El PNV no hará ninguna propuesta para reformar el delito de malversación

El Gobierno español parece estar dispuesto a reformar el delito de malversación para que no se aplique a cuestiones políticas y se ponga fin a la persecución del procés catalán. Se trata de un escenario que se va a aclarar en las próximas horas, y el PNV no quiere generar más ruido, por lo que no va a presentar mañana “ninguna propuesta” sobre el delito de malversación.

Este viernes expira el plazo para registrar enmiendas a la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para reformar otro delito aplicado a los soberanistas catalanes, el de sedición, que será sustituido por uno de desórdenes públicos agravados.

Aprovechando ese enganche, ERC registrará enmiendas para emprender una reforma quirúrgica de la malversación, y Pedro Sánchez se ha declarado abierto a estudiarlo, lo que parece apuntar ya a una negociación entre ambas partes. El PNV desconoce qué se va a presentar, y solo tomará posición cuando se haga público el contenido.

“Estamos a la espera de ver qué se propone. No nos vamos a posicionar por ahora”, zanjan desde el grupo parlamentario. El PNV no va a proponer por iniciativa propia que se reforme la malversación y no puede hablar tampoco de unas enmiendas que no conoce. En cualquier caso, es un defensor a ultranza de que los problemas políticos se resuelvan a través de la política, ha exigido el fin de la judicialización, y ha pedido abordar una reforma del modelo territorial atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia, una cuestión que forma parte de su acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

De hecho, el PNV y el propio lehendakari ya aplaudieron hace unos días la derogación del delito de sedición como un paso hacia adelante en esa necesaria desjudicialización y se mostraron dispuestos a facilitar esos pasos. A partir de ahí, se ha abierto un segundo debate, esta vez sobre la malversación, con unos límites muy delicados y rozando el terreno resbaladizo de la corrupción, lo que está planteando un problema de relato a las partes implicadas, a ERC y el PSOE, porque se podría lanzar un mensaje de laxitud y rebajas de condenas en puertas de las elecciones de mayo en los municipios y en varias autonomías del Estado.