Por el momento, tranquilidad. El PNV no tiene ningún indicio que le haga pensar que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales vaya a quedar reducida a papel mojado tras la caída del decreto de los subsidios que incluía esta medida. Los jeltzales, después de la votación del miércoles, siguen lanzando mensajes de calma y dan por hecho que esta medida se va a recuperar en el nuevo decreto de subsidios que presente la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, o en otro decreto en materia de empleo que se lleve al Consejo de Ministros, como ha dicho este jueves su portavoz económica en el Congreso, Idoia Sagastizabal. Están “seguros” de que será así. El PNV firmó en noviembre un acuerdo con Pedro Sánchez que hizo posible su investidura y que pone un plazo de seis meses para la medida, y sus votos son imprescindibles para el Gobierno español.
Si en la noche del miércoles el propio Sánchez ya avanzaba que tiene un plan B y que sometería al criterio del Congreso un nuevo decreto de subsidios, este jueves ha sido la propia Díaz quien ha confirmado que habrá otro texto, aunque añade como novedad que esta vez va a negociarlo dentro de la mesa de diálogo con los sindicatos y la patronal, en lo que parece un intento de blindarlo para que Podemos no vuelva a votar en contra, y de paso congraciarse con estos agentes sociales, que le habían recriminado que los pasara por alto. Díaz anunció que, cuando concluyan este viernes los trabajos sobre la subida del salario mínimo, convocará “con carácter inmediato a los agentes sociales” para tratar la reforma del subsidio de desempleo.
Esta metodología puede encerrar un contratiempo para Euskadi ya que, si en esa mesa de diálogo de incluye la prevalencia de los convenios, podría complicarse su aprobación porque la patronal CEOE la rechaza. Pero no está garantizado que sea así y la clave ahora mismo es que el procedimiento vuelve a estar en marcha. El miércoles, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, había presionado también para llevar los subsidios y la prevalencia de los convenios a la mesa, aunque en este caso parece que pesan más las razones de forma y no tanto de fondo. Al margen de que sea dudoso que la mesa de diálogo estatal tenga que decidir sobre la prevalencia de los convenios vascos (aquí la mayoría sindical es otra y la encabeza ELA), no está claro que este punto entre en la coctelera de esta mesa, o que vaya a estar siquiera en el decreto de los subsidios. Hay margen para que lo haga en cualquiera del área de Trabajo.
Sagastizabal volvió a decir que en el PNV están “seguros de que este acuerdo se volverá a incluir en el decreto que tiene que aprobarse en el Consejo de Ministros acerca de los subsidios y, si no, en cualquier otro decreto en materia de empleo que se lleve al Consejo”. “Estaremos muy vigilantes para que eso ocurra. Queremos avisar de que situaciones así no se pueden volver a materializar, es al Gobierno al que le compete llegar a acuerdos y le exigimos un cambio de actitud a la hora de negociar con los grupos”, recalcó, nuevamente sin reproches a Podemos y centrando las culpas en el Gobierno.
¿Decreto en solitario?
Lo que por ahora parece una pretensión de máximos muy difícil de cumplir es la que defendió ELA el miércoles, que la prevalencia de convenios se vuelva a debatir en un decreto “sin mezclarla con otras medidas”. La prevalencia solo ocupaba unas líneas en el decreto y se antoja poco probable que el Gobierno español redacte una iniciativa ex profeso para este punto. Otra cuestión es que mida mejor las medidas que lo acompañen y se asegure de que tengan el respaldo de todos. ELA pareció dejar un resquicio al añadir que no vaya acompañada de “recortes”, aunque esto supone secundar el argumentario de Podemos y coincidir en que los subsidios suponían un retroceso en las cotizaciones de las personas con prestaciones de desempleo a partir de los 52 años, con una reducción del 125% al 105%, según denunció ELA. Si la prevalencia no vuelve a estar en vigor, el sindicato amaga con huelgas. Se da la circunstancia de que este mismo jueves en Euskadi los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT denunciaron que la patronal trata de torpedear la negociación del primer convenio autonómico de la industria química.
Moncloa no calculó el rechazo que iba a provocar su decreto, y pronto se desmoronó como un castillo de naipes lo que parecía una buena idea, incluir la prevalencia con los subsidios para favorecer su aprobación porque añadiría presión a los grupos para darle el visto bueno. Pero una combinación de escasa o nula información a los grupos, negociación solo a última hora, y un error a la hora de calcular los deseos de revancha de Podemos ante Díaz provocaron su caída en las Cortes.