El PNV se ha referido a sí mismo en varias ocasiones como el defensor de la aldea gala irreductible, y en estas elecciones generales parece que volverá a asumir ese papel, con un programa que pretende ser un dique de contención para evitar la erosión del autogobierno vasco y una marcha atrás en las libertades, unos derechos que además pretende ampliar. Se presenta como un partido que va a defender sus propuestas sin ataduras, y tratando de prestigiar la política, el acuerdo y la democracia frente a los populismos de uno u otro signo.
El portavoz jeltzale en el Congreso y candidato a la reelección por Bizkaia, Aitor Esteban, ha presentado este viernes en Gasteiz el programa electoral de la formación, en el que destacan la apuesta por el reconocimiento nacional de Euskadi y un ejercicio compartido de soberanía, la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social para poder gestionar las pensiones respetando la unidad de caja, una justicia vasca, o toda una batería de propuestas para blindar la democracia con una reforma del Código Penal en lo referido a los delitos sobre la Corona o los símbolos del Estado que limitan la libertad de expresión, allanar el acceso de las víctimas del franquismo a la justicia, o volver a insistir en las reformas de los secretos oficiales, el CNI, la inviolabilidad del rey y la ley mordaza, debates que ya lideró el PNV en la última legislatura pero que quedaron en el tintero por las discrepancias entre las fuerzas de izquierda o la falta de impulso de PSOE y PP.
Tras una breve introducción que repasa la legislatura, que presenta al PNV como la voz de Euskadi y que aboga por seguir “planteando el derecho a decidir nuestro futuro”, el programa entra en harina con las iniciativas concretas, que lógicamente no son un programa de gobierno sino que están concebidas para influir y condicionar los debates, buscando en cada caso el momento más propicio. Está pensado para todos los escenarios, ya sea una legislatura liderada por el socialista Pedro Sánchez, o una legislatura de resistencia ante un Gobierno PP-Vox.
Autogobierno, Seguridad Social, convenios...
Comienza con el capítulo dedicado al autogobierno, que “significa más bienestar”. El PNV volverá a poner sobre la mesa la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, un debate que orilló el Gobierno español en su reforma laboral; e insistirá en la defensa de un marco propio de relaciones laborales para Euskadi. Además, reclamará la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, en cumplimiento del Estatuto de Gernika, como “la mejor manera de asegurar” la adecuada gestión de las prestaciones y pensiones. Se hará respetando la unidad de caja del Estado.
Este traspaso formaba parte del calendario prometido por Sánchez y, al igual que otra treintena, finalmente no ha llegado a Euskadi. Sobre la cuantía de las pensiones, exige que el Estado garantice siempre unas pensiones dignas y que no dejen de actualizarse con arreglo al IPC. Plantea explorar medios para complementarlas a través de planes de empresa, pero siempre sin menoscabo del carácter público de la prestación.
A partir de ahí, sobre la ampliación del autogobierno, el PNV admite que el contexto no es favorable, que existe un “riesgo cierto de involución”. El PNV promete “defender con convicción y determinación nuestro Estatuto, el Concierto Económico y la nación vasca, y actuar, por tanto, como un dique de contención ante el riesgo de involución de nuestro autogobierno, en defensa de los derechos históricos y contra los ataques a nuestra identidad nacional”.
Esta advertencia vale tanto para un Gobierno de izquierdas, como para uno de derechas. “El PNV se seguirá oponiendo frontalmente a la visión y tentación recentralizadora existente que pueda afectar a Euskadi. Así, cabe señalar los ataques al Concierto Económico, las propuestas centralistas de la izquierda en materia social, o las dificultades y negativas a culminar las transferencias pendientes negando así el contenido del Estatuto de Gernika y el pacto autonómico”, avisa. Esta defensa la extiende a Nafarroa, en coordinación con Geroa Bai.
El debate sobre la plurinacionalidad
El programa jeltzale no renuncia tampoco a exigir una nueva forma de relación con el Estado e intentará generar un clima propicio para la negociación, aunque admite que ahora mismo la posición del Estado es “inflexible” a la hora de reconocer su pluralidad nacional, y un debate sereno “es hoy más un desiderátum que una realidad esperable".
El PNV defiende el reconocimiento nacional de Euskadi, la bilateralidad en la relación con el Estado a través de un “ejercicio compartido de la soberanía”, la participación directa de Euskadi en los ámbitos de decisión de la Unión Europea (en especial, el Ecofin y el Consejo de Justicia e Interior), y la posibilidad de que los ciudadanos de Trebiñu y Turtzioz se pronuncien sobre su incorporación a la comunidad autónoma vasca. Añade que la última instancia para recurrir sea el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con la única excepción, en el conjunto del Estado, de la jurisdicción del Supremo. Plantea un Consejo Vasco de Justicia (se desmarca así del CGPJ) y que la Ertzaintza sea la Policía judicial en el ámbito autonómico.
