Crear una Sala Foral del Tribunal Constitucional
Los jeltzales siguen denunciando la situación de indefensión que se genera en el Tribunal Constitucional con las leyes vascas. Existe una vigilancia sin tregua sobre las normas que se aprueban en Euskadi y una conflictividad que, aunque Pedro Sánchez ha proclamado que quiere rebajar, sigue existiendo en algunos casos con recursos en vigor o que se pueden presentar próximamente si no hay acuerdo. Cuando un recurso llega al tribunal, el Gobierno español tiene una posición de superioridad, con la capacidad de pedir la suspensión automática de esos preceptos mientras se decide sobre el fondo del asunto. El PNV pone la lupa en esta situación. Para garantizar los derechos históricos, propone crear una Sala Foral del Tribunal Constitucional para resolver los conflictos que emanen de las leyes del Parlamento Vasco y las normas forales de las Juntas Generales en el ejercicio de sus competencias, así como una cláusula de salvaguarda de las materias propias forales y crear una Junta Arbitral para todos los conflictos de competencia existentes.
Además, elimina la suspensión automática de las leyes autonómicas cuando estas sean impugnadas por el Gobierno español ante el Constitucional, algo contemplado en el artículo 161. El PNV pretende acabar con la “disfuncionalidad para un desarrollo adecuado del modelo territorial basado en el reconocimiento de una verdadera autonomía de las diversas comunidades políticas existentes en el Estado”. Para mejorar el reparto competencial, modifica el artículo 149, para que las bases de las competencias estatales que se mencionan en ese artículo sean un mínimo común normativo en las leyes, y corresponda ya a las comunidades autónomas “la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva”. Plantea igualmente adecuar el poder judicial a la estructura descentralizada.
Que el rey responda por sus actos privados
Sobre la inviolabilidad del rey, piden que se limite a cubrir sus funciones institucionales, es decir, que no se repita la sensación de impunidad que ha existido con el rey emérito por la incapacidad de investigar siquiera las denuncias que hacen referencia a los negocios privados. El PNV quiere modificar el artículo 56.3 para que únicamente no esté sujeto a responsabilidad cuando “sus actos tengan relación con las funciones institucionales de la jefatura del Estado”. La idea es que sus actos privados tengan la misma consideración que los actos de cualquier ciudadano.
Personas con discapacidad
Sobre el término disminuidos, coincide con el Gobierno en referirse a “personas con discapacidad”, pero plantea ajustar la redacción para adecuarla a las recomendaciones del Consejo de Estado. Plantea mencionar que estas personas “ejercen los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva. Se regulará la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”. Esta reforma la planteó la exvicepresidenta Carmen Calvo, pero ha sufrido sucesivas prórrogas del periodo de enmiendas. En primera instancia, se necesitan tres quintos para aprobar la reforma (210 escaños) que casi suman el Gobierno español y el PP, pero no se ponen de acuerdo. El PP utiliza como parapeto que los socios de Sánchez querrán abrir el melón del debate territorial, aunque el Gobierno español ya ha dejado claro que no lo hará.