Nada más comenzar la legislatura en el Congreso, el PNV volvió a registrar por enésima vez su propuesta para reformar la ley franquista de los secretos oficiales, con la sospecha de que, si no movía ficha, el Gobierno español podría tener la tentación de dejar morir el debate y no arrojar luz sobre episodios traumáticos como los GAL, la muerte de Mikel Zabalza o el atentado en el bar Aldana. Y, con el tiempo, se han confirmado sus peores pronósticos, ya que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha presentado este martes el Plan Normativo para 2024, que recoge 198 iniciativas, y ninguna de ellas es esa reforma.
Bolaños ni siquiera lo mencionó en la explicación que ofreció tras el Consejo de Ministros, y fue a preguntas de la prensa cuando confirmó que “efectivamente no está incluida”, y admitió que hay una propuesta del PNV en tramitación “y se puede trabajar con esa norma”. A renglón seguido pareció matizar esa imagen de dejación de funciones y recordó que el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto en la anterior legislatura y, “sobre esa base y la propuesta en tramitación”, la del PNV, “se puede trabajar para actualizar una normativa que es de 1968”.
En la práctica, el Gobierno español renuncia a liderar el debate. Basta recordar que otros proyectos que también decayeron con la convocatoria de las elecciones de julio de 2023 sí los ha repescado Pedro Sánchez en esta legislatura. Han vuelto al Consejo de Ministros iniciativas como la Ley de Paridad o el estatuto de los bomberos forestales. Salvo que medie una rectificación, no sucederá lo mismo con los secretos oficiales. Además, mientras la ley no se reforme, el Gobierno español no tomará la decisión política de sacar a la luz esos documentos, salvo que se lo pida un juez, como sucedió con algunos referidos al espionaje en Catalunya. Se da la circunstancia de que tan solo hace unos días, la semana pasada, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dejaba caer en su cara a cara con Bolaños que el Gobierno español está amedrentado por la Guardia Civil y por ese motivo ni siquiera puede concretar las razones para no desclasificar los papeles de la muerte de Mikel Zabalza en 1985 tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, o la muerte de cuatro personas en el bar Aldana de Alonsotegi en 1980.
Los plazos del PNV y los del PSOE
El PNV ha registrado en esta legislatura en el Congreso una proposición de ley que ya ha sido tomada en consideración por la Cámara, y que plantea desclasificar los secretos en 25 años, con la posibilidad de decretar una prórroga de diez siempre y cuando se haga de manera excepcional y motivada. Pero lo más jugoso desde el punto de vista informativo es que esta propuesta contempla un plazo de desclasificación automática de documentos: en el momento en que esta ley entrara en vigor, las materias que ya hubieran cumplido estos plazos verían la luz de inmediato. Sería el caso de la muerte de Zabalza, la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz en una asamblea de trabajadores, el fallecimiento de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978 o el intento de golpe de Estado de 1981. Este plazo de desclasificación automática no lo contemplaba el Gobierno del PSOE en su propuesta de la anterior legislatura.
De hecho, la iniciativa jeltzale contrasta en fondo y forma con la socialista, a pesar de que Sánchez haya llevado a gala la transparencia y la defensa de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, una comodidad que no demuestra con los casos de la Transición. El anteproyecto de su gobierno, que además se presentó unos meses antes de las elecciones, no llegó a registrarse en el Congreso y no contemplaba un plazo de desclasificación automática. Se iría caso por caso. Y se recogían plazos de hasta 50 años para los altos secretos, prorrogables por otros diez.
Esa propuesta, presentada bajo el nombre de Ley de Información Clasificada, se quedó en el tintero con la convocatoria de las elecciones generales de 2023. Los secretos siguen bajo el manto de la opacidad. En el caso de Zabalza, ya son conocidos los audios de altos mandos del Cuerpo que daban por hecho que su muerte se debió a la tortura. Además, se han tomado decisiones muy polémicas, como el ascenso de Arturo Espejo, presente en esa detención y finalmente ya jubilado, pero sin ningún reproche por parte del Gobierno español.
198 iniciativas en el plan
Bolaños sí ha dado cuenta de manera prolija de las iniciativas que sí salen en el Plan Normativo. Son 198, de las cuales 149 serían reales decretos. Este primer dato ya generó alguna suspicacia en la rueda de prensa, en la medida en que los decretos se contemplan solo para situaciones de urgente necesidad, pero Bolaños aclaró que son de rango reglamentario y no legal. Por otro lado, habrá 43 leyes ordinarias y 6 orgánicas. Es una elevada producción legislativa para un solo año, sobre todo, teniendo en cuenta que hay tres convocatorias electorales de por medio y que las mayorías parlamentarias son muy ajustadas.
El ministro enumeró algunas que son potencialmente problemáticas desde el punto de vista competencial, como la Ley para la Igualdad en el Acceso y Disfrute de los Servicios Sociales. También citó la de Industria, Cine, Transformación de la Administración Pública, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, medidas complementarias ante la violencia de género y leyes para prevenir el consumo de alcohol en los menores o protegerlos del consumo de pornografía y otros contenidos inadecuados en internet