El PNV arranca a Sánchez el cumplimiento de todas las transferencias y un nuevo estatus en dos años

El candado que atenazaba el cumplimiento del Estatuto de Gernika y la negociación de un nuevo salto en el autogobierno para Euskadi se ha roto. El PNV ha aprovechado el papel decisivo que tenía en la investidura de Pedro Sánchez para insuflar vida a un proceso totalmente paralizado: la negociación de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika que llevaba dos años y medio varada, y abrir el melón del debate para dar un nuevo salto en el autogobierno, el reconocimiento nacional de Euskadi y el blindaje de sus competencias con la percha de los derechos históricos que el PNV llevaba años reivindicando, y que el PSOE no terminaba de mover al no ser una carpeta prioritaria. El PNV ha vuelto a sacar chispas a su influencia pactando que ambos procesos culminen en dos años y, esta vez, con garantías y controles. Ha alcanzado un acuerdo con el PSOE que, además, anticipa un blindaje total del autogobierno, puesto que se contempla que todos los proyectos de ley que afecten a las competencias vascas incluirán una cláusula foral acordada con el PNV, lo que podría cerrar el ciclo de conflictividad a cuenta de normas uniformizadoras como la Ley de Vivienda o las que ya se vislumbraban sobre las listas de espera sanitarias.

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha condicionado con claridad la estabilidad de la legislatura a cumplir estos compromisos porque, de lo contrario, el voto del PNV ante las leyes e iniciativas "será negativo". El PNV se había quejado durante la anterior legislatura de la falta de celo del PSOE a la hora de cumplir y de la forma en que se obligaba a sus socios a pagar al contado con prácticamente un cheque en blanco. Ese es el esquema y el paradigma que ahora cambia con claridad. "Pedro Sánchez es consciente de que ahora se le exige un plus", ha zanjado desde Madrid.

Aunque estos compromisos ya sobrevolaron la pasada legislatura, esta vez se fijan garantías para los traspasos con la activación de una comisión bilateral permanente y reuniones semestrales en las que estarán presentes el propio Sánchez y el lehendakari Urkullu, y además se establece un marco temporal de dos años tanto para cumplir con todas transferencias (una treintena), como para negociar un nuevo estatus que responda a los acuerdos que se alcancen en el Parlamento Vasco. Este paquete de traspasos, que además se define como "improrrogable", incluye la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que hasta la fecha o se dejaba fuera de los calendarios, o se remitía al final del proceso. Y se habla de "efectuar" los traspasos, no simplemente de estudiarlos como se decía en el acuerdo de 2020. En los próximos tres meses, se cerrarán los referidos a los trenes de Cercanías, homologación y convalidación de títulos extranjeros, y los procesos de inclusión en el sistema de acogida, en línea con las materias prioritarias sobre las que informó este periódico.

Los jeltzales han alcanzado un acuerdo de investidura con el líder del PSOE y candidato a ser reelegido como presidente español, un acuerdo que el propio Sánchez ha decidido firmar en persona en el Congreso de los Diputados en Madrid con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar. Este gesto no lo ha tenido con sus otros socios, ERC o Junts, lo que se interpreta como una señal cualitativa de la relación preferencial que quiere tener con el PNV, que además era la última pieza imprescindible que le quedaba para confirmar su reelección en el debate del miércoles y jueves que viene.

El acuerdo, muy prolijo y de diez páginas, incluye entre otras dos reivindicaciones históricas y de impacto social, en algunos ámbitos que son también un foco de desgaste para el Gobierno vasco: el PNV gana la batalla de la reforma laboral al lograr la prevalencia de los convenios autonómicos vascos sobre los estatales, que normalmente recogen mejores condiciones laborales, y consigue la capacidad de fijar la tasa de reposición del número de funcionarios en sectores prioritarios y su aumento salarial. Este logro llega en un momento de huelgas en el sector público y con la consejera Olatz Garamendi tratando de poner toda la carne en el asador para poner fin a la temporalidad, ampliar las plantillas y aliviar este foco de confrontación. Ahora tendrá más herramientas. Las tasas de reposición se podrán consensuar en la Comisión Mixta del Concierto Económico y también en la del Convenio navarro.

El documento: el autogobierno "urgente"

El acuerdo compromete el voto a favor de los cinco escaños del PNV en la investidura, pero la estabilidad queda "sujeta a los avances y cumplimiento de los compromisos". Si hasta la fecha los socialistas no consideraban prioritaria la ampliación del autogobierno, ahora se reconoce que el marco vasco "debe entrar con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación". Se dialogará sobre posibles soluciones y se buscarán "vías políticas y democráticas para su resolución". Ambas partes coinciden en que habrá que "negociar y aprobar, tanto en Euskadi como en el Estado, el autogobierno futuro empleando las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika", la que se refiere a los derechos históricos. El PSOE no había entrado hasta ahora en este debate porque le suscitaba dudas y planteaba la necesidad de una reforma constitucional previa que vetaría el PP y le impedía ir avanzando por otras vías. El PSE defendía este mismo discurso en la Ponencia de Autogobierno vasco, lo que le llevó a hacer una propuesta limitada.

