La renovación del Cupo, la cuantía que abona Euskadi al Estado cada año para compensar las competencias y servicios que están centralizados, empezaba a ser una urgencia. La actual Ley Quinquenal del Cupo (2017-2021) ya ha expirado y todavía pesa el recuerdo del periodo, entre 2007 y 2016, en que no se puso al día este sistema de cálculo debido a que la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE) no se reunió cuando correspondía, a principios de 2011. Ello sumió la relación entre los gobiernos vasco y español en una incertidumbre financiera que, tras el acuerdo que se alcanzó en 2017 con el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, se ha despejado de nuevo con el pacto rubricado ayer por el gabinete de Iñigo Urkullu y el de Pedro Sánchez.
Este entendimiento se ha alcanzado en el contexto de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado de 2023. De hecho, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, lo anunció en Sabin Etxea a las 14.00 horas, justo cuando expiraba el plazo para que los grupos presentaran enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas presentado por Moncloa. El PNV no pedirá la devolución de los presupuestos, lo que abre la puerta a que siga adelante su tramitación.
“Estábamos empezando a entrar en un punto de cierta inseguridad jurídica”, advirtió Esteban sobre la situación del Cupo. El acuerdo alcanzado tendrá efecto inmediato y la Comisión Mixta del Concierto entre el Departamento de Hacienda y Economía de Pedro Azpiazu y el Ministerio de Hacienda y Función Pública de María Jesús Montero se celebrará “antes del día 20 del mes que viene”, apuntó. Si la aprobación de la Ley Quinquenal del Cupo supone siempre un hito, en esta ocasión más todavía porque se hará “en los mismos términos y parámetros de la que tenemos en estos momentos”, dijo en referencia a la ley que fue acordada en 2017 con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
La Ley Quinquenal para el periodo 2017-2021 pactada con el Gobierno del PP estableció el índice de imputación –el coeficiente para calcular la financiación que Moncloa ha destinado a una región en relación con el total estatal– en el 6,24% para Euskadi en esos cinco años, hasta el año pasado. Fruto de ese coeficiente resultó un cálculo inicial de 11.620 millones de euros destinados a la CAV, que tras los habituales ajustes y descuentos –sobre todo las políticas activas de empleo que pagan las haciendas forales– quedó en 1.300 millones de euros, que fue lo que el Gobierno Vasco tuvo que abonar efectivamente en 2017.
Pues bien, lo que anunció ayer Aitor Esteban es que ese 6,24% seguirá siendo el coeficiente de cálculo en relación al Cupo. Argumentó que, una vez se logró el punto de equilibro que aporta ese índice de imputación, la apuesta es “darle continuidad con total seguridad jurídica” gracias a la nueva Ley Quinquenal que saldrá del Congreso. De esta forma, se garantiza “un reparto justo de las cargas que tienen que hacer tanto unas como otras administraciones públicas”.
El portavoz del PNV en el Congreso destacó a su vez la importancia del acuerdo porque “asegura recursos suficientes para que las instituciones vascas puedan hacer políticas públicas de calidad para la ciudadanía vasca a lo largo de los próximos cinco años”.
En la rueda de prensa convocada de urgencia, explicó que “nosotros compartimos cosas de este presupuesto y hay cosas que no, pero nuestro objetivo, sobre todo, era asegurar que la ciudadanía vasca tenga suficientes recursos para poder realizar sus propias políticas, dirigidas desde las instituciones vascas”.
Cumplir los compromisos
La nueva Ley Quinquenal del Cupo tendrá que ser aprobada en el Congreso de los Diputados. La reunión previa de la Comisión Mixta del Concierto Económico que tiene que darle salida se celebrará antes de un mes, por lo que habrá que esperar para ver si la ley llega a la Cámara baja en lo que resta de año. Uno de los factores es que están previstos menos plenos de los habituales, dada la gran cantidad de días festivos en el calendario. Pero también hay que tener en cuenta que, al tratarse de un acuerdo entre dos gobiernos, se tramita por la vía de urgencia, en lectura única y sin pasar por comisión.
El presidente español, Pedro Sánchez, expresó ayer en Bruselas al término del Consejo Europeo su “agradecimiento a todas las fuerzas políticas que no han presentado enmiendas de totalidad para que se pueda permitir la entrada del presupuesto en las Cortes para su debate y, esperemos, su futura aprobación”. Añadió que “el Gobierno está otorgando estabilidad política en un momento de alta incertidumbre”.
En su comparecencia en Bilbao, el diputado jeltzale Aitor Esteban explicó que una de las claves del acuerdo sobre el Cupo, y sobre que no vayan a presentar enmienda a la totalidad de los PGE, es que se ha logrado “invertir” la tendencia en el grado de cumplimiento de los acuerdos pendientes con Moncloa. “Nosotros queríamos asegurar que nuestras partidas y nuestros compromisos contaran con un grado importante de ejecución y en estos momentos les puedo decir que, para el balance que haremos a final de año, va a ser satisfactorio”, concluyó.
Competencias
Retraso en las transferencias
Cercanías de Renfe. Aitor Esteban aseguró ayer que es “moderadamente optimista” respecto a la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para traspasar el servicio de Cercanías de Renfe. Dijo que se trata de una “oferta seria” que no se había producido previamente, pero ahora “ambos gobiernos tienen que estudiar los servicios, las infraestructuras y las valoraciones económicas”. “No sé si al final nos pondremos de acuerdo porque son detalles que no son baladíes y que hay que seguir cerrando, pero se ha dado un paso significativo”, zanjó.
Cuencas del Nervión y del Ibaizabal. Esteban explicó que, por primera vez, existe un compromiso “en firme” del Gobierno español para estudiar, a la luz de un informe de expertos, que las Cuencas del Nervión y del Ibaizabal, “que afectan a más de media Bizkaia”, pasen a ser de titularidad vasca. Dijo esperar que se produzcan más acuerdos “en beneficio de la ciudadanía de la CAV y de Nafarroa”.