El PNV exige cambios a Sánchez en las zonas tensionadas de la Ley de Vivienda

Los frentes abiertos del Gobierno español con el PNV se acumulan en la carpeta de Pedro Sánchez. Entre ellos destaca un debate de difícil solución por la negativa de Madrid a ceder en un punto que es estratégico para Unidas Podemos y donde los socialistas sudaron tinta para propiciar la unidad dentro del Consejo de Ministros. Se trata de la Ley de Vivienda, donde los jeltzales denuncian una flagrante invasión competencial. Tras haber defendido sin éxito una enmienda a la totalidad, el PNV plantea como solución en sus enmiendas parciales que la declaración de las zonas tensionadas dentro del mercado inmobiliario respete las competencias autonómicas.

Técnicamente, la ley dice que corresponde a las administraciones competentes declarar la zona tensionada, pero en la práctica les fija un catálogo de reglas y requisitos para hacerlo. El artículo 18 establece que las zonas se declararán cuando la carga de la hipoteca o el alquiler más los gastos básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o el precio de la vivienda haya subido al menos cinco puntos por encima del IPC en cinco años. La ley añade que se fije un calendario de medidas para tres años.

Pero, ¿qué importancia tiene declarar esa zona y en qué se traduce? La declaración de una zona como tensionada implica que se activen en el área restricciones a los grandes propietarios de viviendas para que reduzcan el precio, o que se apliquen bonificaciones fiscales a los pequeños propietarios para contener o bajar los precios. El PNV plantea que la delimitación de la zona "por parte de la administración competente en materia de vivienda" se base en deficiencias o insuficiencias del mercado a la hora de atender la demanda o hacerlo a precio "razonable".

Trata de conciliar las competencias autonómicas con las del Estado y, en ese sentido, se mantiene a modo de percha para las comunidades la habilitación al Gobierno español para que adopte medidas de financiación que puedan "favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta", así como colaborar con las administraciones competentes y el sector privado para estimular la "oferta de vivienda asequible". El PNV ya pidió durante el debate de las enmiendas a la totalidad que hubiera una percha mínima, solo a los efectos de que las comunidades autónomas pudieran limitar los precios, algo que da cumplimiento al acuerdo presupuestario suscrito entre el Gobierno vasco y EH Bildu.

El PNV no pide suprimir la disposición final segunda que establece incentivos fiscales de hasta el 90% cuando la renta se rebaje más de un 5%; o la disposición final primera que hace referencia a los contratos de arrendamiento en zonas tensionadas también en el caso de los grandes tenedores de viviendas, aunque en esta disposición se añade que se hará sin perjuicio de la "conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales".

aportaciones

Los jeltzales han registrado 45 enmiendas, de las cuales 28 son competenciales, cinco tienen cariz social con el objetivo de que las familias sin recursos económicos para hacer frente a las obras obligatorias de accesibilidad puedan disponer de ayudas públicas directas, y se añaden, entre otras, menciones para superar los problemas de coordinación entre las decisiones judiciales y servicios sociales en los desahucios de los hogares que sean vulnerables.

El PNV plantea eliminar las referencias a que se cumpla el "régimen básico mínimo determinado por la ley", o la habilitación a personas jurídicas sin ánimo de lucro para impugnar los actos que se deriven de la ley. Los jeltzales han puesto igualmente sobre la mesa el informe del Consejo General del Poder Judicial que cuestiona la ley.

las claves

Zonas tensionadas. La Ley de Vivienda introduce el concepto de las zonas tensionadas, y su declaración implica que se activen una serie de mecanismos para contener los precios del alquiler tanto de los inmuebles ofrecidos por los grandes tenedores de vivienda (más de diez inmuebles), como los ofrecidos por los pequeños propietarios. En teoría, la ley dice que corresponde a las administraciones competentes hacer la declaración de zona tensionada, pero termina fijando una serie de reglas para hacerlo. Aparecen en el artículo 18, que establece que las zonas se declararán cuando la carga de la hipoteca o el alquiler más los gastos básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o el precio de la vivienda haya subido al menos cinco puntos por encima del IPC en cinco años. La ley añade que se fije un calendario de medidas para tres años para afrontar esa situación.