El PNV lleva el próximo martes al Pleno del Congreso su reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que formalmente sea el presidente del Gobierno y no un ministro quien elija al director de los espías, y que así queden vinculados políticamente, y también para reforzar el control judicial de las actividades de los servicios de espionaje.
Según han informado fuentes parlamentarias, los jeltzales han utilizado su cupo para someter a la toma en consideración de la próxima sesión plenaria esta iniciativa que registraron el pasado mes de mayo.
Lo hicieron al hilo de la polémica por el espionaje tanto a líderes independentistas como a miembros del Gobierno con el programa 'Pegasus', un asunto que costó el puesto a la hasta entonces directora del CNI Paz Esteban, quien fue sustituida en el cargo por Esperanza Casteleiro, que venía ejerciendo como secretaria de Estado de Defensa.
El primer cambio de la ley que defenderá el PNV pasa por establecer que la propuesta del nombramiento del director del CNI no salga de un ministro, sino del propio presidente del Gobierno, lo que conllevaría elevar la responsabilidad política de los servicios de Inteligencia al centro mismo de la Moncloa por lo que pudiera ocurrir en un futuro.
En cuanto al control parlamentario del CNI, que ejerce la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, el PNV propone que los diputados puedan ser informados de los medios utilizados por los servicios de espionaje. Hasta ahora, ni siquiera en la comisión de secretos se puede confirmar que el CNI disponga de 'Pegasus'.
Más control judicial
Además, el PNV propone que el control judicial de las actividades del CNI, que desde los escándalos de los años noventa se encargó a un juez Supremo --encargado de dar autorización previa por un tiempo máximo de tres meses, prorrogables--, se lleve a cabo por tres magistrados y que sus decisiones se adopten por unanimidad, habida cuenta de que no hay una segunda instancia.
También busca que los jueces sean informados de los medios que va a utilizar el CNI para esas actividades, pues considera que deben valorar el nivel de intromisión y la afectación a derechos fundamentales en aras de aplicar el principio de proporcionalidad.
Por último, el PNV propone obligar al CNI a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas, un control que permitiría saber si se ha ajustado a la autorización previa y que sería de mucha utilidad a la hora de decidir sobre posibles prórrogas.