PSOE y PNV "manifiestan su compromiso de negociar de buena fe y sacar adelante un acuerdo", tanto en Euskadi como en las Cortes estatales, "siendo posteriormente ratificado por el pueblo vasco". "El reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos", añade el acuerdo. Ese marco deberá responder a las "demandas mayoritarias del Parlamento de Euskadi" como legítimo representante de los vascos, lo que trata de impedir un cepillado en las Cortes estatales. Para culminar ese proceso, se fija un año y medio de plazo orientativo desde el inicio de la nueva legislatura vasca lo que, sumado a que las elecciones autonómicas tendrán lugar en el primer semestre de 2024, sitúa el fin de este proceso en unos dos años. Se creará una comisión bilateral entre el PNV y el PSOE para mantener vivo este proceso.

El PSOE se compromete a remover los obstáculos legales para las transferencias, y a priorizar en tres meses el traspaso de los trenes de Cercanías, una materia clave que ya estaba muy avanzada antes de las elecciones y donde el PNV quiere impulsar mejoras ante los retrasos e incidencias continuas en el servicio; la convalidación de títulos universitarios extranjeros que puede paliar la escasez de personal sanitario y donde la consejera Garamendi se quejaba del atasco burocrático (ahora se traspasarán los medios para homologar y declarar la equivalencia de títulos, y se fijarán los mecanismos de cooperación para aplicar de manera homogénea la normativa estatal), y se establecerán fórmulas para "la financiación y transferencia" de los procesos de inclusión en el sistema de acogida.

El Gobierno español garantiza "pleno respeto" a las competencias vascas y, más allá de esta declaración que en realidad tampoco asegura que no vayan a saltar chispas, sí se establece un procedimiento durante el proceso de elaboración de las leyes para negociar discrepancias y, en caso de que no se resuelvan, que consten en el expediente normativo.

Blindaje de los convenios vascos

El pacto zanja también una de las discrepancias más serias que tuvo el PNV con el Gobierno español en la anterior legislatura y que llevó a los jeltzales a votar en contra de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Se reformará en el plazo de seis meses el artículo 84.3 y el 84.4 del Estatuto de los Trabajadores para que los sindicatos y empresarios puedan negociar en el ámbito de las comunidades autónomas convenios y acuerdos "que tendrán prioridad aplicativa" sobre los estatales siempre que su regulación resulte más favorable para los trabajadores. Se considerarán materias no negociables en la comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.

Otros puntos: Europa, acuerdos para Nafarroa...

El acuerdo incluye otros puntos como la rebaja del umbral de habitantes para la desanexión de municipios pensando en Usansolo, y se ampliarán las competencias de la Ertzaintza en la vigilancia portuaria y los delitos medioambientales acontecidos en Euskadi, además de darle acceso a grupos de trabajo europeos y a la mesa de valoración de la amenaza terrorista en el Estado en tres meses. El Gobierno vasco estará presente en el Consejo europeo de Justicia e Interior, y se impulsará la presencia de las instituciones en las reuniones sobre impuestos siempre que las circunstancias lo permitan.

Se amplía la capacidad fiscal de las haciendas forales con la concertación del impuesto de la renta de los no residentes, gestionarán el mínimo que se fije para las grandes multinacionales, y participarán en la reflexión para fijar los límites de déficit, también en el caso de Nafarroa. Se contemplará la existencia de sistemas de previsión social de las cooperativas, habrá una financiación de 100 millones en cuatro años para adaptar el euskera a la nueva era digital, y se transferirá en tres meses a Nafarroa la competencia en I+D+i y becas.

Sin elecciones

Con este acuerdo, se ha despejado totalmente la incertidumbre que pudiera existir sobre la investidura de Sánchez, que será reelegido con los votos del PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, BNG y EH Bildu. La coalición abertzale es la única formación que ha garantizado su respaldo al presidente español a cambio de nada con el argumento de que su prioridad era evitar un Gobierno español de la derecha. Queda ya descartada una repetición de las elecciones generales el 14 de enero.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha confirmado en RTVE que Sánchez ha decidido firmar personalmente el acuerdo con el PNV porque es un socio "preferente". Los socialistas han sumado, además, el voto del escaño de Coalición Canaria, lo que eleva su cuenta por encima de la mayoría absoluta hasta los 179 votos.