La próxima semana se cumple el primer año del acuerdo de investidura del PNV con Pedro Sánchez, y es un tiempo que no ha pasado en balde en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos pactados. El documento presentado el 10 de noviembre de 2023 para la investidura del presidente español llevaba la firma de los líderes del PNV y el PSOE, Andoni Ortuzar y Pedro Sánchez; y era más concreto y tenía plazos más tasados para amarrar su cumplimiento y remediar la mala experiencia de la legislatura anterior, cuando Ortuzar llegó a decir que Sánchez utilizaba a los socios como un clínex. También ayudó el reparto de escaños que dejaron las elecciones de julio de 2023, que convirtió a los cinco representantes del PNV en socios imprescindibles y ha propiciado que el Gobierno español se muestre más receptivo. Además, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, ha aprovechado cualquier votación o proyecto que le saliera al paso para colgar iniciativas vascas y cumplirlas cuanto antes, en vista de que la duración de la legislatura es impredecible.
El resultado de todo ello es que, en un año, el PNV ha podido encarrilar buena parte del acuerdo de investidura: las tres primeras transferencias previstas para los tres primeros meses del mandato (trenes de cercanías, acogida de las personas migrantes en lo que se refiere a las gestiones sociales para que tengan autonomía personal, y convalidación de títulos de educación superior extranjeros), este miércoles se prevé que tenga lugar la primera reunión de la Comisión Permanente en 45 años de Estatuto de Gernika para abordar las 29 transferencias que quedan, la segregación de Usansolo, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, la asunción de las funciones de orden público por parte de la Ertzaintza en los puertos, y el reciente pacto para la concertación del impuesto mínimo a las empresas multinacionales fijado en una directiva europea de 2022.
Además, el PNV lleva meses negociando los Presupuestos y, hasta que no cuaje una mayoría sólida y tengan visos de aprobarse, no revelará en público qué más ha conseguido amarrar en ese contexto. De todos modos, Aitor Esteban ya explicó en una entrevista con este periódico que había encarrilado un compromiso para tener una tasa de reposición propia para los funcionarios vascos y poder fijar su máximo salarial en la CAV.
Otra de las consecuencias del reparto actual de las mayorías en el Congreso puede ser la interlocución claramente más fluida que tiene el presidente Sánchez con el actual lehendakari, Imanol Pradales. Tras la reunión que está previsto que mantengan el miércoles en el marco de la Comisión Permanente de Transferencias, se habrán reunido ya tres veces en cuatro meses de legislatura vasca. Se reunieron el 26 de julio en Ajuria Enea, y el 20 de septiembre en La Moncloa.
Los riesgos
A pesar de los acuerdos que se han materializado en estos doce meses, siguen avanzando con lentitud el capítulo de las transferencias y algunos compromisos que se resisten desde la legislatura pasada. El Gobierno español ha desvelado en público que las negociaciones sobre las competencias del litoral y el salvamento marítimo están muy avanzadas, pero lo cierto es que no se ha plasmado ninguna desde el primer paquete de principios de año, y el acuerdo de investidura obliga a ceder las 29 pendientes para finales del año que viene, 2025. El PNV preguntaba también hace unas semanas en el Congreso por la participación directa de la Ertzaintza en el punto único de contacto del Estado español para intercambiar información policial en el ámbito europeo (tendría que haberse cumplido en los tres primeros meses de la legislatura), y el reconocimiento del carácter singular de las cooperativas y sus sistemas de pensiones.
Al mismo tiempo, el acuerdo se está enfrentando a obstáculos externos, como los recursos en los tribunales por parte de la derecha española o, incluso, de los colegios profesionales (en el caso de la competencia sobre la convalidación de títulos, el Supremo la suspendió de manera cautelar hasta que resuelva sobre el fondo del asunto). Por otro lado, las medidas que tienen que pasar por el Congreso porque van incluidas en un paquete más amplio o porque son una cláusula foral a un proyecto estatal, como la concertación de impuestos a las multinacionales, se enfrentan al riesgo de ser tumbadas por las precarias mayorías en el Estado.
Esteban, Sánchez y el agua del vaso
Por ahora, el cumplimiento avanza, aunque más lento de lo que querría el PNV en algunas cuestiones. En la sesión de investidura, en noviembre de 2023, unos días después de firmar su acuerdo, Esteban había pedido a Sánchez que se implicara personalmente. “Yo el vaso lo veo medio lleno, es un buen acuerdo, pero no derrame usted el agua”, había avisado. El PNV mantiene su marcaje.