El PNV insta a la Comisión Europea a defender la cogeneración en el Estado español

La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao ha instado a la Comisión Europea a defender la cogeneración, el proceso por el que simultáneamente se obtiene energía eléctrica y térmica útil, tras haber retrocedido su producción en el Estado español un 41,55% durante los últimos cuatro años.

A través de una pregunta escrita, la eurodiputada ha alertado a las instancias europeas de que el Estado español está incumpliendo la Directiva 2023/191 sobre eficiencia energética en lo que respecta a la cogeneración, lo que, a su juicio, supone un "problema industrial y energético".

La dirigente jeltzale explica que, mientras que esa Directiva muestra el "respaldo" a la cogeneración, pues se menciona hasta 132 veces en el texto, en España se está incumpliendo la normativa "desde hace años" y se han aprobado con diez meses de retrasos los parámetros sobre las retribuciones que percibirán las cogeneradoras por la compra de gas, que tendrían que haber estado listos para el segundo semestre de 2023.

LAS COGENERADORAS

Las cogeneradoras urgían la aprobación de estos valores y el cobro de 51 millones que les corresponde por las retribuciones, que tendrán que esperar hasta diciembre para percibirlas.

La eurodiputada del PNV advierte que los retrasos se producen desde 2018, y supone que el sector tiene que adelantar "cantidades millonarias" para que sus instalaciones sigan operando y ofreciendo energía a la industria, a la espera de los cobros.

En su opinión, esta situación "es inviable" para pequeñas cogeneradoras e industrias como la papelera, la cerámica o la aceitera, claves en muchas comunidades autónomas.

Además, la eurodiputada recuerda que a esos 51 millones pendientes de cobro del 2023 hay que sumarlos valores de 2024, que siguen devengándose, y cuyo cálculo aún se desconoce, pero que estima que en el total hasta la fecha habría 250 millones de euros pendientes de cobro.

"Este retraso impide que 250 millones de euros lleguen a su destino, cantidad que crece al ritmo de 100 millones mensuales, porque no hay regulación para el periodo 2024-2026", apostilla la representante del PNV.

SE SUCEDEN LOS PAROS EN LA ACTIVIDAD

Como consecuencia, se suceden los paros en la actividad, menudean los ERES en las plantillas de los operadores y los problemas financieros y se emplean tecnologías más contaminantes, añade la eurodiputada del PNV, que asegura que la "única solución viable" en este momento es la aprobación de una liquidación extraordinaria en los próximos meses, como ya ocurriera en 2022, para que las cogeneradoras puedan percibir lo adeudado antes de final de año.

En este punto es donde Izaskun Bilbao denuncia que la cogeneración ha pasado en España de producir 29,6 millones de megavatios hora (MWh) en 2019 a 17,3 millones de MWh en 2023, lo que se traduce en una reducción de un 41,55% en cuatro años.

Este retroceso implica un problema "dramático" para la CAV, dice la eurodiputada, que señala que en la región industrial hay 81 instalaciones que aportan el 21% al mix energético frente al 6% de la media estatal.

A LA ESPERA DE UNA NUEVA METODOLOGÍA

Pero además de los retrasos en las retribuciones, la eurodiputada indica que desde 2021 se espera una nueva metodología mediante una norma que espera en las próximas semanas.

Según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la norma se publicará tras el dictamen del Consejo de Estado. En opinión de Bilbao, esto permitirá un ajuste más actualizado de los próximos parámetros retributivos, dando aire a un sector "seriamente perjudicado por la crisis energética y la inseguridad regulatoria".

La eurodiputada también denuncia que siguen sin convocarse las subastas de 1.200 megavatios (MW) comprometidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que cree que permitirían la viabilidad futura del sector.

Con este panorama, Bilbao cuestiona si la Comisión es consciente de este problema industrial y energético, y si puede actuar para corregirlo, obligando al Gobierno español a cumplir sus compromisos regulatorios para salvaguardar la cogeneración en el Estado.