Delitos contra la Corona, acceso de las víctimas del franquismo a la justicia…
En el capítulo de los derechos y libertades, el programa anuncia una “oposición frontal” a las leyes que suponen retrocesos en los derechos individuales y colectivos. Cita la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, la ley mordaza que el PNV trató de reformar sin éxito “por la intransigencia del todo o nada de EH Bildu y ERC”; y los tipos penales que constriñen la libertad de expresión, salvo que supongan una incitación clara y directa a la comisión de un delito o una escalada de violencia. En este punto, plantea una reforma del Código Penal sobre los delitos contra la Corona y símbolos del Estado, y recuerda que España acumula condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su visión punitiva.
Reclama igualmente un Plan de Derechos Humanos y aplicar plenamente la Ley de Memoria Histórica para que las víctimas de crímenes franquistas puedan acceder a la justicia. El PNV denuncia una “contradicción” entre el derecho internacional y la aplicación restrictiva en el Estado español, donde se recurre a la idea de que los delitos están prescritos o bien cubiertos por la Ley de Amnistía. “Defenderemos las modificaciones legislativas necesarias en orden a allanar el acceso de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo a la justicia y, con ello, a la verdad judicial y a la depuración de las consiguientes responsabilidades penales y civiles”, zanja.
Secretos oficiales, CNI y torturas
El PNV reclama que se adopten las medidas recomendadas por los relatores internacionales para que no sea posible practicar malos tratos y torturas en los espacios de detención, y que se investiguen a fondo las denuncias al respecto. Si el caso está prescrito, propone al menos reconocer y reparar a la víctima.
Insiste en reclamar que se esclarezcan la muerte de Mikel Zabalza tras su detención en el cuartel de Intxaurrondo en 1985, la muerte de 5 trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, el atentado con bomba en el bar Aldana en 1980, o la actuación de la Policía Armada en los Sanfermines de 1978, donde perdió la vida Germán Rodríguez. En este sentido, volverá a proponer una nueva Ley de Secretos Oficiales con plazos tasados para sacar los documentos a la luz.
También volverá a presentar su reforma del Centro Nacional de Inteligencia para ahondar en el control político y judicial a los espías, pedirá suprimir la inviolabilidad del rey en sus actos privados, y desterrar los espacios de opacidad del Ejército, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios en el exterior.
Euskera en la Administración del Estado y selecciones vascas
El programa exige, por otro lado, que el euskera esté presente en todos los espacios físicos y virtuales que dependan de la Administración General del Estado en Euskadi, y que las cantidades destinadas al PERTE (proyecto estratégico) de la lengua tengan en cuenta la lengua vasca. El PNV seguirá exigiendo que se den “los pasos necesarios” para que la presencia internacional de Euskadi en el deporte sea una realidad, tras haber arrancado ya a Sánchez una percha para que las disciplinas con arraigo histórico y social puedan competir bajo los colores de la ikurriña, lo que abre la puerta a la pelota y el surf.
Políticas sociales y economía
De manera muy resumida, el amplio programa del PNV abarca también otras cuestiones como reducir la burocracia en el reparto de los fondos europeos, impulsar los PERTE regionales, respetar la capacidad de Euskadi para fijar sus propios impuestos y, en caso de que se mantengan los gravámenes al sector energético y a la banca, tramitarlos esta vez sí como impuestos para poder concertarlos con las diputaciones forales. En ese caso, Euskadi, reclamará la competencia regulatoria para poder fijar sus propios tramos. El PNV pide, además, sendas diferenciadas de deuda y déficit para Euskadi.
El programa lo completan medidas para la competitividad de la industria, para poner en valor el hidrógeno verde de producción doméstica y las renovables, incrementar los recursos para la compra de vehículos eléctricos, medidas para la igualdad entre mujeres y hombres y a favor de las personas LGTBI+, la macrorregión atlántica, exigir que se cumplan los plazos de TAV, o el reconocimiento de la singularidad de las cooperativas, de manera que sus trabajadores coticen por los rendimientos de trabajo y no por el capital inmobiliario, cuestión que negociaba el PNV con Sánchez cuando decretó el adelanto electoral.
Sobre la vivienda, un debate que ha tensionado la relación con Sánchez con su ley al respecto, el PNV defiende las políticas de alquiler pero esgrime que la propia Euskadi es líder y deben respetarse sus competencias.