El PNV no ha dejado correr la decisión del Gobierno español de cerrar la legislatura sin acometer la reforma del Centro Nacional de Inteligencia, una reforma que el propio presidente Sánchez llegó a anunciar como compromiso en el pleno del Congreso de los Diputados, a modo de guiño al soberanismo catalán tras el escándalo del espionaje con el programa Pegasus. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, preguntará este miércoles en el pleno al Gobierno español si “ha dado carpetazo al escándalo del espionaje a través del programa Pegasus”. La pregunta se anuncia en genérico, pero se la formula al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, poco después de que este ministro se encargara de presentar hace unos días el Plan Anual Normativo para 2023, que contiene las leyes y decretos que espera aprobar el Ejecutivo en este último año de la legislatura y donde, como ya informó este periódico, no aparece por ninguna parte la reforma para mejorar los controles sobre el CNI.
Se da la circunstancia de que el PSOE tumbó en diciembre la proposición de ley jeltzale con el argumento de que la iniciativa debía partir del Gobierno español, una respuesta que ahora parece un pretexto para no abrir el melón porque Moncloa tampoco va a dar el paso. Entre las 70 páginas del documento del plan para 2023, no aparece la reforma del control judicial previo del CNI.
El PNV, por el contrario, había enfocado esta legislatura española con la intención de aprovechar hasta el último cartucho para acometer reformas no solo en el plano del modelo territorial, sino en la regeneración democrática y las libertades. Ahí se encuadran la reforma de la Ley Mordaza, sus intentos de poner límites a la inviolabilidad del rey, o el control sobre los espías. El 13 de diciembre, el PNV defendió su propia proposición de ley sobre el CNI, pero el PSOE votó en contra con el argumento de que “lo deseable es un texto que emanara del poder ejecutivo” con sus correspondientes informes jurídicos y que la norma contara de esa manera con el mayor rigor “técnico” posible. “El Gobierno está trabajando en esta línea”, anunció el PSOE. El propio Sánchez había dicho el 26 de mayo que el Gobierno iba a aprobar una nueva Ley de Información Clasificada (la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que sí aparece en el Plan 2023), y que iba a reformar la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI “en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo”.
Debate en Europa y en la ONU
El debate sobre el espionaje se mantiene vivo en Europa y en organismos internacionales como las Naciones Unidas. El Europarlamento ha trabajado sobre esta controversia en una comisión que, por lo pronto, ha acordado enviar una misión al Estado español para investigar sobre el terreno el uso de Pegasus. La visita está prevista para los días 20 y 21 de marzo en Madrid. El debate europeo ha dado de sí lo suficiente como para señalar lagunas en el sistema legal español, lagunas que por lo visto no se van a subsanar en el transcurso de esta legislatura. Este caso afectó a más de sesenta soberanistas catalanes y a los representantes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.
Por otro lado, tres expertos de la ONU han pedido al Estado español que investigue el uso de programas de cibervigilancia para “atacar a figuras públicas y activistas catalanes en España tras la campaña de independencia de 2017”, según el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Estas llamadas de atención y estas visitas llegan, en apariencia, sin que el Gobierno español haya hecho los deberes.
Por otro lado, el PNV defenderá en la Comisión de Igualdad, también el miércoles, una iniciativa para crear una subcomisión parlamentaria que estudie la situación de la prostitución en el Estado. El PNV propone, según explica en la nota enviada a los medios de comunicación, que este grupo de trabajo elabore un informe, en el plazo máximo de seis meses, para que sea remitido al Gobierno español y que este pueda legislar en consecuencia.
El intento frustrado
El PNV llevó a debate en diciembre su propia proposición de ley sobre el CNI. Quería añadir controles más allá de la autorización judicial previa que tienen que pedir los servicios de espionaje, y que termina siendo una barra libre porque no se hace un seguimiento posterior. El PNV pretendía hacer un seguimiento de los medios empleados y su proporcionalidad, le añadía también un control político para que la jefatura del CNI la designe el presidente y no un ministro, y que sean tres magistrados del Tribunal Supremo y no uno quienes den la autorización.