Tras la insatisfacción y preocupación de los residentes de Olabarrieta por la inclusión de las 120 casas del barrio en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galdakao, impulsado por el equipo de gobierno, el grupo municipal de EAJ-PNV solicita al gabinete de Iñigo Hernando que “facilite y sufrague, como en otras ocasiones, la consulta que pide la plataforma vecinal de Olabarrieta, para conocer el posicionamiento de las vecinas y vecinos sobre la inclusión de sus viviendas particulares en el Catálogo de Patrimonio Cultural”.
En un documento, presentado ya en el registro de entrada del consistorio, la formación jeltzale pregunta, además, a los responsables municipales si todos los propietarios de los inmuebles incluidos en el catálogo han sido informados “de manera rigurosa y exacta con anterioridad incluso y durante la fase inicial a la aprobación del mismo, tal y como se nos trasladó a EAJ-PNV, por la concejalía correspondiente”. Por último, pregunta al equipo de gobierno si ha llevado a cabo “las gestiones necesarias para dar soluciones a las vecinas y vecinos y poder así, tal y como reivindican, evitar que sus viviendas formen parte de este Catálogo”.
También el PSE
Por su parte, el concejal de PSE-EE en el Ayuntamiento de Galdakao, Víctor Trimiño, emplaza al gobierno municipal a buscar, de manera urgente, una solución a este conflicto y exige que reconsidere su postura y escuche a los vecinos que ya han mostrado su rechazo a formar parte del catálogo. También ha registrado varias preguntas por escrito interrogando al gobierno local acerca de si ha considerado la posibilidad de sacar del Catálogo de Patrimonio Cultural aquellas viviendas residenciales de los barrios que, como Olabarrieta, han mostrado su deseo de ser excluidos; sobre si tiene intención de llevar a cabo algún proceso consultivo al respecto en los barrios afectados; si se han planteado otras alternativas o por qué cree que el beneficio para el interés general del pueblo sería superior a los perjuicios generados a los vecinos y vecinas afectadas. Además, solicita una reunión con todos los grupos políticos para valorar la posibilidad de excluir del catálogo las viviendas residenciales de los barrios “en los que el rechazo a su inclusión sea mayoritario”.